El Tribunal Constitucional ha fallado sobre Bildu, y al parecer se ha convertido en reo de inconstitucionalidad por haber extravasado groseramente sus competencias, según opinión de numerosos juristas.
Ha sido cabeza de turco, no sabemos si complacido o no en este papel, de un proceso de largas intenciones desarrollado en un escenario poblado por plurales actores, por citar los más eminentes el Gobierno y el Partido Socialista, en calidad de sostenedores de la estrategia de llevar a los proetarras a las instituciones. Este fallo entornado en una increíble falta de sensibilidad, descuidando la delicadeza que merecen las estructuras jurídicas, al que le ha faltado una indispensable prudencia y carente de ese instinto esencial, profundo, del interés general, ha mudado su naturaleza. Se ha convertido no en un fallo, sino en una falla vertebral, sísmica, que resulta tanto más evidente por el descaro y por la exhibición de que ha hecho gala una amplia porción del hemisferio socialista que ha practicado el cinismo; así el Secretario General del grupo parlamentario socialista apaciguando al PNV con la positiva expectativa de un final feliz; el Lendakari vasco no sabemos ya si mentor o discípulo del Sr. Eguiguren y del Sr. Elorza presidente del PSOE guipuzcoano uno y alcalde de Donosti el segundo; y hasta el Partido Socialista Catalán, sin contar las conversaciones del Presidente Zapatero y alguno de sus ministros y colaboradores con Urkullu y otros. Si me estoy ciñendo al ámbito socialista es en razón a que existía un Pacto entre socialistas y populares para impedir, a toda costa, que los proetarras entraran en los ayuntamientos.
Este fallo lo es global. Es un fallo de sindéresis, de buen juicio, que pone de manifiesto muy serias insatisfacciones y que aun agrava más la quiebra de confianza entre los españoles en su sistema y en los otros españoles.
Empieza a ser algo aun más inquietante que las diferencias ideológicas, se parece mucho más a una aversión tribal, de aborrecimiento implacable al enemigo. Porque el tema etarra no debiera nunca haber sido tema de desencuentro, como tampoco podía esperarse la inesperada inmersión nacionalista de un partido socialista obrero español, supuestamente internacionalista.
La situación constituye, por donde se mire, un desafuero. La apariencia de la inexistencia de la división de poderes, se ha fortificado, es ahora convicción. Las cúpulas de la partitocracia deciden los jueces que han de fallar en muy serias cuestiones políticas y sociales sobre las que la opinión pública no tiene opción de pronunciarse. Para el análisis concreto del caso, apellidarse “progresista” o “conservador” es realmente un sarcasmo.
Sin independencia de la justicia no hay Estado ni Sociedad posible que pueda llamarse con propiedad democrático-a. Y si el sistema sigue corrompiéndose simplemente dejara de existir un Estado y una sociedad al menos como la concebimos en Occidente y en el Tercer Milenio.
Por si fuera poco, se actúa con una desinhibición descomunal, con el desprecio o la falta de aprecio de lo efímero, convencidos de que el escándalo de hoy solo dura lo justo, el siguiente ya lo está desplazando de la atención pública. Por una votación de seis a cinco y en unas horas el Constitucional ha resuelto 40 años de lucha antiterrorista decidiendo abruptamente sobre la fiabilidad del trabajo de la Policía y de la Guardia Civil, de los servicios de inteligencia contra terrorista, de los informes de la Fiscalía General del Estado, de la Abogacía del Estado y de algunas de las mejores cabezas jurídicas de España para resolver que ni un sola persona entre cientos en el País Vasco, en la zona socio-política de los abertzales, pudiera ser de objeto de sospecha o de efectiva o demostrable afinidad proeterra. Asombroso.
Los voceros mediáticos del Gobierno y del Partido Socialista, pretenden disimular semejante burla defendiendo ardorosamente la línea convencional de que el Estado de Derecho es sacrosanto y los jueces son plurales e independientes, aunque todos los avalados por el Gobierno han votado en la misma dirección.
Esta retórica se refuerza por el argumento del inexistente beneficio que al Gobierno pueda reportarle esta decisión en plenas elecciones.
Tanto insisten en el altruismo y la santidad de las intenciones de los sectores que apoyan la legalización de Bildu que, para mayor y más triste encanallamiento de la situación, algunos empiezan a pensar que el Gobierno está pagando por asuntos innombrables del pasado o anticipando el precio del auxilio al final de legislatura, que podría consistir en la cesación de ETA con entrega de arsenales y toda la parafernalia.
La paz, el sueño de tantos gobernantes y la obsesión sin límites del último. El que la ETA incumpliese su compromiso con nuevas actuaciones terroristas unos meses después, estaría en el carácter del escorpión, que no puede cambiar, pero el beneficio electoral para el Gobierno ya habría sido disfrutado. Y vuelta a empezar, pero más difícil todavía. Cada uno a lo suyo, la Policía a perseguir, la ETA a asesinar y los proetarras a administrar las instituciones vascas con el dinero de los españoles.
En fin, como consuelo pienso que no hay pesimismo que mil años dure, pero la cohesión y la confianza para vivir juntos y bien en una Sociedad se hace día a día y este no es el camino.
