Protocolos de violencia

Protocolos de violencia
Juan Laguna
Colaborador de Fundación Emprendedores.

Las imágenes de la detención de una activista femenina ante las propias narices del ministro del Interior, son suficientemente impactantes para preguntarnos por esos supuestos protocolos de acción policial, claramente desproporcionados, ante el responsable político de los mismos. La rodilla sobre la cabeza de la mujer no representa solamente la violencia física sobre ella, sino un ejemplo de lo que es la violencia de género ejercida sobre el más débil.

Se podrán dar mil explicaciones y argumentos para justificar lo ocurrido: una mujer sola, con el pecho desnudo, sin más armas que sus gestos o palabras, es violentada sobre el suelo por un miembro de las fuerzas del “orden”, en función de determinados protocolos basados en muchos casos en la paranoia de seguridad que nos invade y que trata de justificar todo tipo de violencias sobre las personas por meras sospechas.

Probablemente el teléfono del maltrato a la mujer se haya colapsado y, tanto el Instituto de la Mujer, como los diversos observatorios sobre la violencia de género, ya estén presentando una denuncia contra esta acción que desprende violencia gratuita y contra sus responsables o cómplices, poniendo al propio ministro en el compromiso de intervenir en su defensa o mirar para otro lado y no darse por enterado.

La fuerza —desproporcionada a veces— de quienes defienden el orden público sabemos que responde a los dichosos protocolos. Esas instrucciones creadas para los supuestos que alguien aleatoriamente ha concebido y sacralizadas por las ordenanzas, sin tener en cuenta si vulneran derechos fundamentales de las personas recogidos en nuestra Constitución donde el derecho de expresión y opinión es sagrado y, tanto los agentes de seguridad como el propio ministro, están para protegerlo.

Otra cuestión bien distinta es si hubiese sido un atentado con armas o con algún tipo de peligro para la integridad física del ministro, pero fue una simple protesta por la llamada “ley mordaza”, como hace unos días se producía otro acto similar ante el Sr. Draghi, que suponemos resuelto de una forma mejor.

El gobierno del PP parece empeñado así en aumentar su desprestigio con una política más propia de regímenes que ellos mismos dicen condenar. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Resulta moralmente discutible el anteponer seguridad (supuesta) a libertad y, en todo caso, es una cuestión que sólo concierne a las personas. El silencio oficial sobre lo ocurrido, o el “correr tupido velo”, va a resultar un contraste escandaloso con la transparencia que se predica, al ser el propio ministro testigo de lo ocurrido. En ésta ocasión no valen los consabidos “desconocimientos” aducidos en otras y es de esperar que, aunque sólo sea para cubrir el expediente ante la comunidad internacional, haya consecuencias para los responsables.

Asimismo es de esperar una iniciativa parlamentaria para denunciar estos hechos. Ha sido una ciudadana desarmada y sola la que ha sido atacada por la policía, recordando mucho en su desproporción algunos de los hechos que, no solo en EE.UU., vienen removiendo las conciencias de todos. No se trata de muertes de ciudadanos, pero sí de lesiones que pueden ser graves porque no están controladas en situaciones de violencia donde la diferencia de fuerzas no sólo en número (unos cuantos agentes contra una sola mujer), suponen ya de entrada una agresión gratuita que bien pudiera haberse evitado con el simple hecho de formar una barrera ante la activista. ¿Fallos en los protocolos? Es muy posible.

La protesta además se enmarca en el conjunto de respuestas que, desde la sociedad, la política y desde varios foros jurisdiccionales, recibía la llamada “ley mordaza” con la que se trata de “regular” las diversas formas de protesta, incluyendo fuertes sanciones por actos que, en tanto no sean violentos, forman parte del catálogo de derechos de los ciudadanos que, no olvidemos, somos al fin y al cabo quienes ostentamos la soberanía nacional. Los demás son meros delegados administrativos sujetos a control y respeto ante cualquier ciudadano.

También con las imágenes de la detención del Sr. Rato parecen haberse aplicado los consabidos protocolos, donde parecen estar incluidos las filtraciones mediáticas de cara a la galería. La presunción de inocencia ampara a cualquier “detenido” o “retenido” y, cualquier atentado a su intimidad o a su integridad física o psíquica, vulnera sus derechos fundamentales (por cierto más importantes que los de “información mediática”). El “scoop” solo sirve para engordar el “ego” de quien lo consigue pero ¿a cambio de qué?.

Lo que resulta paradójico es el silencio de quienes deberían controlar con toda exquisitez estas cuestiones básicas, tanto desde la Fiscalía como desde los órganos jurisdiccionales constitucionales o meramente consultivos. Todos sabemos que, al igual que lo pueden hacer los ciudadanos, las personas e instituciones a quienes se ha encargado tal función, deberían ser sumamente cuidadosas con las extralimitaciones legales, administrativas o sancionadoras para impedirlas de inicio o para denunciarlas y perseguirlas de inmediato.

La Constitución viene siendo retorcida, interpretada interesadamente y vulnerada por actos como los comentados, sin otra posibilidad de respuesta que ser aceptados (por muy anticonstitucionales que sean), por unos ciudadanos cuyos derechos como tales acaban pisoteados contra el asfalto por quienes deberían ser sus primeros garantes. No es eso, no es eso…

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