Cuando la consulta independentista en Cataluña ha llegado a su fin, en la forma que ha llegado, conviene hacer algunas reflexiones sobre lo que ha sido el proceso y los resultados obtenidos.
Un proceso que se inicia hace un par de años cuando la manifestación de la Diada se interpreta por el gobierno catalán como una marea ciudadana deseosa de independencia, en lugar de leer entre líneas la indignación subyacente contra el sistema político en Cataluña. Con una habilidad de mago el Sr. Mas se convierte en abanderado de la causa soberanista con el apoyo de ERC, apoyando un entramado de organizaciones subvencionadas por el dinero de todos los españoles, para llevar a buen puerto un referendum en Cataluña para la proclamación, en su caso, de un estado independiente en base a unos supuestos agravios por parte del gobierno de España.
Obviamente él conocía la inutilidad legal de tal pretensión en tanto carece de competencias para la misma por lo que hubo que buscar una figura que sí pudiera tenerla y la encontró en la posibilidad que le brindaba el Estatuto de Cataluña, precariamente apoyado en su día por los catalanes, para hacer una consulta popular. Ahí no se le podrían oponer reparos legales pero, en tal caso, podría buscarse un sucedáneo llamado “proceso participativo” que es al final lo llevado a cabo este 9 de noviembre. El gobierno de Cataluña mantenía la cara ante sus socios de ERC -ya suficientemente mosqueados- y el presidente seguía siendo el adalid de la causa, entre la indefinición y el asombro de los propios consultados. Se había ganado la primera batalla de propaganda política que se ha mantenido durante todo este tiempo a costa del erario público.
Y ahora…¿qué? A la vista de los resultados reales publicados, sólo un 80% (1.760.000) del total ( 2,2 millones) de los “consultados” en un censo de 5,4 millones de personas, se mostraría partidario de la independencia (según los propios datos aportados por el gobierno catalán). Es decir, un 32,60% del censo electoral frente al 67,40% de quienes no están por tal independencia y no secundaron el acto participativo convocado con una amplia difusión pública.
Esto significa que, a pesar del amplio esfuerzo mediático realizado tanto por las organizaciones independentistas como por el propio gobierno de Cataluña, sigue existiendo una amplia mayoría contraria a tales pretensiones. Es decir, el resultado del proceso participativo ha sido un fiasco total y, contrariamente a muchas opiniones que lo consideran un éxito (¡faltaría más!), se ha saldado con un fracaso de las aspiraciones soberanistas que deberán esperar a otra ocasión.
Mientras tanto, el Estado de Derecho ha sido quebrado en un pulso sin precedentes por quienes deberían ser (como “gobierno ejecutivo delegado”) los mayores defensores del mismo, y el propio presidente Mas se postulaba como responsable único ante la Fiscalía del Estado, por las denuncias formuladas ante el propio juzgado de guardia. Su figura de vencedor teórico del pulso queda así bendecida por un cierto halo heroico que se consumaría con cualquier gesto de fuerza política del gobierno de España. Gesto que, por otra parte, no se puede producir más que desde instancias fiscales y judiciales.
Se ha demostrado que, cualquier órgano administrativo de gestión pública del Estado podría realizar consultas en el ámbito de su población, como ha ocurrido con el gobierno de Canarias, sobre las cuestiones que los ciudadanos demandasen: desde los presupuestos públicos, a los impuestos, sistemas de gestión pública, etc.etc., a cargo de los propios presupuestos públicos y ésto puede ocurrir en breve plazo de tiempo. La rebelión de los “barones” autonómicos -anunciada por el que suscribe hace ya algún tiempo-, va tomando forma y, al socaire de la misma, pueden producirse rebeliones municipales, comarcales, provinciales o individuales (desobediencia civil), frente a cualquier norma de regulación de la convivencia incluída la propia C.E.
La línea roja cruzada en Cataluña, -a la que se quiere ver como proceso participativo no vinculante-, sería una estafa para los consultados sin unas consecuencias separatistas inmediatas o, sensu contrario, si se le otorga algún tipo de validez jurídica vinculante, sería una rebelión en toda regla contra el Estado Español que requeriría la aplicación de la C.E. con toda su fuerza. El dilema es claro: o dejarlo todo en un acto más de propaganda política y, en todo caso, pedir responsabilidades por el uso de recursos públicos para el mismo o aplicar de una vez por todas las medidas de control e interventoras del Estado previstas en la C.E. y crear unas consecuencias políticas indeseadas de aumento del independentismo victimista. De ahí a requerir un proceso de autodeterminación van pocos pasos. Es casi una jugada de jaque-mate.
Como única, posible y necesaria solución estaría la convocatoria de elecciones anticipadas, competencia sólo del presidente catalán, presionado por sus propios socios de ERC y de UDC que, en todo este proceso, ha intentado estar de perfil sabiendo lo que se juega. El pacto de gobierno está tocado pero -al parecer- hay muchos muebles que salvar de la quema (entre ellos los procesos judiciales abiertos a dirigentes políticos). ERC, que ve por una parte la posibilidad de consolidar su posición como primera fuerza en el parlamento catalán parece apostar por elecciones inmediatas, mientras que UDC cuya precariedad política va en aumento, intentaría mantener al menos la legislatura en su totalidad. Al fin y al cabo son dos años más de respiro ante la posibilidad de un resultado discutible.
Finalmente se apunta por el presidente autonómico de Cataluña para el día siguiente una nueva vuelta de tuerca en una entrevista con el presidente del Gobierno de España. Como si no hubiera pasado nada y él se limitara a ser el portavoz de una organización cualquiera de la sociedad civil de las que recogen firmas solicitando una u otra cuestión. De hecho, el acto de consulta realizado es muy parecido a la recogida de firmas que se vienen realizando en cualquier plaza de nuestras ciudades si no estuviera -como es el caso- apoyado por medios públicos. Incluso podría entenderse como la recogida de firmas suficientes para presentarse en el Parlamento Español, con vistas a su posible admisión a trámite desde las organizaciones promotoras del mismo, si no se hubiese involucrado el ejecutivo catalán.
El otoño se presenta complejo política y judicialmente para una sociedad harta de juegos malabares, de privilegios y de irregularidades en el vasto entramado del sector público y privado, mientras la sombra de nuevas formaciones amenaza con llevárselo por delante.
