Sabemos que el texto constitucional permite interpretarlo de una forma y la contraria gracias al “consenso” en que fue redactado. Por esa razón, cada acto que debía ser normal y lógico, se acaba escudriñando como un “arcano” misterioso en el que los analistas políticos (antes periodistas), los medios de comunicación (ahora medios de opinión interesada), las corporaciones (antes empresas) y los sectores financieros, sindicatos, etc. intentan encontrar una explicación que va más allá de su verdadero sentido.
Con el anterior jefe de estado se acuñó la palabra “borbonear” para dar a entender lo bien que se le daban las relaciones personales y comerciales, y como éstas al final incidían en alguna forma en la política del país. Por eso se llevaba con unos (que miraban para otro lado) mejor que con otros (que de vez en cuando le recordaban los límites de su función). Dentro de esa ambigüedad institucional o constitucional en que se mezcla una cuestión dinástica con una función (un empleo) al frente del Estado Español, se daba por bueno dicha forma de actuar hasta haberla consagrado como legítima.
Quizás por eso el líder de “Ciudadanos” se ha permitido indicar su propuesta de “influencia” o “intercesión” de Felipe VI que permitiese la formación de gobierno. A partir de ahí le han caído encima toda clase de críticas que olvidan que nuestra herencia de “tutelados” no terminó con Franco. Que seguimos aún esperando que alguien nos “mande” lo que tenemos que hacer, lo que por una parte demuestra nuestra escasa altura política y nuestra comodidad a la hora de que nos “saquen las castañas del fuego”.
Las llamadas “rondas de consultas” a los partidos políticos por parte del Jefe del Estado se han tergiversado de diferentes formas y todavía esperamos que se nos aclare para qué sirven institucionalmente. Hoy incluso, desde una cadena de televisión, volvían a responsabilizar a Felipe VI de la decisión de “formar gobierno” la próxima semana y de informar de tal decisión a la Presidencia del Parlamento.
Hay que recordar e insistir en que el objetivo de las elecciones es la formación de la representación de la “soberanía popular” (al menos debemos creerlo así). Que tal representación, en función de consensos, pactos o simples mayorías, debe designar un “ejecutivo” que cumpla y haga cumplir las leyes emanadas de dicho Parlamento y que tal designación no es para “mandar” sino para “obedecer” los designios del pueblo español.
Por eso, el baile de las “rondas” no sólo parece fuera de la función del Jefe del Estado, sino que provoca interpretaciones de todo tipo, seguidas de las ruedas de prensa en que, los líderes respectivos, probablemente no sepan a ciencia cierta para qué se los ha llamado, puesto que el lugar para discutir la formación de un gobierno es el Parlamento, no el palacio de la Zarzuela y que, mientras no haya un acuerdo de investidura parlamentario, el Jefe del Estado no tiene porqué intervenir, consultar o influir en los portavoces de cada partido, dando además la sensación de que la “política” en España se limita a lo que acuerden o decidan media docena de personas.
La Presidencia del Parlamento en cambio sí tiene la función de “conocer” y ser informada institucionalmente del acuerdo (si es que se llega a producir), para en ese momento trasladarlo por cortesía a la Jefatura del Estado. Es decir, con una sola visita se evitan las “rondas de consultas”, se evita el involucrar en la política partidaria a quien debe estar por encima de ella, se evita el espectáculo mediático de lo que debe ser un simple trabajo parlamentario, serio y riguroso y se evita a los ciudadanos el “bochorno” de algunas actuaciones de cara a la galería.
Designar un gobierno es debatir sobre las personas a quienes se va a confiar tal misión. Es más, debería analizarse, estudiarse y discutirse la idoneidad de los futuros responsables de la Administración del Estado, no en una sesión de investidura artificiosa donde ya está todo dicho, sino en comisión parlamentaria que permita conocer a los candidatos propuestos para cada responsabilidad pública. Lejos de eso, el cabeza de la lista (cerrada por supuesto) se erige como el que debe “gobernarnos” (mandarnos) retrotrayéndonos a la distinción que León Duguit hacía entre “gobernantes” y “gobernados” (quienes dan órdenes y quienes está obligados a obedecerlas). Todo un ejemplo de política autoritaria y despótica.
No olvidemos que cualquier delegación de poder o apoderamiento nace de quien es el verdadero titular de derechos (el pueblo español). Primero con el mandato imperativo a sus representantes de ser portavoces del mismo a la hora de establecer normas y pedir responsabilidades a los administradores que se designen que, insisto, no están para “mandar” al pueblo, sino para “obedecer” al pueblo salvo, claro está, que la Constitución sea papel mojado y se pueda retorcer, sesgar e interpretar al antojo de cada cargo público.
Por último, conviene recordar que no es ninguna tragedia (como pretenden muchos interesados) esa “falta de gobierno”. Primero, porque existe (y según parece existirá todavía más tiempo) un gobierno en funciones, un Parlamento que tiene que aplicarse a revisar y reajustar políticas anteriores y problemas de actualidad tanto en el plano nacional como internacional, tomando decisiones consensuadas sobre las mismas y, segundo, porque las instituciones junto a las leyes en vigor, mantienen el barco a flote. Si algo se puede achacar a esta situación es su carácter más acorde con el modo democrático de proceder en política.
Debemos acostumbrarnos a que los llamados “poderes” (delegados) se ajusten cada uno a la función que le es encomendada desde el Derecho Político y Constitucional clásico y recuperar nuestro papel de “ciudadanos” responsables ante la sociedad.
Veo buenos artículos de buenos amigos y muy poco comentario de lectores. Anímense. Formar una comunidad civil autónoma (el requisito de la autonomía civil es la independencia del presupuesto público) no es fácil pero nos es imprescindible.
Un saludo y enhorabuena al Sr. Laguna.