Presuntamente sospechosos

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— P U B L I C I D A D —

En estas fechas en que los ciudadanos se enfrentan a sus obligaciones fiscales con el Estado, conviene reflexionar nuevamente sobre cuales son esas “obligaciones” dentro de lo que vamos conociendo sobre despilfarros públicos, corrupción y paraísos fiscales. En todos los casos con el “presuntamente” previo que se ha convertido en un término de moda mediático.

Lo hacemos desde el examen de esas ¡treinta y tres páginas! del IRPF a que el sufrido ciudadano tiene que enfrentarse, con una jerga técnico-administrativa que resulta imposible de entender. Aún en el caso de los expertos. Asimismo, lo hacemos tras la comprobación del bloqueo de los sistemas de atención al público que la Agencia Tributaria tiene establecidos, consistentes en una parte de grabaciones telefónicas que, tras tres días de continuas llamadas, repiten “no lo he entendido” para, a continuación, reiniciar la locución y desesperar a cualquiera. Otra es la del sistema informático que “obliga” a instalar programas. Finalmente, la cita previa con las colas correspondientes, en el caso de haber conseguido traspasar la barrera de las grabaciones.

De nuevo nuestros administradores nos imponen su forma de entender las obligaciones fiscales (esas que no pueden ser sometidas a “referéndum”, sino que dependen del criterio de cada gobierno en cuanto a sus “compromisos” de financiación de gastos públicos). A este respecto sigue resultando llamativo que en un documento oficial del gobierno de la nación, se incluya un apartado específico para financiar a la Iglesia Católica y otros “fines sociales”, tal como ha denunciado recientemente la organización “Europa Laica”, calculándose en unos 11.000 millones de euros la suma total de beneficios recibidos del supuesto estado “aconfesional” (Art. 16 C.E.), de los que, según esta asociación, “sólo entre un 15 y un 16% se destina a labor asistencial y el 70% va a pagar los sueldos del clero y su seguridad social”. En definitiva, como si el personal religioso estuviera incluido en las plantillas presupuestarias del estado. Nada nuevo en cuanto a que sería una parte más del ingente sector de personas ajenas a la función pública, que cobran de los presupuestos oficiales de una u otra forma.

Lo más grave de esta cuestión es que, mientras todo este tipo de entidades y organizaciones que se amparan en el “sin ánimo de lucro”, suelen recibir retribuciones por los servicios sociales (economía social) que prestan en forma de “donativos” (algo parecido a lo de los partidos políticos) y reciben el aplauso social y fiscal, los ciudadanos en su conjunto empiezan a ser “presuntamente sospechosos” de intentar eludir tales obligaciones, sometiéndolos además a un sistema “macarthyano” de persecución fiscal que cubra unos presupuestos desorbitados y fuera de la realidad española.

Lo más grave, es el descontrol que ha reinado en las cuentas públicas, sobre todo desde la eliminación del control previo al gasto, como los muchos casos de prácticas poco correctas de los administradores, van demostrando (y lo que puede quedar) como prueba la denuncia del despilfarro en las contrataciones públicas, realizada por el supervisor CNMC que llegaría a alcanzar la cifra de 48.000.000.000 de euros.

Lo más grave, es que cualquier ciudadano que se encuentre ante un simple error de interpretación en su declaración (cosa lógica por la inseguridad jurídica de la apabullante normativa fiscal sujeta a vaivenes varios, donde las simples instrucciones internas tienen más valor que las propias leyes y no digamos de la Constitución), quede bajo sospecha a partir de la simple presunción de veracidad del funcionario público y sea asediado por ello, en contraste con el sistema mucho más laxo, de quienes tienen capacidad de buscar las trampas legales (que existen) en la barahúnda legislativa (offshore, sicavs, etc.)

Lo más grave, es que cualquier ciudadano medio tenga que destinar casi el 50% de sus ingresos para mantener a sus administradores, a cambio de lo que muchos todavía llaman “estado de bienestar”, pero que en realidad consiste en una estructura organizativa territorial y política que excede a nuestras escasas posibilidades económicas y por ello debe recurrir al endeudamiento progresivo que nos encadena a los “mercados”.

Lo más grave, es que ninguna fuerza política se plantee seriamente y con rigor la cirugía de reforma de las AA.PP. y sus derivados, sino que todavía, en la mayor parte de los casos, se intente seguir con el aumento de gasto público y de impuestos, en una espiral que nos obligará a todos los ciudadanos a pagar más tarde o más temprano las deudas multimillonarias contraídas por nuestros administradores.

El colapso del sistema político, económico y social, tal como lo conocemos, ya ha llegado, por mucho que intentemos mirar a otro lado y utilizar el corto plazo como justificación de que quien venga detrás se las apañe como pueda. Nos movemos entre previsiones realizadas desde organizaciones y despachos que parecen no enterarse de la realidad o que disfrazan, según convenga, la misma, como demuestran las constantes correcciones de tales previsiones. Todo con tal de negar las evidencias que, cada día, en cada momento, la sociedad enfrenta como buenamente puede.

Nos faltan horizontes de futuro creíbles en un mundo dominado por las teorías fallidas de supuestos especialistas pero, mientras tanto, seguimos sometidos a las reglas de quienes nos deben obedecer (Art. 1º,2 de la C.E.); a la desconfianza de quienes (por pura lógica) debíamos desconfiar y someter a vigilancia; al endeudamiento progresivo que coartará nuestra libertad y nuestra soberanía como nación y dejará una herencia de pobreza creciente. Pero, eso sí, debemos rellenar con puntualidad y pulcritud todos los formularios y páginas que no entendemos, para así sentirnos inferiores a quienes nos administran y someternos a sus designios porque, todos, en nuestra soberanía puramente formal, somos presuntamente sospechosos de cualquier cosa perdida entre los millones de páginas normativas y reglamentarias que se establecen.

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