Con la reciente sanción de la Comisión del Mercado de la Competencia a varias compañías petroleras por supuestos acuerdos sobre precios, se viene de nuevo a poner sobre el tapete la existencia en España de un sistema de monopolios y oligopolios que controlan las principales arterias del Estado (energía, comunicaciones y finanzas principalmente), a pesar de la norma constitucional que prohíbe este tipo de actividades en aras de la competencia y de la igualdad de oportunidades.
Tal como ocurre con otras tantas normas constitucionales, las leyes que han desarrollado su texto han encontrado la posibilidad de sortear ésta cuestión, bien por despiste (que ya es decir) de todas las instituciones encargadas del control normativo, desde el TC a las abogacías del Estado o los letrados de las Cortes, pasando por el Consejo de Estado y otros órganos consultivos del mismo. Leyes y trampas son dos caras de la misma moneda con capacidad de ser retorcidas, interpretadas o desarrolladas en la práctica de forma bastante diferente a la intención del Constituyente.
Se dice por una parte que el Estado tiene, entre otros, el monopolio de la fuerza en aras de la seguridad, pero en la práctica todos conocemos las numerosas empresas de seguridad privada, dotadas incluso de armas, que han proliferado por doquier (incluso en las propias dependencias públicas) bajo los pretextos más conspicuos, mientras otros sectores como los que señalábamos han ido concentrándose a base de eliminar la competencia, hasta llegar a constituirse de facto en verdaderos oligopolios donde juegan solamente media docena de entidades (como mucho) que, como es lógico, pueden llegar a establecer unas reglas de juego propias en su interés. De ahí los contratos con cláusulas abusivas o “de adhesión” donde el ciudadano se siente impotente para establecer las suyas propias.
No debemos olvidar que la libertad económica, tan manipulada y sesgada interesadamente por estos oligopolios, tiene siempre dos partes: quien vende y quien compra, quien presta servicios y quien los paga y que ambas partes están obligadas a negociar las condiciones en que tales transacciones benefician a ambos. Lejos de eso, el monopolio encubierto de los servicios de este tipo, hace que los ciudadanos bailen exclusivamente al son que les impone la posesión restringida de los mismos, por mucho que pretendan vestir el asunto con unas décimas de euro de diferencia en los precios o una alteración del orden en las cláusulas de contratación de servicios.
En el sector financiero (inversiones, banca y compañías de seguros principalmente) los ciudadanos o consumidores de tales servicios, han visto cómo se han efectuado rescates en lugar de pedir responsabilidades. El caso más emblemático ha sido el de las cajas de ahorro, todas corrompidas por su politización, que han quebrado bajo la atenta mirada de cientos de “consejeros” en sus respectivos consejos de administración que no han tenido empacho en percibir remuneraciones, no ya abusivas para pagar tan escasos consejos, sino claramente obscenas al lado de quienes, como el propio presidente del gobierno, tiene muchas más responsabilidades. Las cúpulas de las grandes corporaciones se han llenado (como en el régimen anterior) de ex cargos públicos y directivos de organizaciones sindicales, patronales, institucionales, etc., con casos de sobra conocidos, que han servido sobre todo para “engrasar” esas peligrosas relaciones entre los intereses públicos y privados donde ¡qué casualidad! siempre ganan los mismos.
Ahora, en el caso que iniciaba éstas reflexiones, se llega a amenazar incluso a los propios instructores del mismo (según se ha recogido en las informaciones de prensa), conscientes de su omnímodo poder ante los siempre cómodos y adaptables administradores públicos. No se han dado cuenta de que los tiempos —afortunadamente— van cambiando y ha sido precisa la indignación de los ciudadanos para que, como se dice, el miedo cambie de bando y las leyes puedan volverse contra ellos en su interpretación. No sólo eso. Un cambio político como el que se anuncia puede darle la vuelta a la situación, si no llegando a recuperar sectores estratégicos, privatizados y malvendidos en su día o desindustrializados por exigencias externas interesadas, estableciendo unas normas claras y precisas sobre sus derechos de explotación, pero sobre todo, de las responsabilidades de sus directivos y accionistas.
El caso de Caja Madrid o Bankia, con un rescate que nos cuesta a todos los españoles dolor y sufrimiento, no puede ni debe saldarse con un interminable rosario de pleitos a cargo de las víctimas de las “preferentes”, mientras la entidad cuenta con liquidez más que suficiente para su defensa ante los tribunales y alardea de la misma. Es un caso que está pidiendo ya la devolución por acuerdo parlamentario de las cantidades perdidas y, en todo caso, que sea la entidad la que vaya deshojando la margarita de las reclamaciones (si se cree con derecho a ello) para que sirva de escarmiento y toque de atención ante otras parecidas situaciones. Lo mismo ocurre con el resto de las entidades que se van escurriendo en fusiones y amortizaciones que ocultan unas pésimas, —cuando no engañosas— gestiones.
Lo último que se anuncia para toda la UE es el llamado “TTIT” o nuevas formas de burbujas impuestas a las maltrechas economías europeas, desde el mismo lugar de procedencia de los productos tóxicos financieros: esos EE.UU. que pretenden seguir produciendo papel moneda al que imponer el valor que les apetezca por su hegemonía mundial, para salvar su desastrosa situación real. Sería el triunfo final de la “globalización imperial” a costa de millones de ciudadanos sometidos a un tratado vergonzoso que nos esclavizará para el futuro.
Es el modelo que se nos trata de imponer y que nuestra dignidad europea debe rechazar. En caso contrario sólo nos espera el vasallaje, el hambre y las guerras desde las decisiones de media docena de monopolios y oligopolios a quienes mendigar nuestras vidas y destinos. Y todo además, —para sonrojo de los liberales—, en defensa de la Libertad.
