¿Ley de la Corona o de la Jefatura del Estado?

Corona de España
Por
— P U B L I C I D A D —

Desde hace ya tiempo se viene hablando sobre la necesidad de una Ley que desarrollase en mayor y forma más concreta el Título II de nuestra Constitución titulado “De la Corona”. A este respecto, se han escrito y desarrollado opiniones de todo tipo (la última de Luis Mª Cazorla y Manuel Fernández Fontecha, con el título “¿Una ley de la Corona?”), sobre esta misma cuestión.

Con todo el respeto que merecen tales opiniones, nos atrevemos a plantear la cuestión en otra forma. Es necesaria una ley que desarrolle las funciones que tiene encomendadas la Jefatura del Estado, encomendada constitucionalmente a la persona del Rey y donde queden perfectamente deslindadas ambas figuras: la constitucional y funcional al servicio del Estado y la dinástica que sólo incumbe a la restauración o instauración de la monarquía en España. La confusión entre ambas ocasiona que, a veces, quede en pura interpretación particular (por muy jurídica que sea) lo que realmente corresponde en cada caso. El más conocido la “inviolabilidad de la persona del Rey” (artº 56.3.-C.E.).

Hay que señalar si tal inviolabilidad correspondería en exclusividad “a la persona” del monarca en todos sus actos (tal como parece desprenderse del texto constitucional) o si procede solamente en los actos y funciones institucionales que como Jefe del Estado le corresponden y que deben estar refrendados por el gobierno (artº 64.1.- C.E.). La confusión está servida pues “El rey es el Jefe del Estado” (artº 56.1.-C.E.). Es decir, se le asigna la función más alta y representativa que no puede quedarse en unos simples enunciados simbólicos, sino en la asunción de responsabilidades específicas al servicio del Estado. A este respecto el artº 62 del texto constitucional vuelve a recaer en una confusión de figuras: “Corresponde al Rey…” (no a la Jefatura del Estado que es la función constitucional).

Por todo ello parece más lógico y razonable intentar aclarar de una vez por todas la figura constitucional de la Jefatura del Estado por medio de la oportuna Ley Orgánica que, en primer lugar, defina las funciones orgánicas que le corresponden, a quien se le asignan tales funciones y en qué forma y cuál es la responsabilidad ante la “soberanía nacional de la que emanan los poderes del Estado” (artº 1.2.- C.E.).

En segundo lugar, conviene ampliar, concretar y aclarar el artº 62 de la C.E. en cuanto debería decir: “De las funciones de la Jefatura del Estado”. separando la figura que tenga asignadas tales funciones del contenido de las mismas (que es lo que realmente interesa constitucionalmente). Así, la función “a) sancionar y promulgar leyes” debería concretar, por ejemplo: “siempre que las mismas no sean contrarias a la Constitución, vulneren derechos fundamentales o no se refieran a intereses generales”. De esta forma la Jefatura del Estado asume su responsabilidad ante la “soberanía nacional” por la sanción y promulgación de leyes que acaben dirimiéndose en el Tribunal Constitucional (como ha ocurrido con los “estados de alarma” inconstitucionales).

Así, uno por uno podríamos referirnos a los diferentes apartados del citado artº 62 en forma que no quedase ninguna duda en cuanto a las funciones que le corresponden a la Jefatura del Estado personalizada en la figura del Rey, se evitarían discusiones particulares sobre sus responsabilidades y, sobre todo, el propio Jefe del Estado contaría con la seguridad jurídica necesaria en el desarrollo de sus funciones.

Es asimismo importante referirse en dicha L.O. a la estructura institucional de la Jefatura del Estado, que asegure la neutralidad e imparcialidad de todos los actos institucionales que le correspondan a la Jefatura del Estado, así como la dependencia orgánica de la misma de todos los cuerpos e instituciones del Estado, que deben constituir la barrera inmediata de cualquier acto que bordee, modifique o retuerza la Constitución, los derechos fundamentales y las libertades públicas, incluyendo los órganos supervisores de la gestión pública.

Como decíamos, la Jefatura del Estado tiene a su vez una responsabilidad institucional, tanto en sus actos propios, como en los llevados a cabo por los servidores públicos de los cuerpos del Estado, cuya función no está al servicio del gobierno de turno, sino al servicio de la “soberanía nacional” a la que nos hemos referido, representada en las Cortes Generales legítimamente a través de elecciones generales con un sistema electoral más justo, igualitario y claro que el actual “sistema D’Hont”.

Resulta necesario también subrayar la relación entre la Jefatura del Estado y sus representantes en la actual organización territorial del Estado. Más aún cuando tales representaciones a través de los correspondientes estatutos dejan en el aire o no se refieren a la misma.

Básicamente, esta sería la propuesta que dejamos para su reflexión y, a ser posible, puesta en práctica en la forma que resulte oportuna.

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