Reforma constitucional

Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

Con motivo de la “Semana de la Constitución” el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha acogido diferentes actos en los que se ha incidido en la tan debatida como necesaria reforma de nuestra Constitución de 1978, con el fin de actualizar su texto y aprovechar para incluir en el mismo las cuestiones que en aquel momento quedaron fuera. Asimismo sería el momento para mejorar desde el punto de vista técnico-jurídico su redacción, contradictoria a veces, ambigua en otras ocasiones, excesiva y sujeta a interpretaciones que, como se puso de manifiesto, van a terminar siempre en el Tribunal Constitucional, pasando al ámbito jurisdiccional lo que debería resolverse en el ámbito jurídico.

Razones para tal reforma las hay -y en abundancia- tanto de orden político como social, pues las grietas que han ido apareciendo en el edificio constitucional construido con la mejor voluntad de concordia y entendimiento para superar la guerra civil, se ha resentido en la calidad de sus materiales jurídico-políticos, provocando a la larga de todos estos años fuertes desajustes institucionales entre los que resalta la organización territorial del Estado, el sistema electoral, el funcionamiento de los partidos políticos y, en general, de las instituciones y administraciones públicas, la dependencia de poderes cuya independencia es básica para la democracia, el control del déficit público y de la deuda, la presencia y funcionamiento de oligopolios y corporaciones ligados o vinculados a la política y los numerosos casos de corrupción derivados de la perversión del sistema democrático.

Aparte de eso, nuevas situaciones como la globalización o la incorporación de España a la Unión Europea y a la moneda única, así como los nuevos escenarios geopolíticos y geoeconómicos, la inmigración o las alianzas de defensa, son otras tantas circunstancias que superan el marco constitucional actual y exigen una proyección del mismo a un horizonte de futuro que no está tampoco en los presupuestos constitucionales, tal como se ha reconocido durante estos actos del CEPC por prestigiosos académicos constitucionalistas, juristas y politólogos que han intervenido erosionando las posturas más inmovilistas de quienes aún rechazan tales reformas.

La Constitución del Estado es algo elemental, claro y sencillo, sin margen para dudas, interpretaciones más o menos sesgadas y que, al final, derive en un permanente conflicto jurisdiccional entre administraciones e instituciones, como ha venido ocurriendo durante todos estos años y, sobre todo, a partir de dejar sin efecto el tan conveniente recurso previo de inconstitucionalidad, que evitaba muchas situaciones difícilmente desmontables después. España, como Estado de Derecho que pretende ser, no puede estar asentada sobre una inseguridad jurídica permanente de errores y rectificaciones, de falta de jerarquía normativa, de conflictos competenciales y duplicidades de gestión, de sobrecarga administrativa sobre los ciudadanos, de un crecimiento de deuda constante sólo para mantener un tinglado político que tiene mucho de clientelar y que hipoteca el futuro de generaciones enteras, entre otras cosas. Es un texto que redacta el pueblo y debe ser entendido por el pueblo cualquiera que sea su condición, algo que desgraciadamente no cumple el actual en gran parte de la redacción llena de figuras retóricas y jurídicas.

Durante las distintas intervenciones y ponencias esto ha quedado claro, pero también han quedado claras las posiciones que, bajo el argumento del temor, cuestionan la reforma más allá de un simple maquillaje cosmético que puede estar basado en el tan conocido “más vale malo conocido, que bueno por conocer” y que combate cualquier atisbo de cambio social o político que, por el contrario es una “reforma conveniente, oportuna e inaplazable”, nacida del “derecho atrevido” frente al derecho del miedo o del recelo.

La pretendida igualdad como derecho fundamental de todos los españoles es puesta en cuestión con asimetrías políticas y territoriales, consecuencia de un diseño defectuoso de la organización del Estado que, como en otros casos, se deriva de la fragmentación arbitraria (por Decreto/Ley) de las preautonomías y que motivó agravios comparativos al no existir cuestiones históricas, culturales o sociales que las justificaran. Estas asimetrías se han extendido a situaciones que unos consideran privilegios y otros -por el contrario- cargas, como es el caso de la financiación de servicios o la implantación de infraestructuras, entre otros. Es más, los territorios más “identitarios” como las comarcas, ya están desde hace tiempo integradas administrativamente y, las supuestas “identidades” que dieran lugar a un cierto sentido nacionalista, han quedado absorbidas y transmutadas por la globalización.

Otros supuestos derechos personales como el del trabajo, la vivienda, la educación, la sanidad o “a la autonomía” (?), sólo parten de la buena intención parecida al “café para todos” de las comunidades autónomas pero que, como vemos, están sujetas a vaivenes, ciclos o circunstancias que nadie ha querido o no ha podido prever, pero que se configuran hoy como una obligación del “Estado de Bienestar” (otro término impreciso) en el texto del 78 que, como vamos viendo, si bien cumplió razonablemente bien sus objetivos, parece superado por la rápida evolución de los acontecimientos sociales y la continua recomposición de las políticas.

Ahora bien ¿quién o quienes pueden tomar la iniciativa de esta reforma? Por una parte la desconfianza lógica en los partidos políticos y sus intereses más o menos ideológicos, no parece el camino más objetivo para la revisión del texto constitucional pero, por otra (como la pescadilla que se muerde la cola) son los sujetos que la propia Constitución reconoce como “representación popular”. Una vía alternativa sería el conocer las propuestas que, desde distintos foros sociales, académicos o profesionales, pudieran realizarse bajo el amparo de una institución como el propio Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, tal como se ha indicado por algunas personas durante estas jornadas. Unas propuestas que sirvieran de base para una redacción unitaria alternativa del actual texto constitucional, como han hecho ya foros prestigiosos sin intereses partidarios, que contemplase objetivamente un renovado marco de convivencia para los españoles.

Definir qué es España en el conjunto de las naciones, su organización política y Administrativa como estado incluido en la Unión Europea de donde emanan en la actualidad la mayor parte de sus normas, con unos compromisos históricos, políticos y sociales nacidos de su propia Historia, es una cuestión trascendental que algunos consideran como una “segunda transición política”, pero que en realidad sólo será una respuesta eficaz y capaz a los problemas actuales y futuros de la realidad mundial.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.