La situación sociopolítica de España dista claramente de ser la mejor de las posibles: el alto nivel de desempleo, el número de familias en exclusión social, la corrupción política y la incertidumbre sobre la recuperación de la economía son, entre otros, factores que nos hacen ser pesimistas con respecto a nuestro futuro. Y es precisamente en estos tiempos de dificultades cuando debemos lidiar además con un problema no precisamente menor, el desafío separatista promovido por una clase política catalana que, no ajena a la mencionada corrupción, quiere presentarse ante el resto de España y de Europa con el paradigma democrático por excelencia: “Queremos votar”. Pero, como dijo el profesor Álvarez Junco en el ciclo de diálogos España plural, Catalunya plural, no se trata de la autodeterminación, sino de la ‘determinación’ de los pueblos. Todos los españoles tenemos derecho a decidir.
Gracias a un amable diputado tuve la ocasión de seguir el pasado 8 de abril desde el propio Congreso el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley orgánica promovida por el Parlament en relación con la cesión de la competencia para realizar un referéndum consultivo en Cataluña. El president Mas no tuvo la valentía política de defender la iniciativa, como sí hizo el 1 de febrero de 2005 el lehendakari vasco al presentar el denominado Plan Ibarretxe. Fue sustituido por tres parlamentarios que, con mayor o menor brillantez y dominio del castellano, no transmitieron un mensaje unificado, principalmente si la consulta cuya delegación se solicitaba pretendía de facto declarar a Cataluña independiente de España. Teniendo en cuenta que esta iniciativa había sido precedida de una ‘declaración soberanista’ -anulada recientemente por el Tribunal Constitucional- así como de la fijación unilateral tanto de la fecha como del contenido de las preguntas a realizar, no cabía otra respuesta que la que se produjo. Fue rechazada por 299 votos frente a 46. Como dijo recientemente el líder del SPD alemán, ni la raza, ni la lengua ni la religión son criterios válidos hoy en día para intentar trazar fronteras.
En 2005 la banda terrorista ETA aún seguía asesinando y extorsionando. Ahora, nos dicen los promotores del separatismo catalán, todo se está desarrollando con exquisitez democrática, sin ningún tipo de coacción terrorista y en ausencia de violencia. Es esa diferencia la que hace que este proceso deba ser abordado de modo diferente a como se hizo hace nueve años con el caso vasco. Hay consenso –recordemos al recientemente fallecido presidente Suárez- en que no podemos permitirnos que el modelo territorial plasmado en el Título VIII de la Constitución, que tuvo necesariamente en 1978 que nacer abierto, siga sin cerrarse más de 35 años después de su aprobación. Pero tampoco que partidos políticos leales con la unidad de España recogida en la Constitución quieran hacer partidismo a cuenta de dicho modelo territorial. Unos por inmovilismo o indefinición, otros por pretender irresponsablemente hacer tabla rasa de todas las Comunidades Autónomas o por querer imponer una solución federal -por tanto, integradora e igualitaria- a la vez que insisten en algún reconocimiento especial para Comunidades díscolas. Si miramos a otros países descentralizados de nuestro entorno europeo, vemos por ejemplo que el ‘federalismo cooperativo’ de la República Federal de Alemania se ha ido revisando para que, dentro de la imprescindible lealtad federal, la definición precisa de competencias centrales y de los Länder permita una administración más eficaz. Frente a ese claro modelo, el modelo territorial de España tiene los inconvenientes pero ninguna de las ventajas del sistema federal. Es perentorio racionalizar nuestro Estado autonómico, no sólo por su coste, sino también porque no es sostenible la indefinición o heterogeneidad actuales de las competencias de la Administración General del Estado y de las distintas Comunidades Autónomas.
