Parece mentira que, con lo mayores que somos y con la historia que tenemos, sigamos poniendo cara de asombro ante la “corrupción de cada día” que, lenta y progresivamente , va expandiendo su hedor por nuestro entramado político, institucional, económico y social.
Cuando hemos preferido mirar para otro lado ante cualquier caso de corruptela o irregularidad para no meternos en líos, o para salvaguardar las nuestras, hemos sido cómplices indirectos, pero no por eso menos culpables, de quienes se han permitido desde hace muchos años mangonear en los fondos públicos y privados porque estaban en condiciones de hacerlo.
Hace unos días, en una admirable película sobre los juicios de Nüremberg, el juez encarnado por el veterano Spencer Tracy, le decía a su colega alemán que permitió lo ocurrido durante el régimen nazi en aras de la legalidad vigente: “todo empezó el día que un juez pronunció una sentencia injusta”. Pues bien, aquí todo comenzó el día que la avaricia y la codicia de unos impresentables, unida a la soberbia de otros, creyó que España, ésta nación que tanto nos duele, era su propio cortijo y los españoles sus braceros.
Esto empezó el día que todos los que lo sabían, callaban ante el desmantelamiento de los sistemas de fiscalización pública del gasto y la inanidad de los órganos que lo sustituían. Esto empezó el día que un funcionario cualquiera, en lugar de denunciar -como era su obligación- ante quien procediera, los gastos caprichosos, los caprichos arbitrarios de los señoritos de turno, se limitó a tramitar el expediente -aunque fuese tapándose la nariz- y quizá esperando un ascenso por su docilidad ante el superior.
Esto empezó cuando las organizaciones sociales, sindicales, patronales, fundaciones, ONGs, empresas y medios de comunicación, creyeron más importante para sus intereses la consecución de subvenciones y privilegios públicos por las vías que fueran, que los objetivos altruistas o ideológicos que pregonaban.
Esto empezó cuando la administración de justicia, ante los muchos disparates jurídicos y legales de las administraciones públicas, rechazaban las demandas de los ciudadanos al amparo de la infumable -y muchas veces inconstitucional normativa- de los llamados poderes públicos.
Esto empezó cuando los fiscales -que son del Estado- creyeron que no hay motivos para investigar de oficio las actuaciones públicas, mientras se perseguía con saña desde las propias administraciones los espacios privados más humildes y menos representativos.
Esto empezó cuando el recurso previo de constitucionalidad se anuló para dejar campar a sus anchas a los legislativos autonómicos y municipales, ligados a los gobiernos y caciques respectivos, para hacerse trajes a la medida, tanto en los sistemas organizativos como administrativos y económicos.
Esto empezó cuando un cargo público se enfrentó a un tribunal de justicia con la pretensión de estar por encima de ella por “razones de Estado”.
Esto empezó cuando las administraciones públicas empezaron a llenarse de “los nuestros” o “de confianza” tanto de unos partidos como otros y la política, en lugar de ser un servicio, era una salida profesional.
Esto empezó cuando se permitió por quienes tenían el deber de controlar y coordinar las administraciones públicas, la multiplicación de “chiringuitos” institucionales, plantillas de asesores, comisiones consultivas y todo tipo de engendros administrativos o mercantiles donde se compraba la paz social o la adhesión personal.
Esto empezó con el maridaje de lo público y lo privado donde los “conseguidores” montaban bonitas oficinas, saraos y cacerias para estrechar lazos entre sus clientes o preparar “pelotazos” y el propio ministro del ramo decía aquello de lo “fácil que era hacer dinero en España”. Tenía razones para decirlo.
Esto empezó cuando los partidos políticos no eran una consecuencia de un debate social participativo, sino unos aparatos de poder que renovar cada cuatro años con una simple propaganda electoral.
Esto empezó cuando unos “trileros” económicos inventaron economías gaseosas y fraudulentas que a ellos solamente les rendían beneficios.
Esto empezó cuando cada uno en su profesión u oficio engañaba y robaba lo que podía al incauto que caía en sus manos, sin que nadie, absolutamente nadie, se rebelara contra la acción o la denunciara.
Todos somos culpables. Por acción los que se lo han llevado crudo en el sector que se lo ha permitido. Por omisión los que han preferido mirar para otro lado y callar, para no complicarse la vida o incluso perder el puesto de trabajo.
¿Cuantos trabajadores de banca sabían las inversiones peligrosas o los créditos dudosos de sus entidades? ¿Cuántos funcionarios ven y tramitan a diario documentos de gasto público sabiendo de antemano que no responden a criterios de contratación justa o de interés público? ¿Cuántos se aprovechan de los resquicios del sistema para eludir sus responsabilidades o para hacer el agosto con ellos? ¿Cuántos han aceptado la podredumbre y el deterioro de los servicios que se producía a su lado porque tenían un buen sueldo asegurado?
Es posible que tengamos lo que merecemos porque lo hemos ido aceptando -o justificando incluso- durante muchos años. Cuando la subvención pública se apoderó de la sociedad, pudiendo más las relaciones personales que el conocimiento, la preparación o el mérito. Cuando la honestidad y la ética en nuestra actuaciones se convirtieron en sinónimo de “pringao”. Cuando la ejemplaridad llegaba de los “pelotazos” económicos y del dinero fácil ganado en transacciones espurias, en lugar del esfuerzo del trabajo. Cuando lo mediocre, ruin, chabacano, violento e hipócrita se adueñó de la sociedad y se llevó por delante la excelencia personal y profesional. Entonces, sólo entonces, empezó todo. ¿Quien tiene autoridad moral para escandalizarse?
