Ah! Los malpartidos políticos

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Fernando Lanzaco
Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas. Periodista titulado por la Escuela Oficial de Periodistas, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha desempeñado, entre otros, los puestos de Subdirector General de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación y Ciencia, Presidente del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción al Estudiante, Director General de Personal de Ministerio de Educación y Ciencia, Subdirector General del Ministerio de Justicia y Gerente de la Universidad Politécnica de Madrid.

La generalizada insatisfacción, cuando no franco desapego con la clase política en general y con los partidos políticos en concreto, está experimentando una creciente toma de conciencia pública muy crítica con el pasado más o menos reciente así como con la acusada impericia de presente, lo que finalmente se expresa en una falta de confianza que les sitúa en un rango de preocupación social sostenidamente alto… La clase política, en términos sociológicos y puramente políticos amplios, presenta perfiles inequívocamente de casta y la memoria de sus abusos y dislates es ampliamente compartida.

El fenómeno más evidente es la politización partidaria de todos los espacios civiles que han sido invadidos en prácticamente toda actividad: económico-financieras, culturales y sociales que abarcan desde la abusiva presencia e intervención en las finanzas hasta las relaciones sexuales, las costumbres y tradiciones religiosas, la confrontación hostil de géneros, un larvado guerra-civilismo, la explotación populista de problemas sociales muy sensibles —las pensiones, las mujeres. Todo se manosea y abusa mediante una agobiadora “judicialización de la política” y se estimula un taimado cuando no bronco y abierto aliento a la subversión (Navarra y Cataluña) y al flujo antisistema en todas partes.

Además, existe la impresión de fragilidad y ruido que estimula a que cualquier vanidoso banal puede sobresaltar la convivencia por un minuto de gloria. El estado de ánimo que pudiéramos llamar cainita ya está cronificado como rasgo permanente de conducta en la lucha partidaria y en la intra-partidaria. Una sensación de extrema vulnerabilidad, inestabilidad y confusión que a muchos nos angustia cuando debiéramos centrar nuestra atención en otros problemas realmente severos como el invierno demográfico, la sostenibilidad de las pensiones, la falla tectónica del independentismo catalán y la arrogancia con abultado privilegio de los nacionalistas vascos. Sin contar con la creciente desigualdad social que padece un desempleo escandaloso, y la corrupción generalizada fruto, en la mayoría de los casos, de la colusión, por activa o por pasiva, de los partidos políticos.

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Y aún faltaría citar como problemas realmente críticos, la ineficacia de nuestro sistema educativo —todo él y, en particular, la educación universitaria— y la ineficiencia inmutable de nuestras administraciones cada vez más nutridas, abultadas e hiperreglamentistas. A excepción del sector económico con indiscutible mejora (pero aún aquejado de serias incertidumbres) no parece existir ningún fondo de poder global activo que garantice la cohesión y el progreso. A veces, da la impresión de que el país se encuentra al pairo y en riesgo de zozobra.

Es evidente que el cuaderno de preocupaciones, cuaderno de agravios, respecto de los comportamientos de los partidos, es tan vasto como lo han sido —y lo son— sus privilegios, extralimitaciones e inmisiones en la sociedad civil. La cantinela del “pérfido y corrupto bipartidismo” ha resultado vana como conjuro. La “joven política” es tan defraudatoria como la vieja, y si acaso, un tanto más descarada en el favor a su clientela. Al final, se ha entregado a una hinchazón puramente gesticulatoria. Y parece estar más cerca del no ser que del ser de las cosas, habiendo despilfarrado e inutilizado potentes emociones y palancas de cambio que se revelaban prometedoras si hubieran sido ejercidas por personas y conductas competentes. Su mochila venía vacía y por eso no encontró otras vías que escandalizar de forma irrelevante y a menudo rebosante de vileza. Sus grandes aportaciones son la innovación sectaria en las tradiciones religiosas, la legitimación sociopolítica y ética de los ocupas, y la extensión universal a todas las “naciones”, mareas y tribus del derecho a decidir por si solas la separación de España cuando así lo aprecien.

Las circunstancias en las que se está desarrollando la tramitación de los presupuestos generales ejemplifican el más traumático test de salud de la política, es decir, de la actuación del Gobierno y de los partidos políticos. Serán aprobados tras el acostumbrado mercadeo, cada vez más sensible e insufrible, con los nacionalistas vascos que sólo se ven felices fuera de la nación española. Más felices quizá, pero más ricos es muy dudoso.

