La política de la “normalidad”

La política de la
Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

La palabra “política” que procede del latín “politicus” y del griego “politkón” tiene su significado etimológico en el concepto de “polis” (ciudad o estado) que concierne a la organización del mismo y a la convivencia social. Algunos creen que es un arte, otros una habilidad, otros un sentido de responsabilidad social, otros un juego de adultos y, finalmente los más, parecen entenderlo como una forma de vivir a costa del erario público. 

A lo largo de los años se ha entendido y practicado a conveniencia, con el único objetivo del poder sobre los demás. De la preeminencia de unos sectores sociales sobre otros o en el plano internacional, como la forma de conquistar y colonizar otros territorios más allá del propio para dominarlos y someterlos. Los grandes nombres de la política suelen estar unidos a una ambición sin límites o a una soberbia personal que los divinizaba ante el resto. Para ello era (y es) preciso que los demás se dobleguen a la voluntad del “político”. 

Hubo un tiempo en que existían unos liderazgos naturales. En otras ocasiones los liderazgos se creaban en el imaginario popular a través de la propaganda de la persona elegida o designada por los poderosos, para ejercer el poder que estos delegaban y controlaban de acuerdo con sus intereses.

Si esta política delegada del poder de otros se manifiesta más contundente en nuestros días con nuestras débiles sociedades democráticas, es porque al final éstas se utilizan como plataforma legitimada para conseguir unos y otros intereses al amparo de las leyes. Usar al pueblo soberano o a la “soberanía nacional” como paraguas con que proteger desmanes y corrupción, es ya una —o lo más grave— la única forma de hacer política a gusto de unos o de otros que no son precisamente los “soberanos”. 

En todo caso el político necesita para sus propósitos de la candidez de quien le vota sin pedir nada a cambio. También necesita vestir su proyecto en base a unos supuestos principios o valores que están muy lejos de sus verdaderas intenciones. Se utiliza una terminología sonora y rimbombante que creen calará en la ignorancia de los ciudadanos dotando al invento que sea de la parafernalia adecuada para impresionar al pueblo. El papanatismo social hará todo lo demás. 

Nicolás Maquiavelo titula sus cartas a Lorenzo de Médicis como “El arte del poder”. Ese poder cuya historia ha sido relatada por nuestro compañero y amigo Abel Cádiz y que, en la actualidad, se interpreta como un derecho del gobernante en lugar de una servidumbre hacia los demás. Ya a principios del siglo XIX el jurista francés Léon Duguit distinguía entre “gobernantes” (quienes dan las órdenes) y “gobernados” (quienes están obligados a obedecerlas). Es decir, el poder equivaldría a la fuerza que tiene alguien para doblegar las voluntades de los demás, bien por coacción física, social, económica o ideológica, sometiéndolos a la suya propia. Algo contrario a las democracias que se estaban constituyendo en los estados modernos. 

Pero la Historia no tiene un sentido lineal y progresivo, sino que muchas veces vuelve sobre sus pasos para sacar del baúl de los recuerdos, sistemas políticos ya superados, rancios y poco digeribles, envueltos en vistosos envoltorios de supuesto “progreso”, que se presume seducirán nuevamente a quienes la ignorancia histórica y cultural, la resignación o la comodidad, coja desprevenidos. 

La normalidad política de los países europeos y de otros muchos en distintos continentes, se basaba constitucionalmente en la ilusión de la “soberanía nacional” y ésta a su vez, hundía sus cimientos en las libertades o autonomía de las personas para organizar sus relaciones de convivencia. Casi todos los textos constitucionales, empezando por el de EE.UU. y terminando con la actual Constitución de 1978 en España, hacen referencia a dicha soberanía “de la que emanan los poderes del Estado”. Sin ella pues, no hay “poderes públicos” o institucionales. 

Toda la peripecia de la Transición del régimen anterior al actual, pretendía recuperar el empoderamiento social e individual que supone esa “soberanía nacional”, hasta que sus agentes más poderosos (los partidos políticos), en virtud del art.º 6º de la Constitución, se erigían en “instrumento fundamental para la participación política” (pero no exclusivo), lo que derivó en su protagonismo total y absoluto en la vida pública y en la sociedad española. Ellos redactaron la Constitución y ellos se han encargado de violarla o modificarla a su antojo, según han tenido posibilidad gobernando. 

Esta situación ha repercutido en los últimos tiempos en que se ha “normalizado” (o es ya habitual) el predominio de uno de los poderes del Estado sobre los otros, lo que supone un retroceso reaccionario y antidemocrático con respecto a las etapas ya supuestamente superadas donde, tanto la soberanía como las libertades individuales, quedan de nuevo restringidas en función de la ideología dominante: un fascismo dogmático que, como nueva religión, pretende vestirse de “progreso” social, acabar con el escaso pluralismo y someter a los ciudadanos a su antojo o con cualquier pretexto. La “nueva normalidad” nos devuelve a la 2ª Guerra Mundial que, desgraciadamente, puede llevar a otros conflictos más amplios y peligrosos para la libertad y la dignidad de las personas. En España ya ha empezado con agresiones físicas e insultos a los adversarios. ¿Sabemos cómo acabará?

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