Transparencia es sinónimo de claridad, de limpieza y de juego limpio en el ámbito jurídico, político y social. Durante mucho tiempo esa transparencia ha sido prácticamente inexistente en el ámbito político e institucional, así como en las corporaciones financieras y comerciales, hasta el punto de dar lugar a una ley de transparencia de lo público, lo que constituye una obviedad por sí misma por el significado del propio concepto “público”.
El simple hecho de tener que legislar sobre lo que debería ser natural (otra cosa serían los secretos de Estado), ya indica la enorme distancia que se percibe entre la falta de claridad o transparencia de las actuaciones públicas y la exigida en el ámbito de lo privado para los simples ciudadanos o para los más peligrosos “empresarios” que tienen la osadía de arriesgar por un proyecto o actividad legítimos.
Unas AA.PP. no transparentes en su funcionamiento propician y dan lugar a actuaciones poco correctas al amparo de sus sombras y de su prepotencia institucional. Lo mismo ocurre en el sector de las grandes corporaciones privadas, cuyos contratos con “letra pequeña” han empezado a cuestionarse por cuanto suponen de ocultación farragosa de lo que debería ser claro y entendible para cualquier ciudadano.
Al igual que los tribunales han empezado a sancionar las “letras pequeñas” de los contratos poco claros en el ámbito de lo civil, sería conveniente que se impusiera una revisión de la proliferación de “letra pequeña” en los textos y normas administrativos, cuya diarrea trata de justificar la existencia de un aparato público “sovietizado” donde la preeminencia de lo supuestamente estatal se confunde con el bien común y el exceso de “letra pequeña” trata de justificar el gran tinglado político-administrativo de la organización territorial del Estado Español.
Cualquier tema es sometido a una regulación tan excesiva y contradictoria que, en el ámbito de las relaciones institucionales con los ciudadanos, éstos se ven inermes ante la proliferación de normas de cualquier tipo y rango (letra pequeña), que quieren justificarse por sí mismas, pero que son un conjunto de arbitrariedades, banales en ocasiones, con las que los administradores amenazan por distintas vías a sus administrados.
Cuando desde el propio gobierno se solicita transparencia institucional, nadie parece haberse dado cuenta de la gran (enorme) cantidad de “letra pequeña” con que los ciudadanos deben enfrentarse cada día para ejercer sus libertades personales o sociales. Quien hace la ley (la libertad como derecho fundamental en la C.E.) hace la trampa (los reglamentos, las circulares, las instrucciones internas, las ordenanzas, etc.) que impiden el ejercicio real de tal libertad. Es más nadie parece cuestionarse la necesidad de reajuste del sistema jurídico del Estado no sólo en base a la propia C.E., sino también al régimen de las directivas de la UE que son las que obligadamente deben cumplirse en virtud de los tratados, lo que deja casi sin sentido nuestro B.O.E. y, desde luego, los BB.OO. de las diferentes CC.AA. así como sus asambleas “legislativas”. Esta es la gran asignatura pendiente de cara a las reformas políticas necesarias en este próximo año: el adelgazamiento del corpus legislativo español y la ordenación equilibrada y ponderada de las normativas de desarrollo si se quiere conseguir eso que se llama “seguridad jurídica” o, dicho de otra forma, confianza internacional en la solidez, transparencia y claridad de nuestro sistema jurídico.
La llamada “prima de riesgo” es sólo eso: confianza institucional al estar las instituciones, la política y las administraciones al servicio de los ciudadanos, para ayudarles en su legítimo derecho de desarrollo personal o social. Nunca más “letra pequeña” en los contratos entre los ciudadanos y sus instituciones. Normas claras, precisas, sin ambigüedades sujetas a interpretaciones interesadas según los casos. La hoja de ruta es sencilla: reforma constitucional en todo aquello que deba ponerse al día y de cara al futuro de una sociedad cada vez más compleja, sin miedo a desmontar aquello que se está desplomando por sí mismo con el consiguiente reajuste de todo el sistema jurídico desde los códigos a las leyes orgánicas para que se atengan a la legislación europea; a continuación le toca indefectiblemente al modelo de organización territorial de la Administración del Estado sujeto a la igualdad jurídica clara y transparente para todos los españoles, lo que lleva a la supresión por obvio de las competencias legislativas y a la desaparición de las asambleas legislativas (si el Tribunal Constitucional tiene un sentido es impedir y prevenir antes de su implantación cualquier normativa salida de los órganos de las AA.PP. al igual que si los letrados de las Cortes o las Abogacías del Estado tienen razón de ser es evitar los desmanes normativos de sus ámbitos correspondientes).
Guerra a la “letra pequeña” en el ámbito institucional al igual que en el privado. La transparencia genera confianza y la confianza seguridad y ésta, finalmente, es la única garantía de convivencia pacífica de una sociedad. Mientras tanto ocurre y no quede limpia y transparente la casa institucional, déjese en paz a los ciudadanos y a su ejercicio legítimo de la libertad responsable.
