La cuestión autonómica

Por
— P U B L I C I D A D —

Entre las muchas carencias de las propuestas políticas de las distintas formaciones que concurren a las urnas, hay un clamoroso vacío sobre la actual organización territorial del Estado Español que tantos quebraderos de cabeza y casos de corrupción institucional viene dando. Y es que, lo que mal empieza mal suele acabar.

Durante la Transición, el afán de reconciliación y consenso entre los españoles, pudo más que el análisis ponderado y reflexivo que un cambio de régimen político requería a la hora de aprobar un texto constitucional hecho “de aquella forma”, donde lo más importante era consagrar unos derechos y libertades públicas, una ideología socialdemócrata, unos anhelos nacionalistas y la figura del rey.

“Libertad, amnistía y estatuto de autonomía” era la pancarta que encabezada muchas manifestaciones, donde todo cabía (por mucho que no estuvieran muy claras las pretensiones para la mayoría de los manifestantes llevados, como estaban, por el sueño de una democracia que tampoco hubieran sabido definir en sus precisos términos). Así las pretensiones de las minorías nacionalistas se vieron arropadas por otros anhelos sociales y cobraron una fuerza que, en realidad, no tenían.

Los partidos nacionalistas o “regionalistas”, no sólo no tenían una escasa capacidad de convocatoria social y política (salvo en lo que se conocía como “nacionalidades históricas”) en unos casos por el terrorismo y los atentados que se hacían en nombre de reivindicaciones independentistas, en otros por la forma en que se creaba un tejido socioeconómico de carácter burgués, donde lo más importante era la influencia política y el dinero.

Ello dio lugar a que, en el sistema “preautonómico” diseñado con anterioridad a la propia Constitución, se estableciesen dos categorías diferentes en la organización política y administrativa del Estado: una con derechos reconocidos históricamente y otra con derechos “otorgados” por el texto constitucional. Se les llamó coloquialmente “autonomías de dos velocidades”. Algo que trató de “armonizar” la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico pactada entre el PSOE y UCD en el Parlamento, pero que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por los gobiernos vasco y catalán, así como por las formaciones nacionalistas PNV y CiU, en base a que “los estatutos de autonomía no podían estar limitados por las leyes estatales”, lo que motivó la retirada de catorce de los treinta y ocho artículos iniciales al negar el Constitucional el carácter orgánico y armonizador de la ley, siendo finalmente aprobada como Ley 12/1983 de 14 de octubre del Proceso Autonómico.

De aquellos polvos, vinieron los sucesivos “lodos” que han venido enturbiando las relaciones entre los nuevos “entes” autonómicos y el Estado que los creó.

El meollo de la cuestión venía del argumento esgrimido: “los estatutos de autonomía no podían limitarse por leyes estatales”. Al aceptar tamaño absurdo el Tribunal Constitucional, parecía olvidar el art.º 144 de la C.E. que da a las Cortes Generales, al Parlamento Nacional en definitiva, el poder de “autorizar” tanto la constitución de una comunidad autónoma, como el estatuto que la rige.

Los estatutos regionales o autonómicos se convertían así, por sentencia, en normas superiores a las del propio Estado, lo que propiciaba a partir de ese momento el germen nacionalista o independentista de las nuevas estructuras territoriales cuyas competencias venían a demostrar la existencia de pequeños “estados” con su capacidad legislativa (que es la que vale), su capacidad de gestión de la mayor parte de los servicios públicos (incluidos los jurisdiccionales y de seguridad) por el sistema de transferencia de “competencias” que, como un torrente desbordado, se llevaba por delante las reservas jurídicas y administrativas que formaban el Estado Español. Ninguna ley orgánica (o la propia Constitución), puede alterar el sistema autonómico actual.

Nos encontramos pues ante un panorama difícil. Las “preautonomías” ya tenían en algunos casos competencias concedidas o acordadas en base a pactos políticos de apoyo, dándose la circunstancia de que, cuando la C.E. viene a establecer el ejercicio del derecho a la autonomía a partir de la estructura provincial existente a partir de procesos reglados, éstas ya eran un hecho en la realidad nacional y simplemente se consolidaban como tales. Una cuestión difícil de entender desde el punto de vista de un estado de Derecho pero entendible desde el punto de vista político con que se hizo la Transición.

Por eso, ninguna formación política quiere profundizar en una cuestión tan simple como el mantenimiento del sistema autonómico tal como lo conocemos, o la necesidad de su reajuste en base a las siguientes cuestiones:

  1. La concepción del estado autonómico como una simple descentralización de gestión de servicios públicos del Estado.
  2. La recuperación de la titularidad de todas las competencias por el Estado, sin perjuicio del carácter “delegado” de las mismas. Especialmente aquellas que puedan dar lugar a nacionalismos separatistas como la lengua, la educación o las asambleas autonómicas.
  3. La identificación clara y sin falsas interpretaciones como “representantes del Estado Español” de todas las instituciones públicas autonómicas y, por ello, sometidas al Parlamento Nacional y a sus normas.
  4. El sometimiento jerárquico jurídico, administrativo, normativo y de recursos de los estatutos de autonomía y su desarrollo a las leyes orgánicas del Estado.
  5. La capacidad del Parlamento Español a través del Senado para intervenir, coordinar, controlar y supervisar la gestión autonómica en cualquier momento, incluyendo la destitución y cese de los representantes públicos.

Para eso es preciso un nuevo texto constitucional que reconfigure y limpie en su letra y su espíritu el verdadero sentido de las autonomías regionales a las que dote de seguridad jurídica en su delegación de funciones de servicios públicos.

¿Alguien se atreverá a decirlo?

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