Quizá como un guiño a la Constitución de la Segunda República –en la que se pretendía un ‘Estado integral’, con solo unas pocas autonomías-, la Constitución de 1978 habla de las “nacionalidades y regiones” que componen España. Claro que tiene un significado político que Cataluña –y de forma tentativa País Vasco y Galicia- dispusieran de un Estatuto de autonomía en los años treinta, pero de ahí a deducir que únicamente esas Comunidades son ‘históricas’ y, por tanto, son las nacionalidades a las que se refiere la Constitución, hay un gran trecho. La Historia no puede establecer comunidades de primera y segunda si hablamos de Castilla, Aragón, Cataluña, León, Valencia, Navarra, etc. Cuestión distinta es que las tres Comunidades antes citadas tengan, como otras, la característica común de poseer una segunda lengua además del castellano. Conviene además tener en cuenta que cuando en España hablamos de la República tendemos a pensar automáticamente en la Segunda. Pero ya en la fugaz Primera República de 1873 un eximio liberal e insigne orador, Emilio Castelar, redactó un proyecto federal de Constitución para la Nación española con los siguientes Estados federados, más Cuba y Puerto Rico: Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla La Nueva, Castilla La Vieja, Cataluña, Extremadura, Canarias, Galicia, Murcia, Navarra, Valencia y Vascongadas. Como vemos -salvo el desdoblamiento de Andalucía y la inexistencia de Madrid, Cantabria y La Rioja- este avanzado proyecto coincidía, detalles en las denominaciones castellanas y vasca aparte, con la división actual en Comunidades Autónomas.
En otras palabras, los constituyentes de 1978 parecieron pretender -al hablar de “nacionalidades y regiones”- un ‘Estado integral’ similar al previsto por la Constitución de 1931 de la Segunda República, con unas pocas autonomías ‘lingüísticas’. Pero lo que tenemos actualmente es algo mucho más parecido a la ‘Nación federal’ diseñada en la nonata Constitución de 1873 de la Primera República. Y no solo por el elevado número de autonomías -17 como entonces-, sino principalmente por el nivel competencial alcanzado por todas ellas, reforzado en las últimas revisiones estatutarias por la inclusión de cartas de derechos y deberes propios, algo característico de las constituciones de los Estados federados. Como decía Joseba Arregui recientemente en estas mismas páginas, España es ya bastante federal, si bien faltan mecanismos que fortalezcan y cohesionen el conjunto.
Hace unos meses tuve la oportunidad de escuchar en la Fundación Diario Madrid a dos de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Miquel Roca. El primero insistió en una mutación constitucional para encajar a Cataluña en España, por lo que no merece más comentario. Sin embargo, el siempre sutil Roca le tomó la palabra al presidente Rajoy y le retó a preguntar a todos los españoles y no sólo a los catalanes. Ahí podemos tener la solución. Es urgente que el Gobierno de España, tras buscar el mayor consenso posible en el Parlamento, consulte a todos los ciudadanos si consideramos que lo mejor para la convivencia sería dotarnos definitivamente de una estructura federal en la que sólo el Senado, como cámara de representación territorial, acogería los debates que afectan a las competencias de esa índole, quedando reservado el Congreso de los Diputados para los asuntos de interés nacional. Quedaría pendiente la oportuna reforma de la Constitución. Para la del Titulo VIII corresponde el llamado procedimiento ordinario, por lo que no sería necesario un referéndum aprobatorio, salvo que lo solicitare un 10% de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las dos únicas modificaciones del texto constitucional habidas hasta la fecha se han hecho por consenso y sin referéndum. La búsqueda de dicho consenso no sería fácil, pero estaríamos obligados a buscarlo cuanto antes. Sería el momento de debatir la conveniencia de incluir alguna de las actuales Comunidades en otras a federar, así como de considerar un posible distrito federal para el área metropolitana de la capital.
En mi opinión, España no puede permitirse seguir hablando año tras año de una posible pero complicada reforma constitucional teniendo al mismo tiempo abierto de forma permanente el debate sobre el modelo de Estado. Con el fin no solo de racionalizar el actual Estado autonómico, sino principalmente de sellar definitivamente el pacto de convivencia entre todos los pueblos de España, los ciudadanos queremos votar nuestro modelo territorial. Cuanto antes, mejor.
