“Hoy no es posible confiar en la lealtad de los titulares de los poderes de gobierno, al ser ellos mismos los promotores de la deformación constitucional”. (Luigi Ferrajoli.- “Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional”).
Estas palabras de Luigi Ferrajoli, catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho de la Universidad de Roma y autor de la monumental obra “Principia iuris. Teoría del Derecho y de la Democracia”, en la introducción del texto arriba citado, conviene tenerlas en cuenta a la vista de la peligrosa deriva inconstitucional de muchos de los actos que este gobierno y los anteriores, así como las administraciones periféricas y locales, han venido realizando a lo largo de la llamada Transición, tal como ha sido ya advertido por muchos juristas españoles como el fallecido Pedro de Vega y otros.
El sentido de lo “constituyente” en 1978, con sus muchos defectos, ha sido violado, alterado, modificado y ninguneado, precisamente por quienes deberían haber defendido el pacto de convivencia pacífica y la superación de enfrentamientos sociales a lo largo de las décadas precedentes: los gobiernos respectivos de las Administraciones Públicas del Estado.
Todo empezó con la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad (en el primer PSOE), siguió con la muerte de Montesquieu y la prevalencia de los ejecutivos sobre los demás poderes, a los que podía influir desde los obedientes y sumisos grupos parlamentarios (con listas cerradas partidarias donde el moverse significaba no salir en la foto), hasta la incursión de las ideologías al mundo jurisdiccional, representadas en sus más altos niveles.
En política no todo vale para imponer un determinado pensamiento, menos aún en democracia donde el respeto al pluralismo ideológico debe ser exquisito. No todo vale en nombre de supuestas mayorías que se constituyen como “rodillos” que aplastan cualquier disensión (digo “supuestas” ya que, en su mayor parte, no llegan a la mitad del cuerpo electoral). La democracia queda en una pura cuestión formal de sufragio que, además, en virtud del sistema electoral deja mucho que desear en cuanto a legitimidad representativa, con demasiados casos de clientelismo (compra de voto) desde los presupuestos públicos.
Aunque Ferrajoli se refiere más específicamente al caso de Italia, está refiriéndose indudablemente al resto de los gobiernos de las llamadas democracias liberales, al poner el dedo en las muchas llagas que presentan. “El constituido se ha apropiado del constituyente” decía Pedro de Vega en el caso de España, donde denunciaba las continuas modificaciones “de facto” en la Carta Magna por los propios poderes públicos. El proceso de “deconstitución” señalado en Italia, es confirmado también en España desde las propias instituciones públicas que, sin ningún sonrojo, actúan de espaldas al espíritu constitucional vigente.
A este respecto vamos a fijarnos solamente en ese valor superior de nuestro ordenamiento jurídico (la igualdad), tan importante para el pensamiento de izquierdas, que se ratifica en el artº 14 del texto constitucional (“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social”) y ahora es zarandeado por reivindicaciones identitarias de cualquier tipo, que tratan de imponer sus tesis desde la ingeniería social o desde “una política cultural, mediáticamente muy bien instrumentada, dirigida sistemáticamente y -¡ay!- con éxito, al envilecimiento y la insensibilización de la opinión” (en palabras del magistrado Perfecto Andrés Ibáñez en su prólogo al texto de Ferrajoli).
De hecho, y al amparo de un progresismo de salón sabiamente engrasado desde los presupuestos públicos, se viene realizando una fractura en la convivencia de la sociedad española que va, desde el aspecto territorial al mucho más complejo de las relaciones humanas, donde se intenta discriminar a géneros (“sin que pueda prevaler discriminación…. ), opiniones consideradas “incorrectas” (ya está en marcha la comisión de la “verdad”) y el pensamiento no sujeto al “oficial” del gobierno (Orwell y su “policía del pensamiento”), cargándose de un plumazo en forma de decreto/ley los artículos 1º.1, 10º.1, 14, 16, 18 y 20 del texto constitucional. Asimismo, se han retorcido y se siguen retorciendo a través de los estatutos, gobiernos y parlamentos autonómicosel artº 2º y 3º para dar lugar a nuevas discriminaciones políticas, económicas y sociales.
De “la igualdad es un valor irrenunciable de la izquierda” (Ariel Petrucelli en “Ciencia y utopía. Marx y la tradición marxista”) hemos pasado curiosamente con un gobierno “de izquierdas” a la discriminación arbitraria de la sociedad en “buenos” (los nuestros) y “malos” los demás. Hemos pasado a la ruptura del contrato social entre gobernantes y gobernados (que se supone es la Constitución del 78 en cuanto a reconciliación de los españoles), discriminando además el tratamiento competencial territorial y el libre pensamiento y opinión propios del pluralismo político.
Mucho se ha escrito sobre esta falsa “izquierda” que cuelga del capitalismo salvaje personificado por personajes como Soros que, al fin y al cabo, no es más que una mano ejecutora de otros “poderes salvajes” que ya empiezan a ser conocidos por “estar fuera de toda norma” (ya que las normas las implantan ellos) y que se pueden permitir jugar con las personas, con las instituciones y las sociedades según les conviene para sus intereses económicos. Una llamada “izquierda” que trata de esconder tras ese concepto nuevas ideologías que sirvan para someter a los pueblos a los caprichos mudables del dinero. Por eso hay que desenmascararlos en su desnudez intelectual y en su bajeza moral.
FOTO: Luigi Ferrajoli, en una imagen de archivo.
