Los “consejos consultivos”

Juan Laguna
Colaborador de Fundación Emprendedores.

Una de las condiciones impuestas por “Ciudadanos” para apoyar la investidura de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido la eliminación del llamado “consejo consultivo” que, hasta el momento, tanto en el Estado como en las CC.AA. y Ayuntamientos, venía a ser una especie de “panteón de hombres ilustres” a los que se les proporciona, no sólo una retribución por las escasas horas dedicadas semanalmente al cargo, sino en algunos casos, como en el de los ex presidentes de gobierno, vehículo, chófer, secretaría y despacho.

Al comienzo de la legislatura del PP nos dirigimos al flamante presidente del gobierno Sr. Rajoy, llamando su atención, entre otras cosas, sobre la existencia de tantos “privilegiados” que, con una excusas u otras, suponían una rémora para la ya reconocida crisis económica del Estado Español. Era —y sigue siendo— absurdo, el mantenimiento de estructuras semiinstitucionales cuya justificación resultaba muy discutible y que, en todo caso, debían ser las primeras ramas que podar en los reajustes del creciente déficit. Su mayoría absoluta le habría permitido adelgazar considerablemente las excrecencias de todo pelaje que habían ido adhiriéndose al tronco institucional, como una forma más de clientelismo político o de compromisos personales a cargo de los presupuestos públicos. Habría sido otra la respuesta social ante la ejemplaridad de estas medidas y, desde luego, sería otra la situación del PP en estos momentos.

Las reacciones de los “afectados” no se han hecho esperar en el caso de la Comunidad de Madrid donde el primer de los “ex” Sr. Leguina ha dicho ya que tal medida “le parece una barbaridad”. Lógico. Cuando se trata del bolsillo, las ideologías (cuando las hay), se pierden en la nebulosa del pragmatismo y el interés personal. Por su parte, los ilustres compañeros del Sr. Leguina tampoco parece que hayan dado palmas de contento y, el problema es que empiece la poda impuesta por los pactos de los partidos “regeneracionistas” en distintas esferas del Estado y se llegue a comprobar que puede seguir adelante sin los valiosos (por precio) “consejos consultivos” de toda índole.

En la Comunidad de Madrid la Sra. Cifuentes ha empezado a consultar a los “gurús” jurídicos correspondientes para conocer la “legalidad” de esta limpieza institucional. Mientras tanto el tiempo corre, los meses pasan y los derechos de los “consultores” siguen estando a cargo de los contribuyentes. Cuanto más fácil sería al amparo (y hasta con la justificación) del acuerdo con “Ciudadanos” hacer borrón y cuenta nueva no sólo del consejo consultivo autonómico, sino de otras muchas adherencias injustificadas o, como se hizo en Castilla-La Mancha, la reducción drástica de representantes políticos en su asamblea. La mayoría permite (cuando se quiere) crear nuevas formas de gestión o administración de lo público, siempre a favor del contribuyente y de la deuda con que se lo ha ido cargando en estos últimos años.

Porque… ¿que es un “consejo consultivo”? Nuestras AA.PP. están repletas de ellos y de personas que cobran por sus “consejos” en diferentes ámbitos, replicando y duplicando una especie de administraciones paralelas a los equipos gubernamentales oficiales. Todavía recuerdo cuando un ministro de Cultura en plena transición política, tuvo la ocurrencia de nombrar cuatro asesores o consultores. El escándalo fue mayúsculo pero, con la llegada del PSOE y su “deconstrucción” institucional del Estado, esta vía se amplió hasta extremos absurdos de modo que, en la actualidad, según datos publicados, se llegó a una cifra de muchos miles de personas cobrando de estas bicocas, al igual que lo hacían (y lo hacen) los consejeros de puertas giratorias en empresas privadas, como es el caso de “consultores” de mayor rango.

Cuando se opta libremente a ocupar una responsabilidad pública, se debe tener muy clara la existencia de funcionarios y personas cuya experiencia y preparación es la base sobre la que apoyar las propuestas políticas. No hay excusas para “ningunear” a los empleados públicos en sus distintas escalas y cuerpos, con la existencia de estos “consejos consultivos” que suenan más a compromisos personales o a puro clientelismo partidario. La aportación que puede hacer un Sr. Leguina (si es que considera que tiene tanta importancia) debería ser desde el altruismo y la generosidad del interés público o de la participación que, como ciudadanos, les corresponde en los asuntos de todos. Es más, la confusión que se crea en el ciudadano es que permanecen en ese limbo institucional a pesar de haberse marchado en su momento y estar dedicados a actividades privadas que pudieran entrar en conflicto con el interés público.

Los nuevos tiempos parece que pueden borrar viejas prácticas de capricho o de nepotismo descarado. El Estado y sus instituciones tienen ya suficientes vías de consulta en sus organismos oficiales como para poder atender con el mayor rigor posible cualquier asunto de su competencia. No sólo eso. También es inadmisible el mantenimiento de estructuras paralelas cuya función, sentido y responsabilidad están en entredicho en momentos de crisis económica. Las personas que, con un cargo u otro, han tenido el honor y el privilegio de dirigir la gestión pública, tienen todo el derecho al reconocimiento de su labor según los resultados de la misma. Para eso están las muchas medallas inventadas a estos efectos sin repercusión económica pero, la sobrecarga de “cargos” que padecemos, parece responder más a un sistema privilegiado laboral, que a una necesidad real de su existencia. Esperemos que cunda el ejemplo y que las “puertas giratorias” no sigan siendo uno de los muchos motivos de descrédito de la actividad política.

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