El imposible discurso del Rey

El imposible discurso del Rey
Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.
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Cuando llegan las Navidades, empiezan las conjeturas sobre el discurso de S.M. Felipe VI a la Nación, en su calidad de Jefe del Estado. Una cuestión sutil que es necesario aclarar.

El titular de la Corona de España por cuestiones dinásticas (artº 57 de la C.E.)  tiene a su vez la función de la Jefatura del Estado “símbolo de su unidad y su permanencia” con el encargo expreso de arbitrar y moderar “el funcionamiento regular de las instituciones”. Es decir, la sujeción a la norma que las regula y a sus funciones específicas: el Parlamento o las Cortes Generales como representación de la soberanía nacional, legislando; el Gobierno o ejecutivo obedeciendo y aplicando las leyes surgidas de las cámaras y el Judicial aplicándolas según Derecho y según el artº 14 de la C.E.

Pues bien, no parece que las instituciones públicas estén en sus mejores momentos (al menos para la soberanía nacional “de la que emanan los poderes del Estado”, que ha visto cómo una y otra vez tales “poderes” no respondían a los intereses del Estado, sino que se aplicaban a los intereses particulares). Lo ocurrido en la Jefatura del Estado anterior, no ha servido precisamente para la ejemplaridad necesaria de todo cargo público por mucho que ahora se intente corregir.

Por eso, el discurso del Rey en su doble vertiente es esperado por la Nación que aún confía en que sus palabras vengan a ser una especie de reprimenda a las instituciones públicas, por todo lo que está ocurriendo en el transcurso del año en que España puede quedar para que “no la reconozca ni la madre que la parió” (según Alfonso Guerra). La desastrosa gestión de la crisis sanitaria, no puede servir para esconder o camuflar la diarrea normativa que modifica, viola o retuerce la Constitución Española del 78, en sus ámbitos esenciales: los derechos y las libertades.

Por eso también considero que, en las condiciones actuales, con la hipoteca paterna de su padre Juan Carlos I y con las posibilidades de que se sigan conociendo nuevos episodios, el discurso no puede entrar donde debería y al final será uno de tantos que pasen sin pena ni gloria y la Nación se quedará sin entender nada y con libertad de cuestionarlo todo. Si al final se entiende que nadie “está libre de pecado”, que las instituciones callan porque las “malas prácticas” (eufemismo de la corrupción) o las irregularidades van desde el primer funcionario del Estado hasta el último, acabarán por renegar de las mismas de una u otra forma. Que es lo que quizás se busque.

Ese imposible discurso en las circunstancias actuales debería servir para reconducir con mano firme todo lo que se ha desviado sustancialmente en estos últimos años. Desde la interferencia del ejecutivo en el legislativo o el judicial, aplicando un sistema de gobierno por decreto, inadmisible en un sistema democrático y capturando las instituciones del Estado por una u otra vía. El tener una mayoría parlamentaria de apoyo, no significa que pueda alimentar un sistema autoritario de dicha mayoría.

Recordar que las comunidades autónomas son parte del Estado del que algunas reniegan, serviría para dejar claro que la unidad y permanencia de la Nación se mantendrá por muchas componendas electorales de interés partidario que puedan realizarse y que los juramentos o promesas de lealtad a la Constitución y a las leyes, son un compromiso firme con el Estado y sus instituciones por muchas florituras que se realicen para eludirlo. Dejar claro que nadie está obligado a aceptar un cargo del Estado con sus correspondientes privilegios y atribuciones, si no se acepta la pertenencia al mismo ya que, en sí es un puro contrasentido.

Asimismo, aclarar de una vez para siempre que el Estado somos todos (salvo los que pidan libremente la condición de apátridas). Que la lengua que nos une es el español y por tanto es la oficial en todo el Estado sin excepción, que los símbolos que nos identifican a través de la Historia, son oficiales en todo el Estado y tienen prevalencia sobre otros -también respetables- de carácter local.

Que, en los tiempos que corren donde las condiciones económicas están precarizando empleos, eliminando puestos de trabajo y llevando a la pobreza a millones de ciudadanos, las AA.PP. del Estado y los cargos correspondientes, deben hacer un ejercicio de austeridad ejemplar en el gasto público, recortando las muchas excrecencias innecesarias, surgidas de intereses partidarios o de compromisos personales, exigiendo a los supervisores del gasto un control exquisito y radical del mismo.

Asimismo, que cualquier medida política debe estar al servicio de la convivencia social y de los intereses generales de la Nación, en lugar de servir a intereses particulares de cualquier índole, que lleven a la confrontación y a reavivar sentimientos ya superados desde hace muchos años.

Finalmente, que la crisis sanitaria debe enfrentarse con rigor y responsabilidad desde todos los órganos institucionales que puedan contribuir a devolver la confianza a los ciudadanos, evitando su utilización política y aplicando toda la transparencia exigible en el transcurso de su gestión, incluyendo la investigación por los órganos jurisdiccionales correspondientes de las consiguientes responsabilidades, sin excepción alguna.

Poner cada cosa en su sitio y a cada uno en el lugar que le corresponde, es la función encomendada de arbitraje y moderación de las instituciones desde la Jefatura del Estado. No sólo nos “va la vida en ello” (según la Sra. Calvo) sino que está en juego el futuro de una gran Nación. El punto de inflexión que esperan los ciudadanos está en ese discurso del Rey como Jefe del Estado, que no puede estar sometido a los intereses de ninguna institución concreta (el gobierno lo es), sino a la enorme responsabilidad de mantener unidos a todos los españoles en un proyecto común de futuro.

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