Nos detenemos en este punto para acariciar al menos una imagen placentera: la posibilidad de que el PSOE hubiera cedido, no sin la contrapartida congruente, seis escaños al PP para aprobar los presupuestos generales de España y evitar, junto a las abusivas concesiones, la grave perturbación introducida en la reforma de las pensiones a nuestro crédito comprometido ante la Unión Europea. Este préstamo, de producirse, devolvería al país la conciencia de ser un país serio, un país a la medida de la necesidad, con una moral potente que, sin duda, gratificaría a la democracia a los partidos y en particular al PSOE con una abundante cosecha de votos. Pasaríamos de la melancolía a la autoestima que alimenta el progreso y la solidaridad en las naciones.

Seguimos obligados a preguntarnos si estamos condenados a perder toda esperanza de que los partidos representen algo más que a sí mismos. En justicia para la democracia que gozamos y sufrimos debemos plantearnos que, con todo, cumplen un papel que modera confrontaciones mucho más explosivas. Pero acaso, ¿no tenemos derecho a pensar que la política y los partidos no han de servir solo para la evitación de mayores contiendas? Es decir, que pudiéramos armonizar, en lugar de confrontar, posiciones plurales en beneficio de todos, o al menos de la inmensa mayoría. Estamos viviendo sin rumbo bajo la égida de las inmensas minorías que gobiernan con sus contradicciones y enemistades peristálticas todo el escenario político.

Los partidos políticos no son ni la Democracia ni el Estado de Derecho. Si los partidos políticos configurados como cauce de la representación política democrática desbordan ese cauce, ese es el tema capital que nos ocupa. Si ellos mismos no son democráticos la resultante será una mera apariencia encubridora de un fraude esencial. Y su mutación en organizaciones cófrades, en grado máximo, de la estructura de dominación y privilegio sobre la sociedad, resulta inevitable. Este asunto es tan serio que no puede ser dejado a la aportación, en todo caso deseable, de escritores políticos free lance o de arbitristas que siempre florecen en las cuestiones arduas. Merece una toma de conciencia estratégica porque detrás de la insuficiencia de los partidos como respuesta a los retos del presente y del futuro están en juego, mismamente, las libertades democráticas y una forma de vida humanamente decorosa. A pesar de que el fenómeno Macron ha suscitado la ilusión de una democracia sin partidos orgánicos, está todavía por ver su evolución que presumimos no será radicalmente innovadora.

Pero aquí, en nuestro solar, pueden proponerse giros de corrección a los desvíos empezando, por ejemplo, por abordar las cuestiones relativas a la financiación pública que aparecen como clave de bóveda del sistema. La pretensión del PSOE, Ciudadanos y Podemos de que el erario público haga frente también a la financiación de los procesos internos de los partidos, debiera justificar una llamada a rebato por parte de los contribuyentes y articular una respuesta contundente que pudiera consistir en prescindir de la subsidiacion para todo aquello que no sea estricta representación pública en ejercicio.

En todo caso, esa hipótesis habría de estar acompañada de medidas conexas y inherentes al propósito regenerativo:

  • La supresión de subsidios para la organización permanente de carácter local, territorial, y nacional, con sus servicios y gastos en personal, instalaciones, suministros, actividades, etc.
  • Los partidos y sindicatos deben ser financiados por los militantes, así como las iglesias por sus creyentes. Esta afirmación se refiere a la financiación de las organizaciones como tales, y de sus actividades propias. Si las iglesias, los partidos o los sindicatos ofrecen líneas de atención a necesidades sociales se financiarían por su regulación propia como a las demás iniciativas y agentes sociales.
  • La insaciable demanda de recursos favorece la corrupción cuyo fruto se comparte con frecuencia entre los intereses personales y los intereses del partido (o su simple connivencia). Y esa corrupción no consiste sólo en apropiación dineraria directa, sino en nombramientos, oposiciones ad hoc y otras prácticas (calificación del suelo, contratos, empresas públicas difícilmente justificables, etc) que propician al corto, medio o largo plazo posiciones de poder y traslativamente una rentabilidad económica final por una mayor capacidad de influencia y disposición.
  • La prolongación en el tiempo del ejercicio de una representación pública refleja una tendencia funcionarial vitalicia de la que muchos hacen prueba. La duración, ilimitada de la representación política favorece la percepción de la invectiva (por cuanto fue empleada como vituperio) de la casta, de casta en todo partido y de posible cártel de castas entre todos los partidos. La excesiva veteranía puede alterar la visión de que se deben a la concertación para resolver los males de la patria y no al afán de perpetuarse en un empleo, para muchos irresistiblemente ventajoso.
  • La financiación pública y la tendencia al funcionariado cuasi-vitalicio termina instalando el interés del partido sobre el interés general para cuyo servicio existen. Los partidos han acampado y vivaquean sobre el territorio en el que ejercen algún tipo de potestad sin que ninguna otra consideración les entorpezca en la tarea de medrar para garantizar su permanencia. La visión del Estado, el interés general, es siempre asunto lejano e incómodo. Incluso, a veces, para el partido que soporta el Gobierno del Estado.
  • La predicibilidad de los comportamientos de los partidos es casi absoluta con independencia de sus procedimientos de organización y selección de candidatos. Para la estirpe española de partido es impensable que las cúpulas no ejerzan un control sumiso de los listeros. En un suelo cenagoso para las fidelidades, no se atreven a permitir conductas libres. Ni en la “vieja” ni en la “nueva” política, aún más estruendosa en su autoritarismo. Así que la jerarquía queda establecida: primero el jefe de filas, segundo el partido o la versión del partido dominante, tercero la opinión publica próxima. Y en el fondo de armario para exhibir cuando convenga, España, el Estado, el interés general. Su cortedad de visión y obsequiosidad con lo inmediato, lo perentorio y lo efímero, lleva a los partidos a la inconsistencia, y a veces, al ridículo. Y a la ciudadanía, a la amargura.

