La hora de Cataluña

Juan Laguna
Colaborador de Fundación Emprendedores.

Al acercarse la fecha de las elecciones autonómicas en Cataluña el ruido mediático se hace ensordecedor magnificando la cuestión en línea con lo que, probablemente, se haya propuesto el actual presidente Sr. Mas: que se hable de aquella región por encima de otras cuestiones y, sobre todo, que se hable de algo que no tenga que ver con resultados de gobierno, como es la supuesta pretensión de independencia.

No ha dudado de usar todos los medios a su alcance para conseguirlo

Para conseguirlo, no ha dudado de usar todos los medios a su alcance para que sus propósitos den el resultado apetecido, sin importarle si esos medios son proporcionados por el propio Estado Español (del que pretenden estar aparte) y si la financiación de las instituciones y de los servicios en Cataluña son sustituidos por la financiación de campañas de propaganda en contra del propio Estado del que es representante.

Cuando cualquier ciudadano es perseguido de forma inmisericorde con el cumplimiento de la legalidad (por muy injusta que sea), quien debería ser muy cuidadoso y ejemplar en el mismo cumplimiento, se presenta ante todos alardeando de un constante incumplimiento de la misma, sin que quienes deben velar por ella (Parlamento Nacional, Gobierno de la nación y Poder Judicial) se atrevan a pestañear o, en todo caso, procedan de formas cuya inanidad política o administrativa son evidentes.

En Cataluña se ha venido dando opción a un afianzamiento cómplice del partido de su burguesía (CiU) durante todos los años que los sucesivos gobiernos nacionales, tanto de UCD como del PP o del PSOE, necesitaban de sus votos y apoyo para sacar adelante sus propuestas legislativas.

En un primer momento en que la reconciliación nacional era el primer objetivo político de la Transición podría tener alguna justificación tal postura, pero en momentos posteriores en que se cedía una y otra vez a las pretensiones de la Generalitat, no se encuentra una razón válida que justifique la claudicación del Estado ante las presiones y exigencias no sólo de Cataluña, sino de casi todas las administraciones autonómicas como ya ha empezado a ocurrir.

En el caso de Cataluña (como en el País Vasco, Andalucía, Galicia, etc.) la inclusión del término “nacionalidades” en el texto de la C.E. abría la puerta a una posibilidad de diferenciación territorial contraria a la necesaria solidaridad regional y al tratamiento igualitario en su gestión. Si a eso unimos lo de “históricas” nos encontramos retrocediendo más de 500 años y recuperando los viejos reinos, condados y territorios unidos por los Reyes Católicos, cada uno con sus lógicas pretensiones de autonomía y de independencia. Los estatutos de gobierno de cada región vinieron a dar la puntilla a la unidad nacional, pues de hecho se constituían sistemas de autogobierno. Unos sistemas que no responden a la supuesta descentralización de gestión, sino a la proliferación de órganos, puestos y cargos a costa de los contribuyentes desavisados y que, hoy día, constituyen una de las causas mayores de deuda pública, por mucho que se empeñen en vendernos la recuperación.

El próximo 27 de septiembre pueden ocurrir varias cosas

El próximo 27 de septiembre pueden ocurrir varias cosas. La primera y más preocupante es la división interesada de la sociedad en partidarios de la independencia y contrarios a ella o simplemente ajenos a estas pretensiones. Es sin duda el mayor daño que la carrera iniciada en su día por CiU, en la etapa de gobierno del Sr. Pujol (cuyos detalles van desgranándose lentamente) y continuada más tarde por el Sr. Mas, va a producir. Quienes hasta hace poco tiempo han vivido en armonía y respeto mutuo, van a mirarse de otra manera y a actuar en consecuencia. La desintegración social estará servida.

La segunda de las cosas es que, con independencia del resultado electoral, se anuncia ya por algunas de las formaciones la continuación de su pretensión soberanista. Esto no tiene porqué ser un problema en tanto en cuanto sea una mera pretensión u objetivo si las circunstancias lo permiten y se realice siguiendo los cauces establecidos. En su momento el llamado “plan Ibarreche” se vio rechazado por el Parlamento y no ocurrió nada digno de mención. Los llamados a sí mismos “nacionalistas” conviven con los que no lo son y están dedicados a resolver los asuntos de gobierno que les corresponden. Resulta un tanto llamativo que la plataforma social “Juntos por el sí” haya sustituido al propio partido de Convergencia en una forma de enmascarar la candidatura y suponiendo que, al igual que ocurrió en el ayuntamiento de Barcelona, tendrá más posibilidades que los partidos clásicos.

La tercera posibilidad es que la situación planteada obligue a una reforma constitucional consensuada en el Parlamento, en la que se reajusten competencias autonómicas en general, lo que llevaría a abrir nuevos frentes en los distintos territorios y nuevas divisiones sociales en toda España entre los defensores del sistema autonómico y los detractores del mismo, amén de la necesaria reforma de todos los estatutos. Como alternativa posible siempre queda la solución prevista en el artº 155 de la C.E. en cuanto a la “intervención” del Estado, intervención administrativa que no tiene más problemas que el control de los presupuestos y servicios públicos para garantizar la gestión.

La encrucijada de Cataluña será la de los demás territorios autonómicos que, como es lógico, tomarán ejemplo y se unirán en el pulso al Estado. De cómo se resuelva finalmente y de cómo se cautericen las heridas abiertas en sus gentes, dependerá que España mantenga la unidad constitucional establecida en la Constitución del 78. En caso de no acertar, tendremos un Estado fallido por haberlo dejado al albur de los intereses partidarios y de los compromisos personales pero, lo que es peor, las viejas heridas ideológicas ya cicatrizadas, serán sustituidas por otras nuevas de enfrentamiento civil y eso hay que evitarlo a toda costa.

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