El delito de rebelión

“Son reos del delito de rebelión, los que se alzaren violenta y públicamente, para cualquiera de los siguientes fines:…”

0
19
Juan Laguna
Colaborador de Fundación Emprendedores.

En estos momentos parece ser que, el debate sobre la causa abierta contra la cúpula del anterior gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña, se va a centrar en el término “rebelión” y sus posibles interpretaciones jurídicas, según lo previsto en el artº 472 y siguientes del Código Penal en su título XXI (“Delitos contra la Constitución”), Capítulo I (“Rebelión”).

Para empezar, la redacción del mismo parte de los supuestos de que tal rebelión sea “violenta y pública”. Es decir, deben darse las dos circunstancias en lugar de ser una sola de ellas: “violenta o pública”. La violencia debería entenderse como la forma de imponer a los demás desde la fuerza política, económica, militar o social, algo que sólo obedece a la voluntad de quienes en esos momentos pueden ejercerla. Su repercusión pública es obvia cuando, además, se utilizan todos los medios a su servicio para tal imposición, incluido el mediático.

El primero de los fines es: “Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”. Aquí, en cambio, nos encontramos con un choque frontal contra los derechos fundamentales, reconocidos en el propio texto constitucional (libertad de pensamiento, expresión y opinión) en su artº 20, así como, lo que es más grave, una sustracción de la “soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Es decir, el pueblo español si podría derogar, suspender o modificar total o parcialmente el texto constitucional, bien por vía de referéndum, bien por medio de su legítima representación política (las Cortes Españolas), tal como se hizo con la “modificación” del artº 135 impuesta desde la UE. ¿O se podía considerar como acto de rebelión contra la Constitución? ¿Es, en sí mismo un delito de “rebelión” el propio artº 166 del texto constitucional, cuando contempla el supuesto de reforma constitucional?

PUBLICIDAD

El segundo de los fines es: “Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al rey o regente…” Con lo que volvemos a confundir la función delegada en el Jefe del Estado, con las prerrogativas y privilegios de la figura del monarca. Una “constitución” debe responder a la organización política y social del Estado, no a las circunstancias personales o familiares de cualquiera de sus miembros, algo que nace de la confusión existente en el propio texto constitucional.

El tercero de los fines sería: “impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos”. Esta cuestión podría ser aplicable cuando se ha prometido en sede parlamentaria que, la reciente moción de censura al gobierno anterior tenía como objetivo la convocatoria de elecciones y se incumple la promesa, en cuanto se tiene el ejercicio del poder, pero entraríamos en otro debate diferente.

El cuarto de los supuestos o fines dice: “Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias”. Parece que, en el caso del parlamento catalán, éste parece estar cerrado, impidiéndose por unas vías u otras la labor parlamentaria que le corresponde. Las responsabilidades por ello parecen rozar este apartado del Código Penal, tanto si es por inducción o por propia decisión de la mesa del parlamento o su presidencia.

El quinto de los supuestos es quizás el “meollo” del tema catalán: “Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. ¿Qué se puede entender por “territorio nacional” cuando el artº 2º de la C.E. se dice simultáneamente “indisoluble unidad de la nación española” patria común e indivisible de todos los españoles” y, a continuación, reconoce y garantiza “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”? ¿Cómo se puede o de debe interpretar esta cuestión en el conflicto catalán? Por una parte, no se consideran españoles en una amplia mayoría (empezando por los propios representantes del Estado Español) y, por otra, tampoco consideran que Cataluña forme parte del territorio nacional. El contrasentido jurídico y administrativo existente, debería haberse resuelto hace tiempo, en lugar de dejarlo cronificar y agravar a lo largo de los años, pero… ¿se incurriría en el delito tipificado en el primer supuesto de “rebelión”? Como vemos, es un bucle o nudo en nuestro ordenamiento aún sin resolver.

El sexto de los fines considerados como “rebelión” es: “Sustituir por otro el gobierno de la nación o el consejo de gobierno de una comunidad autónoma o usar y ejercer por sí o despojar al gobierno o consejo de gobierno de una comunidad autónoma o a cualquiera de sus miembros de sus facultades o impedirles o coartarles su libre ejercicio u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad”. ¿El artº 155 de la propia Constitución Española que permite la intervención del Estado en las CC.AA. en determinados supuestos, estaría violando este supuesto del C.P. o esta redacción es anticonstitucional?

El séptimo y último de los supuestos penales es: “Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno” ¿A qué gobierno se refiere, al del Estado o al de la Comunidad Autónoma correspondiente? En el caso del cuerpo de seguridad de Cataluña, los “mossos”, éstos tienen un ámbito de competencia territorial limitado, fueron creados al amparo de la autonomía de Cataluña a quien se cedieron competencias al respecto… ¿a qué “gobierno” deben lealtad en su caso? Esto se puede extrapolar a toda la función pública de la autonomía catalana sobre la que los gobiernos respectivos tendrían competencia…

Como vemos, la imprecisión jurídica provoca inseguridad jurídica. Es una de las asignaturas pendientes del estado de Derecho: la devolución de tal seguridad jurídica a la convivencia social, administrativa o política, por medio de la reordenación adecuada de sus leyes. Por el contrario, si se viene dejando en manos de los tribunales de Justicia, la interpretación más o menos acertada de cualquier cuestión que le sea sometida, habremos judicializado y amenazado la vida de los ciudadanos y éstos quedarán sometidos al imperio de unas leyes que los propios tribunales no entienden en su mayor parte.

PUBLICIDAD

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.