Como ejemplo, la propuesta socialista de que senadores y diputados no deben subir sus retribuciones más del cero veinticinco, como las pensiones. Es simplemente un disparate lenguaraz si comparamos sueldos de los unos y pensiones altas, bajas y medias de los otros. Habría que considerar si realmente sobran concejales, congresistas y senadores, de los cuales un porcentaje elevado no se ha esforzado mínimamente por adquirir conocimientos —apetito de prebendas académicas fáciles, mentiras sobre la posesión de titulaciones universitarias— y tampoco tienen experiencia profesional propia independiente del sector público. Es decir, muchos no han trabajado o no estarían en condiciones de conseguir en el sector privado los rendimientos que obtienen, sin títulos y casi siempre sin esfuerzo, en la política. Algunos han encontrado en la calidad de concejal o diputado su primer y único empleo. No hay curriculum vitae, no parece precisarse.

En definitiva, ya ha calado en extensos sectores de opinión que los partidos no son democráticos, de una parte, y que constituyen un fin en si mismos. Por lo que además de la supresión de las aportaciones públicas, habrían de considerarse otros aspectos para la reforma necesaria de su ordenamiento. La financiación estaría vinculada al número de representantes políticos elegidos y por el tiempo en ejercicio efectivo de su representación.

La colaboración básica con los partidos consistiría en la facilidad de utilización, durante periodos determinados, de los medios públicos de comunicación social para las campañas electorales y difusión de sus actividades y mensajes. Esto nos lleva a la necesidad de reformar el sistema electoral mismo en la vía de aplicar el principio “un hombre, un voto”, pero del mismo valor. Y con listas abiertas de modo que los ciudadanos puedan ejercer alguna autoría en la conformación final de las mismas mediante su apoyo diferenciado y libre a los distintos candidatos.

Los territorios que precisen de una sobrerrepresentación pueden obtenerla no con como ahora, consiguiendo escaños con menos votos, sino por la atención debida en las situaciones territoriales en el Senado, reformado al efecto para tener en cuenta la España vacía y la España vacía y envejecida. Hay otros variados aspectos, ninguno propiamente menor, como la regulación de los espacios políticos con respecto a los espacios propiamente civiles, la normativa apropiada que evite duplicidades en las actuaciones parlamentarias y en las judiciales, y los aforamientos por citar algunos sensibles. En el Congreso se han constituido más de cuarenta emisiones que forman una tela de araña impenetrable a su comprensión funcional.

Algunos de estos cambios deberán producirse si queremos rehabilitar a los partidos, rompiendo con el absurdo actual, que podría entenderse como un convoluto depredatorio a pagar por los ciudadanos como peaje de una preciosa pero cada vez más afrontada y lesionada democracia.

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6 Comentarios

  1. Excelente artículo profesor. Cómo opinión personal creo que
    posiblemente hubiera sido deseable un acuerdo entre PP-PSOE para la aprobación de los PG18 y a muchos nos gustaría confiar que se produjeron los contactos necesarios en intensidad y responsabilidad para alcanzarlos pero los hechos demuestran que o fueron de cara a la galería o tropezaron con escollos insalvables. Parece que, a la vista del coste de las transacciones con los nacionalistas parece más lo primero que lo segundo y no prejuzco por parte de quien. De todas formas la posición de apoyo de C´s y PSOE al 155 (con todos los flecos que queramos pero apoyo al fin y al cabo) demostraría que hay alguien al timón entre tanta “fragilidad y ruido”.

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