El estado del malestar

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José Joaquín Flechoso
Articulista de la actualidad política en diversos medios. Experto en networking sobre cuya actividad dirige jornadas entrevistando a personajes del mundo empresarial, administración, cine y moda.

Mucho se está hablando sobre la recuperación económica que a algunos suena como una bonita fábula samaniega. La inmensa mayoría de españoles considera que en realidad la crisis solo ha servido para hacer a los ricos riquísimos y al resto un poco más pobres. El llamado estado del bienestar, parecía un sueño con final feliz, cuando en realidad, ha sido el comienzo de una pesadilla. Es cierto que el diagnostico que evaluó la profundidad de la crisis, fue erróneo y fuera de plazo, lo cual obligó a situarnos en una posición débil por no ser una economía potente. Basada en una burbuja inmobiliaria donde los bancos hicieron de propagadores de riqueza ficticia y alentada por un afán especulador, no se supo o no se quiso atajar en su momento, mientras el regulador del sector financiero, parecía estar jugando al Monopoly.

El Welfare State o estado del bienestar, cuyo uso quedó extendido a partir de 1945 en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, vino a ser la culminación de las leyes de asistencia social o asistencia pública organizadas bajo las “leyes de pobres” en Inglaterra, que venían a sacar de la miseria a miles de ciudadanos sin derechos ni ayudas.

Pero lo que aquí ocurrió a principios de este siglo bajo esa misma denominación del bienestar, fue que pasamos del cheque bebe de 3.000€ por cada hijo nacido, hasta tener que reutilizar los pañales… ¡Nos dieron por todas partes! Tras la debacle y con las elecciones de 2011 llega el PP al poder y empiezan los recortes. En aquellos días aprendimos lo que era la prima de riesgo y nos convertíamos en expertos en economía siendo capaces de mantener una conversación de tú a tú con el propio De Guindos como se pusiera a tiro.

Casi un septenio después, se nos quiere transmitir un mensaje muy propio de los de Génova: el optimismo de la recuperación. La ministra Fátima Báñez, deja de implorar a la Virgen del Rocío y con esa sonrisa suya, mezcla de beata y de Millán Salcedo (Martes y Trece) les dice a los pensionistas que en estos años de crisis las retribuciones han subido un 16,53%… pero calla decir que la evolución acumulada del IPC es el 16,5%, es decir, que han perdido un 0,03%… Si no se toma ninguna medida que lo impida, en los próximos años se aplicará igualmente una subida del 0,25%, lo cual teniendo en cuenta que la previsión de inflación futura supera en todos los casos el 1% anual, el resultado es que los pensionistas sufrirán una pérdida muy importante de poder adquisitivo. Jamás el debate de las pensiones había estado tan alejado de la realidad, como para levantar la indignación de uno de los colectivos más sensibles de este país.

Invocar al Pacto de Toledo o a Manolo el del Bombo, es lo mismo. La gente ya no cree ni en comisiones, ni en el IPC, ni mucho menos en el 0,25%, solo buscan tener una pensión digna y abogan por una ley de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que les garantice su hoy y su mañana. Reaccionan con indignación a declaraciones como las de Mrs Handy Crush (Celia Villalobos) y sus cuentas de mentirijillas de que los daneses con ahorrar dos euros al mes, van a tener para cuando estén jubilados. Bien es cierto que los nórdicos son bastante rácanos, pero cualquier paralelismo con la realidad es mero cuento de quien cree que somos tan ingenuos como a ella le gustaría que fuésemos.

Rajoy compareció en el parlamento para soltar un baile de cifras ordenadas a su favor sobre el coste de la nómina de pensionistas, pero ignoró en su discurso decir cuánto se había destinado en las ayudas a la banca, el rescate de autopistas y en ningún caso mencionó medidas para atajar el fraude fiscal y la corrupción, desagüe por el que se han escapado miles de millones de euros. La diferencia que hace grandes o innobles a los políticos, se mide en función de sus prioridades y por lo que aquí parece, las pensiones son una de ellas. El sistema exige una revisión, eso es evidente, pero según las cuentas gubernamentales, o corremos a hacer un plan privado de pensiones o la cosa pinta fatal. Es evidente que soliviantar a un colectivo como el de pensionistas cuyo 44% es votante del PP, es un mal negocio y el próximo día 17 de marzo se verá en la calle con cientos de miles de ellos protestando, pues el futuro es capaz de empeorar el presente de manera notable. El presidente del gobierno ha querido edulcorar su comparecencia con el caramelito de mejorar las pensiones mínimas y las de viudedad como si estas últimas fueran a tener dicho incremento gracias a su acción de gobierno. El incremento de dichas pensiones es un mandato de la reforma de la Seguridad Social y de las pensiones de 2011, que fue aprobada por el Parlamento en el último año del Gobierno socialista. Posteriormente, es el Ejecutivo del PP quien fue retrasando la decisión hasta que ha decidido aplicarla en 2018 y 2019. Se les ve el plumero por todas partes. Pinocho, era el avatar del de Pontevedra sin duda.

Y tras las pensiones, vienen las prisiones y el debate sobre la prisión permanente revisable que parece ser la nueva bandera que iza el PP para ganar los millones de votos que se pierden entre los pensionistas. Más de un centenar de catedráticos de derecho penal y penitenciario, lo cual supone más del 80% de los profesionales del sector en España, han firmado un manifiesto en el que piden la derogación de la prisión permanente revisable, norma que consideran contraria a los principios constitucionales, e ineficaz como mecanismo de prevención de delitos graves. Según ellos “debería ser derogada porque sin aportar eficacia a la evitación de los delitos más graves, compromete algunos de los valores fundamentales que nos configuran como sociedad democrática”.

Es cierto que estos debates son especialmente sensibles cuando casos como el asesinato de Diana Quer, Marta del Castillo, los hermanos asesinados por su padre Tomas Bretón o el dolorosísimo del pequeño Gabriel Cruz, levantan una ola de indignación contra los asesinos, pero los mismos catedráticos aludidos se refieren al artículo 25.2 de la Constitución, en la medida en que éste reclama que las condenas tengan como fin la reinserción social y la prisión permanente revisable la retarda y dificulta. Dice este mismo colectivo que nuestra prisión permanente revisable podría ser contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos “por la inexistencia de programas penitenciarios específicos de resocialización”. En cualquier caso, el cerebro dice una cosa, que el corazón no comparte ¿Era el mejor momento para debatir este asunto tras la conmoción producida por el asesinato de Gabriel? Definitivamente no.

Hace ya casi dos años y ocho meses, el Tribunal Constitucional admitía a trámite los recursos presentados contra este tipo de condena por varios grupos parlamentarios, pero resulta que este tribunal que con tanta celeridad ha despachado asuntos relacionados con Cataluña, no tiene previsto a corto plazo resolver sobre este recurso lo cual dejaría zanjado el asunto en uno u otro sentido. Mientras, asistimos una vez más al cambio de discurso de Ciudadanos en este menester, pues ha pasado de la férrea defensa de la abolición, a ser fiel devoto de la derogación, demostrando una vez más más su recurrente oportunismo, aprovechando en este momento la indignación popular con el reciente asesinato del pequeño Gabriel. Solo falta que España gane el mundial de futbol para que Ciudadanos diga que es gracias a ellos… y su política reformista, como no.

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