Pensiones, sí se puede …y se debe

jubilados manifestándose ante el Congreso
Juan Laguna
Colaborador de Fundación Emprendedores.

El artº 41 de la Constitución Española de 1978 dice: «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.».

Como en tantos otros casos del texto constitucional, la ambigüedad calculada preside las posibles interpretaciones de dicho texto, donde no es el Estado sino “los poderes públicos” (una figura indefinida y confusa), los responsables nada menos que del sistema de Seguridad Social que “garantice asistencia y prestaciones suficientesa todos los ciudadanos “ante situaciones de necesidad”. Dicha responsabilidad todavía es aún mayor, cuando a los “poderes públicos” se les encarga la custodia de las aportaciones realizadas por los ciudadanos para asegurar su vejez.

La llamada “caja de las pensiones” es pues una hucha en la que nadie debería meter la mano. Ni siquiera con la justificación de tapar otros agujeros presupuestarios. Debe ser intocable y la propia Intervención Delegada de Hacienda en todas las AA.PP. debería encargarse de impedir el desfalco de la misma. Lejos de ello, unos y otros gobernantes investidos de “poderes públicos”, la han manejado a su antojo, conveniencia e interés partidario, ante la pasividad de quienes deberían haberlo evitado o de quienes debían haber denunciado jurisdiccionalmente tal tropelía por su responsabilidad institucional.

En estos momentos, cuando han saltado las alarmas y se empieza a ver que se ha desvalijado (como tantas otras) la caja social, mientras se conocen situaciones escandalosas como el despilfarro en las contrataciones públicas que cifra en unos 48.000 millones de euros el propio “supervisor” (CNMC), o cuando se sabe que se nos exige un mayor gasto defensa (un 2% del PIB en tiempos de Obama) por nuestros “aliados”, o cuando la cifra del llamado “rescate bancario” alcanza otras muchas decenas de miles de millones (a las que deben unirse las pérdidas en el sector por mal gobierno), o sabemos los muchísimos gastos superfluos o clientelares (traducidos en deuda pública) de las distintas AA.PP., o la existencia de situaciones fiscales privilegiadas sólo al alcance de quienes pagan a los expertos…. cuando todo eso se produce, resulta un verdadero sarcasmo decir que no se puede hacer más para cumplir el precepto constitucional por muy vago e impreciso que resulte.

La cuestión es la de siempre: ¿de donde tiene que salir el dinero? O mejor dicho: ¿cómo pedir responsabilidades a quienes tan alegremente firmaron el expolio de la caja de pensiones identificados como “poderes públicos”? Es el Estado a través de sus instituciones quien debe tomar la iniciativa, pero… ¿quien se atreve a denunciar el juego? La Fiscalía del Estado (que no del gobierno) sería el órgano más adecuado para actuar de oficio en nombre del Estado y recordar algún que otro precepto legal en el manejo de fondos públicos. A ver si ahora, con la inundación normativa que padecemos, se nos ha olvidado algo tan importante como el control del gasto público.

Hay otros supervisores que deberían tomar cartas en el asunto. Desde los que son “independientes” (no contaminados políticamente) para realizar su función pública de control de gasto, hasta los que finalmente deben pedir cuentas del mismo. Es una paradoja que, mientras se persiga hasta el último euro de los impuestos a los ciudadanos, no haya una actuación similar (incluso más exigente) en el control presupuestario del gasto público.

El juego con las cifras de un tipo y de otro que cada día se traslada al público, no es más que una cortina de humo que trata de impedir ver lo que esconde de realidades. Como en el mito de la caverna, las sombras del interior, distraen de la luz exterior. Número de empleos (precarios y esclavos) creados para sustituir con la cantidad la calidad de los mismos. Número de cotizantes a la S.Social que, curiosamente, aportan menos que cuando era inferior, pero con salarios adecuados. Número de turistas que nos distinguen con su visita, frente a la realidad de la cuenta final de resultados. etc.etc.

Nuestra realidad es que tenemos una “democracia” cara y muy peculiar donde el “soberano” (el pueblo) está sometido al corsé partidario y gubernamental. Donde el “constituyente” ha sido sustituido por el “constituido” (en palabras de Pedro de Vega) para tomar el poder real; donde los partidos políticos no sirven a los intereses de quienes afirman representar, sino a los suyos propios que, al final, se traducen en los intereses de sus afiliados, militantes o “clientes”. Donde se ha colado a los incautos ciudadanos un sistema autonómico, con la justificación de la “cercanía de gestión” pero convertido en un caótico conjunto de “mini-estados” que deberían reajustarse adecuadamente antes de que sea demasiado tarde.

Sí se puede. Además se debe hacer cuanto antes. Es tan simple como tener la valentía de “abrir el melón constitucional” (según la jerga al uso) con algo tan simple como un cambio drástico de su texto: “ El Estado se responsabiliza de un régimen público de Seguridad Social, en base a las cotizaciones de la vida laboral y garantiza con ellas, tanto la asistencia sanitaria de los ciudadanos, como las prestaciones económicas de jubilación y desempleo adecuadas al coste de vida que correspondan a cada uno… Dichas aportaciones constituyen un patrimonio independiente al margen de los presupuestos públicos, por lo que no puede ser objeto de ningún tipo de operación ajena a su objetivo.”

De momento y para empezar, revisemos todo lo ocurrido con la caja de pensiones lo mismo que se está revisando o investigando en sede jurisdiccional lo ocurrido con el gasto público en diferentes momentos de su gestión. Veremos que la situación no es la que nos quieren hacer creer.

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