Open Arms

Juan Laguna
Colaborador de Fundación Emprendedores.

Se trata de un simple remolcador perteneciente en su día a la flota de la naviera vasca “Ibaizábal” construído en el año 1974, que en el año 2017 fue donado a la organización “Proactiva Opens Arms” recibiendo el sugerente nombre de “Brazos abiertos” para  dedicarse – al parecer- al rescate marítimo de inmigrantes desde su base de operaciones de la isla de Lesbos en el Egeo.

Hay que señalar que un remolcador tiene unas funciones específicas dentro de un espacio determinado: el arrastre de embarcaciones dentro de los puertos en los que esté asignado y, por ello, sólo precisa una tripulación de tres personas: capitán, jefe de máquinas y marinero, lo que contrasta con sus acciones en aguas internacionales y sus numerosos tripulantes. Sustituía al “Golfo Azzurro” de sus mismas características, construido en 1987, que navegaba con bandera panameña y al “Astral”, un velero de lujo donado en 2016 por el magnate italiano Livio lo Mónaco a la organización.

En todos los casos, estas embarcaciones están bajo regulación de la normativa marítima internacional, como el Código Internacional de la Gestión de Seguridad” (IGS) que, entre otras cosas dice: “La compañía garantizará que cada buque esté operado por una tripulación competente, calificada, certificada y físicamente apta…” lo que se debe comprobar por las inspecciones PSCO   (Port State Control Officer) para acreditar que “la tripulación tiene suficientes conocimientos de los procedimientos operativos de a bordo” (Resolución A.865 (20) sobre requisitos mínimos de formación de los tripulantes de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Se trata pues de un mundo profesional de tripulantes que deben dar respuesta a las necesidades de la nave y su pasaje, establecidas en el Convenio de Trabajo Marítimo de 23 de febrero de 2006, entre otras normas..

Todo ello nos lleva a las siguientes cuestiones: el barco se dedica a otras  funciones diferentes a las que señalan sus características, se mueve en espacios marítimos fuera de puerto, lleva una tripulación numerosa de marinos supuestamente profesionales, pertenece a una organización con unos fines de tráfico marítimo de personas (sólo inmigrantes y con un solo recorrido) y parece carecer de condiciones mínimas para hacerse cargo de un pasaje civil como el pretendido. Además está a expensas de un tráfico permanente de personas que se les va proporcionando desde territorio africano por otras organizaciones. Dicho más duramente: la “mercancía” a transportar depende de la suministrada desde Africa por otras vías que, probablemente, no sean ONGs.

Parece evidente que se está confundiendo adrede un trabajo humanitario de socorro a náufragos, exigido por la legislación marítima, con una operativa permanente (no ocasional ni casual) de línea marítima que, en lugar de recoger a su pasaje en el puerto (como sería normal) para trasladarlo a otro, realiza una especie de tráfico organizado que vulnera las leyes, tanto por sus características, como por haberse convertido en una actividad constante realizada bajo el aplauso y premios de todo tipo. Una contradicción más de la aplicación del Derecho en nuestras sociedades.

Así, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, contempla como delitos “la captación, traslado y transporte de personas desde la amenaza, el engaño, la vulnerabilidad o la recepción de pagos (ánimo de lucro) por ello.”  Asimismo, el artº 177bis del Código Penal español, establece una pena básica de cinco a ocho años para “todo aquel que dentro de las fronteras de España (ya sea como punto de partida, zona de paso o lugar de destino) empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de la superioridad o vulnerabilidad, mediante la entrega o recepción de pagos, captase, trasladase, acogiera o recibiera…”  en línea con la citada convención. Por su parte, la Ley Orgánica 1/2015 contempla “los actos que, directa o indirectamente promuevan, favorezcan o faciliten el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino a España”. Así nos encontramos con que, todos aquellos que desde una posición u otra hayan ayudado bien con subvenciones, premios, donaciones, autorizaciones, etc. a estas organizaciones, podrían haber incurrido en complicidad con los delitos señalados.

En el Derecho Penal Europeo, existe la Decisión-Marco 2002/629 del Consejo de 19 de julio, actualizada en la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril, que abundan sobre estas cuestiones.

Hay un estupendo trabajo sobre el tema publicado en “Legaltoday” por la jueza Teresa Olivas y la fiscal Carmen Tamayo, donde se refleja “la doble vertiente en el ámbito del Derecho Penal desde la contraposición de bienes jurídicos que se yustaponen: el del Estado para controlar los flujos migratorios y los derechos básicos fundamentales que se deben aplicar a los extranjeros”. Refiriéndose al artº 318bis del C.P. sobre tráfico ilegal de seres humanos: El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional o de un estado miembro de la UE a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena….. los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuese únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona que se trate…..salvo que los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro…” En este caso no se hace distinción entre la exigible y lógica ayuda ocasional o accidental y el hecho de que se convierta en una actividad organizada y planificada a expensas de terceros: los inmigrantes.

En dicho trabajo se menciona la Sentencia del T.S. de 12/9/2018, donde el alto tribunal considera que las penas se agravan “cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción o cuando las conductas infractoras lo sean a nivel organizativo (organización dedicada a ello)”  mencionándose “la instrumentalización de las personas a través de procedimientos que quebranten su consentimiento o capacidad de decisión, con la finalidad de someterlos a situaciones de explotación de diversa naturaleza” de donde nacería “el interés del Estado para controlar estos flujos, evitando que sean aprovechados por grupos mafiosos de criminalidad organizada, al mismo tiempo que se protegen los derechos de los emigrantes”.

Estos parecen ser los hechos. Las opiniones y conclusiones son de los lectores.

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