Hace unos días el Gobierno apuntaba a una ligerísima recuperación de la actividad laboral como contrapunto a la caída imparable de la crisis con que se encontraron. El PSOE por su parte, en su papel de oposición y otros partidos de la misma línea así como los sindicatos, rebatían este cierto triunfalismo enredándose con los datos de la EPA, del paro, de nuevas afiliaciones a la S.S. y otras estadísticas que recordaban al “galgos o podencos” de la fábula ya que, visto como se quiera, el hecho real es la destrucción de empleo por desaparición de empresas y actividades económicas legítimas a miles.
Este es el hecho dramático. Las duras condiciones para la mayor parte de éstas empresas por conflictos burocráticos y controles excesivos, unido a las exigencias desorbitadas de unas administraciones públicas que tratan de justificarse en sus sobredimensiones y un sistema tributario injusto, hacen que muchos “emprendedores” con una gran experiencia profesional a sus espaldas, tiren la toalla y decidan cerrar con aquello de “que emprendan ellos”.
El trabajo no es un derecho laboral, sino un derecho natural de aportación social que sirve para el crecimiento y desarrollo de la persona que lo realiza, sino que también sirve al crecimiento y mantenimiento de la riqueza social. Por eso nace y crece la economía “sumergida”. No se trata, como se pretende, de engañar al fisco (que se lo merece por sus numerosos ejemplos de mala administración y falta de controles reales), sino de recuperar la dignidad de la actividad legítima y del derecho en nuestra propia construcción social.
No obstante debemos puntualizar y aclarar conceptos para saber a qué atenernos o de qué estamos hablando. Si entendemos como “paro” la inexistencia de actividad alguna productiva en las personas, esto es, que suponga la inexistencia de cualquier tipo de retribución, nos encontraremos probablemente con que la cifra de “paro” es muy inferior a la que señalan las estadísticas (afortunadamente).
Si hablamos de “desempleo” nos referimos a la situación de “falta de trabajo por cuenta ajena”, esto es aquellas personas incapaces de generar actividad propia y sometida a las posibilidades de ser contratadas por otros. Aquí es donde las cifras se disparan -por lo ya apuntado- de disminución galopante de empresas y empresarios, dispuestos a seguir señalados por unos (sindicatos) como explotadores y por otros (gobiernos), como sospechosos de delincuencia a los que hay que estrujar fiscalmente para cubrir los desaguisados públicos.
Hace ya muchos años (junio de 1988) la revista “Ranking” ya decía: “Decir públicamente que en este país nunca ha habido tres millones de parados es algo a lo que nadie está dispuesto, aunque luego en privado admiten la imposibilidad de tal cifra pues, si se hubiera superado los dos millones, hubiéramos padecido otra guerra civil… pero si esa cifra nunca existió, eso no quiere decir que en el mercado de trabajo no existan grandes diferencias estructurales. El trabajo sumergido que ocupa según prudentes estimaciones a más de millón y medio de españoles, es una prueba de que los mecanismos de organización social no funcionan. La economía sumergida es una realidad que vive con nosotros y zonas prósperas de nuestro país lo son gracias a la burla de la legislación…”
En la España de nuestros días con cifras cercanas a los seis millones de “parados” habría que reconsiderar el asunto, sobre todo desde el punto de vista del conflicto social que supondría la existencia real de casi seis millones de personas sin hacer nada, ningún tipo de actividad. Ahí es donde la válvula de escape de la economía sumergida hace su función, equilibrando la situación y permitiendo eludir el conflicto.
La cuestión no es pues tirarse cifras entre unos y otros. La cuestión pasa por la necesidad imperiosa de recuperar empleos y actividades, aún a costa de adelgazar las enormes burocracias administrativas o poner tales burocracias a resolver las exigencias administrativas que ellas mismas establecen. Todo menos seguir persiguiendo, amenazando o insultando genéricamente a quienes tienen en sus manos la posibilidad de crear y distribuir riqueza.
Es hora de coger el toro por los cuernos de una reforma en profundidad de las AA.PP. en su relación con la economía y con la gestión tributaria, con respecto a la cual se han pronunciado ya organizaciones profesionales y juristas de prestigio.
“Los impuestos interaccionan, producen efectos deseados e indeseables, el reparto de la carga fiscal no es neutral ni respecto a la equidad ni a la eficiencia… En un país donde es frecuente legislar de manera muy coyuntural… el impuesto, como sostiene la mejor doctrina y ratifica la experiencia, debe ser justo, simple y eficaz, acompañándose de una Administración que facilite el cumplimiento de los deberes tributarios sin provocar presión fiscal indirecta… El sistema fiscal debe financiar el sector público, es verdad, pero de manera coherente… Será siempre mejor usar políticas de gasto para redistribuir, que fiar este objetivo a unos impuestos que, a la postre, pueden acabar dañando los incentivos de ahorro e inversión.”
Estos comentarios proceden del informe preparado por la REAF-REGAF de Asesores Fiscales y el Consejo Gral. de Economistas, quienes apostillan: “El Sistema Tributario debe ser eficiente, neutral y progresivo, coherente con el nivel de gasto público, condicionado a la situación económica; debe incentivar el trabajo y la previsión para la jubilación…”
Por su parte, el estudio realizado para el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña sobre litigiosidad fiscal ante el crecimiento de los conflictos entre la Admón. y el contribuyente, entre otras muchas cosas dice:“El sistema fiscal es excesivamente complejo y está sometido a demasiados cambios y tiene unos efectos perversos el sistema de autoliquidaciones masivas con aplicación al contribuyente de fuertes sanciones por no acertar, lo que ha agotado la dinámica acción/represión… El contribuyente debe ser considerado como un cliente y el funcionario como un servidor del mismo…”
Finalmente el informe sobre la Reforma Tributaria 2014 de la Fundación Impuestos y Competitividad, se refiere a la garantía de la seguridad jurídica necesaria para el contribuyente, basado en la confianza que le merezca el Sistema Tributario: “La confianza y estabilidad del sistema jurídico de cada país, es unos de los aspectos básicos presentes en la competitividad y sirve a la equidad…” En dicho documento realizan diez propuestas básicas para la reforma del sistema tributario, todas ellas en la misma línea que los otros informes a los que hemos hecho referencia: armonización de normas, mejorar procesos, reducir la incertidumbre y obtener certezas, alternativas a la resolución de conflictos, evitar la doble imposición y la discrecionalidad, simplificación de obligaciones y equilibrio en las diferencias de interpretación.
¿Qué quiere decir todo esto? Simplemente que es hora de poner orden en la regulación del S.T. invirtiendo los términos en que debe desenvolverse un sistema democrático real donde la desconfianza y el control debe partir de los ciudadanos (propietarios) hacia sus administradores, no al revés como viene ocurriendo. Todo lo demás sólo conducirá a un pulso absurdo entre ellos donde siempre ganará el Estado (los ciudadanos).
