En un mundo de estructuras complejas, tanto en las corporaciones como en las instituciones públicas, se ha incrementado notablemente el número de personas que ostentan esta condición, tanto en los llamados consejos de administración, como en puestos ejecutivos de diferente rango. Esta situación viene justificada a veces por las necesidades de gestión, pero otras muchas ha venido siendo la forma de enmascarar, proteger y mantener a esas personas a cargo del presupuesto corporativo o institucional.
Recientemente hemos comprobado como el consejo de administración de una caja de ahorros llegaba casi a la centena de “consejeros” de todo tipo y pelaje que, al parecer, ignoraban las cuestiones más elementales sobre sus propias retribuciones, cuanto menos podían entender y aconsejar consecuentemente de las diversas operaciones financieras de la entidad. Eran simplemente lo que se podía considerarse unos enchufados de lujo (por las retribuciones).
Un poco más allá las administraciones públicas producían unas excrecencias administrativas en forma de empresas públicas, organismos autónomos y mercantiles, que fueron inflando como un globo una burbuja administrativa de considerables dimensiones cuyo crecimiento exponencial permitía la colocación de responsables directivos (algunos menos responsables) que, como en el juego de la oca, lo mismo podían servir para gestionar suelo que para la sanidad. Lo importante era acogerse al convenio especial para directivos donde las retribuciones y demás gabelas se disparaban a costa de los impuestos a los ciudadanos.
En esta carrera de despropósitos no podían ir a la zaga las grandes corporaciones mimetizadas entre lo público y lo privado, como es el caso de los rescates en el sector bancario procedentes de los ciudadanos, mientras los beneficios sólo parecen producir recortes de gasto interno en personal y oficinas, sin tocar nunca el staff directivo de las entidades. En otras corporaciones campan a sus anchas ex políticos, ex cargos públicos y otras figuras que aconsejan (puesto que son del consejo) como auténticos lobbies de conseguidores, las diferentes operaciones de la entidad en base a sus pasadas relaciones y contactos. No hay una competencia saludable en la calidad de los servicios, sino en la calidad de los contactos.
Luego están las múltiples organizaciones de la sociedad civil subvencionada con cargo a los presupuestos públicos, donde se han instalado toda una serie de personas con rangos y sueldos de directivos, al socaire de objetivos más o menos claros de altruismo social. Su crecimiento y desarrollo ha sido fruto unas veces de la picaresca forma de resolverse la vida y otras de gestos generosos en un principio, pero interesados un poco más tarde en cuanto se descubren las posibilidades de negocio de este sector.
Consejos y consejeros de toda índole, directivos más o menos preparados pero bien relacionados política o socialmente, forman en la actualidad un colectivo que, en algunos momentos, se cuantificaba en más de quinientas mil personas sólo en las que cobraban de presupuestos públicos y que bien podrán llegar a muchos más si se cuentan los de las entidades privadas, sobre todo aquellas cuyos accionistas ni pinchan ni cortan ante el aparato directivo.
Por eso surge la pregunta que da lugar a estas reflexiones ¿de verdad son necesarios tantos directivos en esta España de crisis y desesperación? ¿Es justo que, mientras se recortan plantillas en todos los sectores laborales, produciendo unas tasas de desempleo como las conocidas, nos podamos permitir mantener todo este conjunto de supuestos “cerebros”? Los datos en este aspecto son preocupantes. Hace poco se sabía que con el sueldo del consejero delegado de un medio de comunicación se podían pagar casi un centenar de empleados. Eso sí, el medio estaba en quiebra -lo que justificaba despidos- mientras el plantel de directivos no resultaba afectado.
Entiendo que el anecdotario popular -a veces- puede carecer de datos e información precisos, lo cual es normal, pero eso no impide que fluya otra información de fuentes cercanas a lo comentado y que, a veces, quedan confirmadas por actuaciones judiciales como las que vamos conociendo.
Por ceñirnos a un caso concreto por cercanía. ¿Es lógico que la Comunidad de Madrid compuesta en una gran parte de pequeños municipios, con una extensión uniprovincial, donde los grandes ayuntamientos tienen estructuras propias de gestión y competencias, se equipare en diputados y gobierno a una comunidad como Castilla La Mancha o Andalucía? ¿Para qué hacen falta 57 concejales en el Ayuntamiento de Madrid más los muchos directivos de diferentes áreas? (La diferencia hace unos años -2010- entre el sueldo de un directivo y el funcionario municipal de nivel más alto era de unos 50.000 euros.)¿Que papel hacen los muchos consejos asesores cuando los cargos correspondientes ya cuentan con asesores propios en plantilla? ¿Era lógico crear un órgano como, por ejemplo, el Patronato de Areas de Montaña (ahora investigado), con sus directivos, consejo de administración, edificio propio, etc. para promocionar el área geográfica de la Sierra Norte madrileña?
En este sentido y para ser justos, la gran explosión administrativa ha sido en las administraciones regionales y locales al amparo de sus correspondientes estatutos, pero también es cierto que muchos órganos de la administración central del Estado, no se redujeron proporcionalmente en sus órganos de gestión al transferir las competencias, produciendo un monstruo jurídico-administrativo que habrá que desmontar en algún momento. Esperemos que no haga falta otro nuevo consejo para tal función y se haga conforme al más puro sentido común.
Es evidente que la reciente denuncia de la desigualdad en España tiene que ver mucho con esta cuestión. Muchas, demasiadas personas, se han enriquecido a costa de la pobreza de los demás, pobreza llegada por unas vías más o menos directas. Los grandes sueldos de los directivos y consejeros públicos y privados contrastan con las retribuciones precarias de los que hacen realmente el trabajo. La gran falacia de “los mejores” queda desenmascarada además por los resultados de su gestión: servicios peor gestionados, reclamaciones por cientos de miles, crisis económica e institucional…. Sobran directivos por mucho que intentemos salvarlos con justificaciones diversas.
