Las «autonomías» y la reforma constitucional

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— P U B L I C I D A D —

Uno de los hechos más significativos de la llamada “transición política” desde el régimen anterior a la democracia, fue la organización territorial del Estado en lo que se conoce como “comunidades autónomas” partiendo del carácter regional de las mismas. Se creaban así unos órganos administrativos nuevos con los que se trataba de descentralizar la gestión de las AA.PP.

Primero fueron denominadas “preautonomías” y se creó un ministerio a cargo del profesor Clavero Arévalo, con el fin de proceder a su desarrollo. Más tarde la Constitución del 78 las consolidaría en su artº 2º: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.” Hay un reconocimiento de “nacionalidades” que es tanto como decir que hay un reconocimiento de distintas “naciones” en la “Nación Española”, un contrasentido que traerá cola.

Con este artículo cuya autoría es difícil de precisar, se iniciaba una organización política y administrativa diferente en el Estado Español en la que, dichas comunidades autónomas, no sólo tendrían como fin la descentralización administrativa, sino que se las dotaba de escudos, banderas y lenguas propias oficializadas al mismo nivel del español (artº 3 y 4 C.E.), gobierno, estatutos, asambleas legislativas y las competencias del propio Estado repartidas entre ellas. El Estado se vaciaba en la misma medida que, tales comunidades, se nutrían de las responsabilidades cedidas, convirtiéndose de hecho en “miniestados” autónomos. La “caja de Pandora” estaba abierta y sus consecuencias las estamos viendo a diario: una estructura desproporcionada, llena de cargos y “cargas” que no existían, con la posibilidad de actuar con “independencia” y sin aparente control por su “derecho a la autonomía”, donde se han multiplicado leyes sin ningún sentido, se han duplicado los trámites en lugar de simplificarse para cualquier gestión, se han creado hasta sistemas de seguridad propios al amparo de competencias surgidas de los estatutos.

Curiosamente, mientras las Cortes Generales precisan de una ley de bases para delegar en el gobierno la potestad normativa (artº 82,1 y 2 C.E.), cada uno de los gobiernos y asambleas autonómicas pueden legislar a su criterio, sin más límite que el propio texto constitucional. Algo que, en algunos casos, no se ha respetado produciendo un verdadero atasco en el Tribunal Constitucional y una confusión legislativa que sólo ha producido inseguridad jurídica en el conjunto del Estado.

Por su parte, el artº 137 dice: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.” Es lógico pues que tales “intereses” se puedan interpretar de diferente forma por algunas “nacionalidades”, dando lugar a los conflictos políticos actuales. Lo ambigüo del término “intereses” lo permite.

El artº 138,2 de dicha C.E. por su parte dice: Las diferencias entre los Estatutos de las diferentes Comunidades Autónomas, no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales.” Es evidente que los “conciertos” y “fueros” reconocidos en algunos casos violarían este precepto constitucional y que, el distinto tratamiento normativo o presupuestario, da lugar a situaciones que podrían significar “privilegios”.

Más adelante el artº 143,1 dice: “En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artº 2 de la Constitución… podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades autónomas…”. Ahora bien, se señala en el apartado 2 del mismo artículo que, la iniciativa del proceso autonómico, correspondería a las “diputaciones interesadas”, cuando en realidad ya estaba diseñada con anterioridad la organización autonómica del estado con las “preautonomías”, incluso cedidas competencias.

Para no alargar más, el artº 147, 1 consagra: “…los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico”, lo que equivale a suponer una jerarquía normativa autonómica de, al menos, igual rango que la legislación del propio Estado. El conflicto legislativo está servido.

Sirva todo esto de muestra para preguntarnos el porqué de una organización territorial que, lejos de garantizar la “indisoluble unidad de la Nación Española”, han hecho de ella unos “reinos de taifas” con sus “baronías”, leyes, jurisdicciones, competencias, financiación y organización administrativa propia, que más tarde o más temprano pueden provocar la fragmentación del Estado.

En un primer momento se trataba de aproximar e incluir en el proyecto político de la “transición” a aquéllas sensibilidades más próximas al nacionalismo, como ocurría sobre todo en el País Vasco y Cataluña (nótese en que el propio concepto de “país” ya supone una nación diferente) pero, en la práctica, venía a multiplicar las responsabilidades y cargos públicos en la estructura del Estado dando la posibilidad de “colocar” y “fidelizar” a las crecientes hornadas de “políticos” que surgían de los partidos. Sus gobiernos y asambleas eran (y son) un magnífico lugar para crear esa clientela partidaria que luego, en las elecciones, respondería más por intereses propios que por ideales políticos. Si para eso era necesario retorcer el sistema de representación política, se creaba un sistema electoral a la medida.

Hoy día, cuando el ciudadano ha despertado del dulce sopor del llamado “estado de bienestar”, el sistema autonómico es cuestionado cada vez en mayor medida. Se cuestiona su desorbitado coste, sus absurdas duplicidades, sus muchas “excrecencias administrativas” creadas en muchos casos para la simple colocación de cargos, sus “diarreas normativas”… pero, sobre todo, se cuestiona su sentido en un mundo globalizado o, como en el caso de España, sujeto a las directivas de la UE. Es pues el momento de “repensar” y “decidir” sobre lo que son y deben ser las “comunidades autónomas”: unos órganos del Estado Español a quienes se confía la gestión de unos servicios públicos, con las leyes del Estado y bajo la titularidad del Estado, servidos por funcionarios públicos del Estado desde el principio de “igualdad”, donde sobran la mayor parte de los cargos y estructuras orgánicas (sobre todo las que pueden suponer unos “poderes” que desafíen al propio Estado).

Para ello es preciso una reforma constitucional en profundidad que elimine todos los dislates —caldo de cultivo de problemas posteriores— que el texto de la actual Constitución contiene, junto con aquéllos referidos a otros asuntos constitucionales que pecan por exceso, defecto, contradicción o falta de actualidad en la misma, tal como una simple lectura demuestra. La pregunta es: ¿quién se atreve a ello?. Desde luego no lo harán los propios partidos, tal como están enredados en sus “conflictos internos”; ni siquiera el propio Parlamento que, aunque en plenas funciones, es una simple correa de transmisión partidaria por el sistema electoral vigente. Menos aún puede hacerlo un gobierno por su parcialialidad política. Más bien parece una labor que debería surgir del mundo académico y constitucionalista pero, en muchos casos, éste va uncido a los presupuestos públicos y en otros, da la sensación de estar en otras cuestiones, con excepción hecha de algunos casos como el del catedrático Pedro de Vega (q.e.p.d.) y otros.

Una reforma constitucional no puede ser una mera operación cosmética que siga escondiendo las muchas imperfecciones existentes, sino que debe tener la valentía de enfrentarse a ellas, reconocer su validez para una etapa pasada y corregir y actualizar un texto que todos queremos vivo y ajustado a la realidad social del momento. Antes o después irán saltando sus errores y, más vale evitar sus efectos sociales, que empecinarse en mantenerlos y dejar en manos del mundo jurisdiccional la resolución de los muchos contenciosos que irán produciendo.

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