Sociedad Civil y estado de Derecho

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Juan Laguna
Colaborador de Fundación Emprendedores.

El Club Liberal Español iniciaba su ciclo de conferencias ayer (22/2/2017) con unas interesantes reflexiones del presidente del Foro de la Sociedad Civil con el título “La cuarta revolución de España”. Al hilo de la misma y del breve debate posterior, nuevamente se planteaban cuestiones convertidas en tópicos cuyo significado siempre es conveniente aclarar.

La primera de ellas es la aparente confrontación de lo que se llama a sí misma “sociedad civil” y el “estado”. Digo aparente puesto que ambos términos deben ser considerados en todo caso complementarios ya que el “estado” es una emanación organizativa de la sociedad (siempre civil) desde el punto de vista político, jurídico y administrativo para facilitar la convivencia de esa sociedad. En el mundo liberal, en cambio, se viene planteando ese antagonismo como la forma de evitar la pérdida de soberanía personal del ciudadano, ante unas cada vez mayores exigencias de ese “estado” que, a la manera del personaje creado por el Dr. Frankenstein, puede acabar siendo un monstruo incontrolable que acabe con las libertades públicas.

En el transfondo de todo ello se vislumbra una simple cuestión de “soberanía” o “poder” y esto a su vez, implica el dominio de una parte y el sometimiento de otra. Si la soberanía emana en realidad del pueblo, tal como rezan la mayor parte de las constituciones europeas y más concretamente la española de 1978, debemos entender que el “dominio” del estado pertenece a todos y que su gestión política, jurídica y administrativa, es encomendada a unas instituciones sometidas a la voluntad popular que conocemos como los poderes clásicos: legislativo (que crea normas de convivencia), ejecutivo o gobierno (que se limita a hacer cumplir lo establecido desde el legislativo) y judicial (que dirime conflictos y aplica justicia).

Ahora bien, cuando la representación política es ficticia o artificiosa ya que el representante no está sometido al mandato imperativo del representado, sino al de la formación ideológica o política que le ha colocado en listas cerradas y por ello ajenas a la voluntad directa de los electores, nos encontramos con la primera impostura democrática de un sistema ya que, tales representantes, son dóciles a las voluntades de quienes les “colocan” y ajenos a la voluntad de los que les pagan. En términos empresariales, los directivos o administradores de una corporación, secuestran o capturan la voluntad o los intereses de los propietarios de la misma que son los que arriesgan de verdad en la empresa.

Desde el punto de vista de la sociedad civil, se otorga confianza a algunas personas de esa misma sociedad para que “administren” los servicios públicos, no para que los hagan suyos ni para que los pongan al servicio de sus intereses (personales o partidarios). Para ello se establecen normas de control de los administradores, fiscalización de su gestión y exigencia de responsabilidades públicas en el caso de haberse abusado de tal confianza.

El “estado de Derecho” surge del constituyente (el pueblo) con las reglas de juego que acuerde en cada caso o circunstancia (no se trata de “copiar y pegar” casos y circunstancias ajenas, que sólo son referencias a tener o no en cuenta). La idiosincrasia de cada país, de cada cultura, de cada historia y de cada persona, va a condicionar su peculiar “modelo” constituyente sin que ello suponga la primacía de unos frente a los otros. El “estado de Derecho” es por tanto una construcción que la sociedad civil considera útil para su organización colectiva y personal, porque debe facilitarle su vida propia, sus actividades y sus proyectos legítimos de desarrollo. Es por tanto una obligación mayor para los que van a administrarlo que para los que son administrados. El administrador rinde cuentas primero y, en su caso, solicita las suyas al administrado cuando así lo indiquen las leyes ya que, el perjuicio al estado del administrador por acción u omisión en su gestión, será siempre muy superior al perjuicio producido por cada administrado.

Pero… ¿qué ocurre cuando el administrador se incauta de la propiedad (del estado) por negligencia o comodidad del administrado? Que el empleado del propietario se erige en “poder” sobre quien ingenuamente ha depositado en él su confianza. En tal caso, el “estado de Derecho” se convierte en una herramienta de dominio normativo del administrador sobre el administrado, que le deja en inferioridad de condiciones frente a sus exigencias, cada vez más crecientes, caprichosas y desorbitadas. La “sociedad civil” se debilita frente a la “sociedad administrativa” dedicada (directa o indirectamente) a debilitarnos a través del propio “estado de Derecho”. La “soberanía” real es de quien detenta el poder de publicar las normas en el Boletín Oficial.

Unas normas que, con independencia de que sean justas o injustas, están obligados (por otras normas) a cumplir quienes se dedica a esa labor tan ardua de administrar justicia de acuerdo con procedimientos “reglados” (más normas) que, muchas veces, tienen más importancia que las causas en sí. De nuevo la impostura democrática inicial, acaba por apropiarse del tercer poder y el llamado por Tocqueville “despotismo de las mayorías” se impone a la verdadera democracia.

Quedaría todavía la posibilidad para la sociedad civil de denuncia de tales imposturas desde el que se llamó a sí mismo “cuarto poder” (medios de comunicación independientes) pero, éstos también han sido capturados desde la dependencia del favor público. Las corporaciones mediáticas hoy en día son las que provocan mayor recelo y desconfianza en los ciudadanos, al haberse posicionado al servicio de los intereses de los “administradores” (con independencia de su ideología, si la tienen más allá del simple poder).

La “cuarta revolución” que daba título a la conferencia va más allá de lo puramente cosmético y “lampedusiano” del llamado “regeneracionismo”. Es ni más ni menos que el ejercicio de una soberanía popular (algunos lo llaman “populismo”) no mediatizada por intereses, que someta en realidad a sus administradores a las normas dictadas por sus verdaderos representantes y les puedan revocar el cargo cuando resulte necesario. Pero… al final ¿qué es la sociedad civil? ¿responde toda ella al mismo modelo, a los mismos intereses? Esa es su gran flaqueza de la que, naturalmente, se aprovechan los de siempre.

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