Responsabilidad fiscal

Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

Junto a otros compañeros liberales y respondiendo a la convocatoria del Club Liberal Español, hemos asistido a una interesante conferencia sobre lo que es y significa un nuevo órgano surgido a requerimiento de la UE para el control del abultado gasto público y la fiscalización de la sostenibilidad fiscal de las cuentas públicas.

Con el acrónimo de “AIReF” se identifica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuyo presidente ha explicado ante la audiencia la función encomendada que, a grandes rasgos consiste en hacer el seguimiento y fiscalización de los déficits producidos por el gasto de las AA.PP., ante la posibilidad de que las cuentas que los estados miembros de la UE presentan ante la Comisión Europea, no respondan a una realidad contable. Una forma de controlar lo que los órganos institucionales que debían hacerlo, por unas razones u otras, no hacen.

Todos sabemos que las cuentas de un Estado —aunque mucho más complejas—, responden al mismo esquema que la contabilidad doméstica más modesta: ingresos y gastos. La capacidad de recibir aportaciones de los ciudadanos para mantener servicios públicos y la capacidad de “administrar” con solvencia y eficacia esos recursos. El adecuado equilibrio entre unos y otros se basa en la sensatez, la racionalidad y, por supuesto, la justicia, la honestidad y la ética. La justicia de las contribuciones y su racionalidad proporcional, para ser administradas mirando cada gasto con la lupa del verdadero interés público.

En España, como en otros países donde los sistemas de representación democrática han devenido en sistemas de gobiernos mayoritarios (ejecutivos) que imponen por ello al legislativo sus normas, se perdió hace tiempo (con la llegada del PSOE al poder), cualquier atisbo de control previo y real del gasto que, unos funcionarios revestidos de la autoridad suficiente del cuerpo de Interventores de Hacienda, venían realizando en cada sector o dependencia de la Administración Pública del Estado. Tales controles previos se sustituyeron por una mera justificación contable (en el mejor de los casos) con posterioridad, recibiendo como mucho alguna “advertencia” amistosa unos años más tarde del Tribunal de Cuentas con la complicada organización de las llamadas “autonomías” (financiera entre otras) y las competencias transferidas.

La laxitud del control del gasto público mientras tanto ha contrastado con la inflexibilidad con que los respectivos gobiernos han tratado a los contribuyentes y el “mantra” repetido del fraude fiscal se ha cebado con las rentas menores y con las pequeñas y medianas empresas, hasta que han acabado por provocar el cierre de muchas de ellas por la asfixia fiscal y administrativa a que se las ha sometido. Todo era justificable “políticamente” y el despilfarro orgiástico del dinero de los ciudadanos en los últimos años, se ha cifrado en unos 48.000 millones de euros (sólo en la desviación presupuestaria de las contrataciones públicas según la CNMC). Una cifra que, por sí sola, resolvería el déficit de la Seguridad Social y garantizaría las pensiones y ante la cual esperamos que se estén revolviendo e investigando ya por quien corresponda los expedientes de contratación que dieron lugar a tales excesos y pidiendo responsabilidades de todo tipo por ellos.

La aparición e imposición de un órgano auditor independiente por parte de la UE viene a demostrar que no sólo fue Grecia la acusada de presentar en su día cuentas más o menos maquilladas que provocaron unos déficits de deuda pública graves. Es que todos los países miembros de esa UE están bajo sospecha de abusar de la cosmética financiera y de intentar dar gato por liebre a la hora de justificar sus gastos. El “cortoplacismo” de los dirigentes políticos y su escasez de miras ha hecho que se juegue con la deuda en nombre de todos los ciudadanos y, de acuerdo con las palabras de algunos políticos sobre los sufridos ciudadanos, hayamos “vivido por encima de nuestras posibilidades”.

El PP llegó al poder anunciando reformas estructurales importantes para la reducción de esos déficits, pero ha caído en la trampa de lo cómodo que resulta seguir aumentando la deuda a costa de todos porque, al fin y al cabo, tiene más réditos electorales el continuar viviendo de prestado. El nivel de la deuda pública ha subido hasta alcanzar el techo del PIB con las “alegrías” añadidas de que los “mercados” confiaban en nosotros, cuando en realidad los mercados han ido comprando soberanía nacional como se ha visto en Grecia. De nuevo viene a cuento esa frase que ya he tenido ocasión de reflejar en otros artículos: “Las generaciones que nacen en cárceles de deudas, se pasan la vida comprando el camino hacia la libertad”. No lo olvidemos.

¿Qué dificultades puede tener un órgano como el comentado en un país con generaciones nacidas y desarrolladas en la cultura de “vivir de prestado”? Que le toca hacer el papel de “malo” de la película. Ese papel que mediáticamente se adjudicaba a los “hombres de negro” (por cierto un color que los viejos banqueros españoles adoptaban en sus encuentros periódicos) que intentaban —sin mucho éxito al parecer— comprobar las cuentas públicas de algunos estados europeos.

El primer choque se ha producido cuando han intentado hacer valer su función independiente, recabando datos e información de los órganos institucionales y las administraciones públicas. Esos datos que constituyen la “letra pequeña” en las contabilidades públicas y que no son precisamente los que se publicitan en las “webs” oficiales en aras de la supuesta “transparencia”. Un choque que ha ido acompañado del requerimiento de mayores recursos (al parecer hay sólo unas cuarenta personas para el ejercicio de su ingente tarea) y que ha sido respondido con la negativa gubernamental. Es lógico ¿cómo van a dotar a ese órgano “intruso” de recursos para que se los pueda controlar mejor? Una cuestión son las formas (creación del AIReF por imposición europea) y otras el fondo (ayudar a que lo haga eficazmente). De esta manera, en un par de años, se dirá que “no hace falta” por su ineficacia o incapacidad y seguiremos haciendo las cosas como nos parezca. Al final, quien manda en la UE son los gobiernos respectivos, el “Consejo”, quien establece políticas y designa cargos de comisarios con el apoyo de un parlamento sujeto a las “mayorías” políticas.

Un viejo y sabio magistrado me reconocía sobre la supuesta “independencia” de la Justicia cómo los ejecutivos con mayoría parlamentaria imponían las leyes que ellos, en sus sistema de derecho positivo, no tenían más remedio que aplicar por muy injustas que fueran. Montesquieu y su “separación de poderes” no está muerto (como dijo Alfonso Guerra), está muy hábilmente maquillado para que su cadáver sea lo más presentable posible.

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