Autonomías: Un sistema fallido

Autonomías: Un sistema fallido
Juan Laguna
Colaborador de Fundación Emprendedores.

Simplemente la inseguridad jurídica producida por el sistema autonómico, sería ya motivo para revisarlo a fondo desde el Estado. Es una tarea que conviene llevar a cabo antes de que el “tsunami” nacionalista prenda en los diversos territorios de España y en una decena de años no exista nuestra nación como tal.

Ayer, en una interesante conferencia en el Club Liberal Español, surgía esta cuestión como un lastre más que añadir a cualquier intento de reactivación económica. Surgía levemente —siempre en el moderado talante de este foro—, pero en el fondo subyacía la cuestión que nadie se atreve a tocar: las autonomías han resultado un sistema fallido de cohesión territorial, social y de gestión pública, con un coste que sobrepasa todas las previsiones.

¿Qué son hoy día las autonomías y qué se pretendía inicialmente? Empezaré por esto último. El sistema autonómico se pensó como una forma diferente de gestión pública descentralizada en las diferentes regiones de España y venía a sustituir a las diferentes delegaciones territoriales y a las diputaciones provinciales. Dicho de otra forma, tales instituciones se convertirían en una nueva organización territorial del Estado, basada en el principio de vasos comunicantes: la Administración Central cedía recursos y delegaba competencias a los nuevos órganos de representación, sin que fuera preciso aumentar gasto público pero…. los partidos políticos vieron en ello una manera de instalarse en la nueva estructura y, lo que pretendía ser una pura y simple descentralización de gestión, se fue convirtiendo en auténticos feudos partidarios donde cabía todo: desde la existencia de poderes propios (legislativo, ejecutivo y judicial) a la proliferación de todo tipo de “cargos” y “entes” extrainstitucionales, que permitían la captura de un clientelismo político con cargo a los presupuestos de la Nación.

La fragmentación política e institucional de España se convertía en un hecho con la aprobación de los respectivos estatutos de autonomía, que se contraponen jurídicamente con el ordenamiento jurídico nacional, permitiendo todo tipo de actos legislativos que han producido la inseguridad jurídica que mencionamos. El Parlamento o Cortes Españolas quedaban de alguna forma supeditadas de hecho a los estatutos autonómicos y a las normas que surgían de las asambleas legislativas y gobiernos autonómicos, multiplicando absurdamente y sin más sentido que el de justificar su existencia, el ordenamiento y la seguridad jurídica de la Nación.

Pero, aún hay más. Las notables diferencias en cuanto a representación política por el sistema electoral, permitían la existencia en el Parlamento Nacional de representaciones nacionalistas nacidas de supuestos derechos históricos, que condicionaron desde el primer momento la actividad parlamentaria nacional (o la propia acción del gobierno), sometiéndolos a intereses parciales gracias a la “sobre-representación” conseguida por la ley D’Hondt.

El Estado Español quedaba fuertemente fragmentado y debilitado cuando debería estar más fuerte frente a intereses globalizadores o ante la propia UE. Las instituciones nacionales perdían peso y solidez frente a las múltiples (y a veces variopintas) instituciones regionales o autonómicas. Todo lo ocurrido en Cataluña y lo que ya está ocurriendo en otras regiones, viene a demostrar que la soberanía popular proclamada en la Constitución Española, ha quedado al albur de los intereses de unos y otros, en lugar de mostrar la cohesión necesaria de los intereses nacionales. Estos han dejado de existir abrumados por los “otros” intereses que se han llevado por delante los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el artº 1º de la C.E., los han subvertido, retorcido y vulnerado a voluntad, al amparo de los respectivos marcos estatutarios regionales. Se identifica cada territorio con una opción partidaria que es la que “manda” en la taifa correspondiente (Andalucía era del PSOE, se decía, en lugar de decir es de España). Las autonomías se convertían en “cortijos” propios donde cada partido hace y deshace a su conveniencia.

No sólo eso. La financiación de todo el sistema autonómico ha multiplicado el gasto público y ha establecido serios agravios comparativos institucionales en el tratamiento de su gestión, demostrados en el ejercicio de sus competencias y en las retribuciones de sus empleados públicos, con unos excesos que nadie ha controlado desde el Estado y sus instituciones nacionales. Se creaba una red clientelar y de adoctrinamiento ideológico partidario que era sufragada por los contribuyentes españoles. La deuda pública se ha disparado comprometiendo el futuro de la Nación y de sus ciudadanos, mientras se iban “engrasando” las arcas autonómicas en función del apoyo parlamentario de los partidos políticos (no hace falta citar ejemplos de lo que todos somos conscientes). Mientras tanto el futuro de las pensiones se discute, los salarios son precarios y las incertidumbres muestran un panorama sombrío.

Autonomías o pensiones y servicios públicos de calidad. Ese es el dilema que se nos presenta de cara a los próximos años. Autonomías y fragmentación progresiva del Estado o centralización competencial y jurídica que cohesione y reajuste el caos administrativo autonómico, impida los agravios comparativos y recupere los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo proclamados en la Constitución Española.

Para todo ello hace falta ganas. Se nos quiere presentar como “imposible”. No nos dejemos arrastrar por pesimismos interesados. El pueblo soberano a través de su representación legítima, puede encarar una segunda transición política para corregir los muchos errores cometidos y aprender de las experiencias sufridas. Es el momento de revisar lo pasado y hacer frente al futuro desde nuestra capacidad de construir. No todo lo “nuevo” es sinónimo de “mejor” en nuestras sociedades plurales. El sistema autonómico actual es una prueba de ello.

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