Madrid: Ciudad prohibida

Madrid: Ciudad prohibida
Juan Laguna
Colaborador de Fundación Emprendedores.

Quizás la concepción de “ciudad prohibida” más conocida sea el complejo palaciego de Pekín, residencia oficial de los emperadores de las dinastías Ming a Quing, adonde nadie podía acceder (ni tampoco salir), sin la debida autorización imperial, quedando restringido como centro ceremonial y político, ajeno a la vida de sus súbditos.

Europa, por su parte blindada ante la inmigración, recoge en sus constituciones el derecho a la libertad de movimientos (artº 19 de la C.E.: “los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”.) que se materializó en la supresión de fronteras por el Tratado de Schengen en 1985 posibilitando la libre circulación de los europeos.

Pues bien, el “Madrid Central” impuesto por la alcaldesa Sra. Carmena a los madrileños desde el palacio imperial de Comunicaciones, viene a recordarme una vez más cómo el sentimiento de superioridad de unos pocos sobre los demás, puede recortar sus libertades y recordarles que el incumplimiento de sus normas arbitrarias, puede desembocar en la sanción y en el castigo. Digo y afirmo “arbitrarias” pues éstas medidas tienen un componente ideológico que por una parte se basa en datos alarmantes sobre “muertes anuales por contaminación” y por otra se traduce en la práctica recaudatoria de multas correspondiente.

De la noche a la mañana el ayuntamiento se erige en fiscalizador de las idas y venidas de millones de ciudadanos a través de sus vehículos y, sobre todo, realiza la imposición de su superioridad para “educar” a los madrileños. Lástima que esto no se traduzca en aspectos como la limpieza, los ruidos, las “fiestas” y botellones y en la inundación de humo de tabaco en espacios urbanos o en la regulación de movimientos de todo tipo de artilugios móviles susceptibles de provocar accidentes diversos. El derecho a la libertad, a la intimidad y a la propiedad, quedan supeditados así al criterio municipal.

Los muros para las libertades legítimas de movimiento, no son aquellos que se vienen propagando interesadamente por los medios de comunicación, sino son también todos los aquellos que burocracias de corte totalitario, imponen a los ciudadanos con cualquier pretexto. Tuvimos el de Berlín, del que nadie parece acordarse y el llamado “telón de acero” que impedía la entrada o salida de las personas para evitar su contaminación ideológica. Cuando cayeron, un suspiro de alivio y libertad ha permitido el paso de fronteras en países que fueron antes enemigos.

Lo más curioso es que el muro madrileño no es físico, sino psicológico. Una forma más sutil de manipular nuestra legítima libertad. No está amparado en la ley como tal, sino en una “ordenanza” (último rango en la jerarquía normativa) impuesta por el criterio ideológico particular de una simple concejala. Para ello se “utiliza” la justificación ambiental y los niveles de medida de contaminación atmosférica (siempre cambiantes en función del clima), haciéndonos ver los riesgos que ello supone para nuestra salud, mientras en ese entorno flotan en el aire y se aspiran los humos procedentes de los cigarrillos cuya composición de productos tóxicos y cancerígenos es muy superior al CO2.

En todo caso, la contaminación de los gases de automóviles viene siendo verificada por las ITVs correspondientes, que permiten circular sólo a quienes no lleguen a parámetros determinados. Una duplicidad administrativa más de las muchas existentes en el mundo político. Por ello y para sujetarlo a competencia municipal (como si la contaminación en el aire se pudiera ajustar a la división administrativa), se achaca la misma sólo al número de vehículos particulares que circulan por la ciudad y se crea un cordón sanitario muy peculiar en el centro urbano: un nuevo muro de Berlín sutil pero efectivo de control sobre los madrileños, sus movimientos y relaciones (lo de las “invitaciones” es para echarse a reir) y una ciudad prohibida para sus visitantes.

Asimismo, resulta sorprendente que la justificación en que se basa tal prohibición (prohibir siempre es el recurso de los incapaces), no haya sido rebatida desde la comunidad científica ni desde los siempre serviles medios de comunicación. También los grupos de oposición política municipal no parecen haber hecho lo posible por paralizar cautelarmente el desafuero de las obras en la Gran Vía y sus consecuencias o éste muro frente a las legítimas libertades de los madrileños. Sólo de una forma tímida el PP ha lanzado la idea de revertir todo ello. Eso sí, cuando los ciudadanos los voten.

Por el momento, el muro urbano en forma de línea roja (no traspasable bajo riesgo de sanción) en el perímetro de la nueva “ciudad prohibida” ya es un hecho que está provocando no pocos quebraderos de cabeza en su gestión, tanto a los funcionarios municipales como a los residentes, comerciantes, trabajadores, transportistas y empresas varias que han caído dentro del mismo. La ordenanza correspondiente me dicen que tiene cientos de páginas de las que los ciudadanos reciben un resumen de…. ¡22 páginas! sometidas finalmente a la “interpretación” municipal, que puede dejar circular en cambio y a su criterio cualquier otra forma de vehículos sin pedir responsabilidad a sus usuarios.

“Ni ellos mismos saben lo que quieren” me decía un funcionario molesto por el “papelón” que la gestión de “Madrid Central” les está provocando. Y es verdad. Se han vestido de supuestos ecologistas sin saber realmente qué significa “medio ambiente” (por cierto ya en circulación en los años 70/80, con mucho más conocimiento y rigor desde el antiguo CEOTMA o por el ICONA). En eso estamos envueltos en el capricho ideológico de la concejal responsable y el respaldo del “palacio imperial” municipal.

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