Tenemos un plan

Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.
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Tras las muchas intervenciones del presidente del gobierno hablando de los planes que tiene para España, nos encontramos (como una mínima parte de eso que llamamos “soberanía nacional” y al amparo de lo que dice el artº 23 de la Constitución Española), en la exigencia moral de decir: yo también tengo un plan para este país que se desmorona por momentos.

Para ello es necesario empezar por contar con una información suficiente sobre el estado de la cuestión, que nos permita esbozar un diagnóstico acertado para poder trazar una líneas maestras de nuestro plan. Los datos de todo tipo no pueden ser más desastrosos. En lo social una división y enfrentamiento social debidos a los juegos de ingeniería social (divide y vencerás) que creíamos superados hace ya muchos años. En lo político (que es una consecuencia de lo social) un sistema que pretendíamos democrático, pero que ha derivado hacia un sistema ideológico de pensamiento único (el del gobierno) contrario al pluralismo que la propia Constitución reconoce en el arº 1º. En lo económico, la destrucción de la mayor parte de las actividades económicas que generaban empleo real, con la consiguiente repercusión en la riqueza nacional (en el Tesoro Público). En lo institucional, la pérdida de los valores que sostenían el entramado de poderes, sustituido por un cabildeo político agravado por el sistema autonómico.

El resultado de todo ello es la fragmentación política, social, administrativa e institucional y su sometimiento al poder ejecutivo (que es quien maneja el presupuesto) así como la desmoralización de la mayor parte de la población ante la manifiesta ineptitud de lo que se llama “clase dirigente” (con honrosas excepciones) y el debilitamiento de la nación. Cierto es que el propio texto constitucional y la creación de un sistema autonómico absurdo en forma de “estados dentro del Estado”, contribuyen al caos y a la confusión.

A la vista de todo ello nuestro plan para la recuperación del Estado pasa por las siguientes premisas:

  1. Constitucional: recuperación de la titularidad de competencias del Estado y reajuste institucional y administrativo en el sistema autonómico para la gestión de las mismas, eliminando todo el ordenamiento contradictorio existente (que es mucho) para recuperar un estado de Derecho que aporte seguridad jurídica.
  2. Institucional: reafirmación de la separación e independencia de poderes con sus respectivas competencias y recursos, ajustando la estructura de las diferentes administraciones públicas y los cargos correspondientes a dichas competencias y eliminando las adherencias institucionales existentes.
  3. Social: eliminación de todo tipo de propaganda política y social que enfrente a unos ciudadanos con otros, y respeto al pluralismo ideológico reconocido y establecido constitucionalmente, con especial importancia en los medios de comunicación de discurso oficial.
  4. Económica: recuperación de las actividades legítimas de los ciudadanos, incentivando las mismas, promoviendo la competencia real y la igualdad de oportunidades y la persecución de cárteles, oligopolios y monopolios que distorsionan el libre mercado.
  5. Política: eliminación del sistema D’Hont en las elecciones de representantes políticos, así como el de listas cerradas partidarias, para dar al Parlamento la libertad de acción necesaria en sus tareas legislativas y de control del ejecutivo. Igualdad del valor de voto en toda la circunscripción nacional.
  6. Administrativa: reajuste de las plantillas de empleados públicos en todas las administraciones (central, autonómica y municipal), con ajuste a un mismo sistema de admisión, promoción y retribución en todos los ámbitos del Estado.
  7. Presupuestaria: eliminación del sistema de subvenciones públicas directas o indirectas que crean clientelismo político en los capítulos presupuestarios correspondientes y control previo del gasto público por la Intervención del Estado. Responsabilidad personal (no del Estado) en los casos de irregular uso de fondos públicos.
  8. Relaciones exteriores: revisar la situación de España dentro de la UE y de cara a los diferentes tratados y acuerdos comprometidos, tanto a nivel interno como en las relaciones con otros países ajenos a la UE, con el fin de recuperar soberanía económica y política. 

Mientras se resuelven estas cuestiones de competencia parlamentaria y dada la situación actual, se plantean las siguientes que atañen sólo al gobierno:

1.- Reducción drástica del Consejo de Ministros y de los órganos dependientes cuya mayoría de competencias están transferidas a las CC.AA.

2.- Control institucional previo del gasto público por la Intervención General del Estado y exigencia de responsabilidades en las actividades públicas.

3.- Incentivación de las actividades económicas legítimas y revisión del sistema de contrataciones públicas y privadas.

4.- Derogación de los decretos/ley promulgados ajenos a la pandemia, hasta el funcionamiento normal del Parlamento.

Como vemos, hay planes alternativos a los que como Agenda nos tratan de imponer desde el gobierno y sus socios (todos los partidos excepto uno). Porque esa es la pura realidad cuando nos fijamos en las actuaciones del PP o de Cs, teñidas de complejos y seguidismo de la agenda gubernamental recibida de intereses ajenos a los españoles. La cesión de soberanía a la UE por parte de sus estados miembros, sólo se concibe si la misma beneficia a los ciudadanos, pero nunca si está al servicio de intereses que sólo benefician a unos pocos.

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