La necesaria reforma constitucional

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La necesaria reforma constitucional
Juan Laguna
Colaborador de Fundación Emprendedores.

“Ninguna sociedad puede elaborar una Constitución perpetua, ni una ley perpetua. La Tierra pertenece a la generación de los vivos…” (Thomas Jefferson).

Sobre todo en un mundo y unas sociedades cuya seña común de identidad es el proceso vertiginoso de cambio continuo.

Tras la oposición férrea de algunos partidos —llamados a sí mismos “constitucionalistas”— a cualquier cambio en la Constitución de 1978 (salvo los impuestos desde fuera de la soberanía popular y las modificaciones por vía de hecho de las AA.PP.), vuelve a ponerse sobre la mesa la cuestión de su posible reforma en base a la situación planteada en Cataluña pero… una constitución o su reforma no debe obedecer a hechos puntuales que sólo afecten a una parte de la sociedad, sino que debe amoldarse como un guante a la totalidad de los ciudadanos que la forman puesto que todos, en su conjunto, representan la figura del “constituyente”.

La Constitución del 78 con sus luces y demasiadas sombras, ha cubierto una etapa política en España, sirviendo (o tratando de servir) a la reconciliación nacional, a la superación de los enfrentamientos ideológicos anacrónicos entre los españoles, al mismo tiempo que servía de continuidad al régimen anterior, tal como analiza muy certeramente el sociólogo José Manuel Roca en su libro “La oxidada transición”. Una oligarquía de partidos sustituían al “soberano” y le obligaban a aceptar el pensamiento único que se impuso a Europa al final de la II Guerra Mundial: la socialdemocracia:

“Artº 1º.1.- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho.” lo que excluye de entrada el “pluralismo político” que se proclama a continuación (a menos que se trate de pura cosmética). Los partidos formados hasta ahora así lo demuestran y, por ello, sus “partidarios” pueden ser intercambiables. Suárez se definía como tal. El PSOE igual. UPyD igual, Ciudadanos igual, Podemos igual… Sólo los llamados “nacionalistas” son una incógnita y lo mismo pueden apoyar a unos que a otros, según hemos ido comprobando.

De alguna forma las señas de identidad del régimen de Franco: “…una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista….” tal como se concebía el Movimiento Nacional. Todo ello bajo la tutela de quien encarnaba el poder y, en su consecuencia, podía dejar todo “atado y bien atado” con la imposición de una monarquía que había jurado mantener los principios de dicho Movimiento Nacional. Hubo aplausos para quien tuvo la habilidad de hacerlo “desde la legalidad a la legalidad”. La generosidad de los españoles hizo el resto en aras de la convivencia.

Decir que el texto constitucional está lleno de contradicciones del tipo de la señalada, de imprecisiones, de incorrecciones jurídicas y de simples buenas intenciones convertidas en “derechos”, es algo que ya no rechina en el ambiente académico, ni en los foros especializados. Decir que la sociedad que lo aprobó en circunstancias excepcionales ya no es la misma, es una obviedad que nos lleva a la frase de Jefferson. Son las sociedades de cada momento con sus virtudes e imperfecciones, las que tienen el derecho a establecer sus propias reglas de convivencia de acuerdo con las circunstancias en que les toque vivir. Más aún en un mundo donde la globalización económica, impone sus propias reglas para todos los habitantes del planeta a través de la política.

En nuestro venerable texto constitucional, reflejo a su vez de otros igualmente venerables textos europeos, se “colaron” además cosas que singularizaban (“España es diferente”) un tanto nuestra democracia como es el llamado “sistema autonómico”, algo que convierte “de facto” el Estado en un conjunto de “estados” con titularidades de competencias propias, “legalidades” propias, impuestos propios y ejército propios, todo ello garantizado por la Constitución. Que no nos extrañe luego lo que ocurre con la “rebelión de los virreinatos”.

Otro ejemplo: “Artº 1.3.- La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.” En dicho párrafo tratan de unirse conceptos divergentes “per se”: poder absoluto del antiguo régimen (caracterizado por la inviolabilidad del monarca) y “soberanía” del pueblo español (que sí es “violable”, como demuestran los hechos), mezclando a continuación la Jefatura del Estado (que no debe ser inviolable) con cuestiones dinásticas familiares donde, no olvidemos, el titular de la corona era en todo caso el Conde de Barcelona. Una anécdota: ¿porqué la Justicia se administra en nombre del rey y no del Estado?

Si sólo en el primer artículo ya encontramos contradicciones, cuando se avanza con calma, rigor y objetividad por el texto actual, vamos encontrando más y más errores impropios de un texto constitucional. Todo su contenido es confuso y deja a la interpretación posterior el sentido de su articulado. Es decir, cada gobierno, cada parlamento y cada tribunal de justicia, según las circunstancias, pueden hacer una cosa u otra. De hecho esas son las modificaciones que se han venido produciendo y han motivado el descontrol normativo y jurídico que tenemos, con unas “legalidades” enfrentadas (europea, estatal, autonómica y municipal, que ponen en un brete cada una de las resoluciones judiciales. La inseguridad jurídica está servida.

Con todo ello no queremos sino resaltar la enorme responsabilidad que tiene esta nueva sociedad para actualizar el texto, vivificarlo, corregirlo y, en definitiva, hacerlo más sencillo, más preciso y más entendible por todos.

Hace un par de años, precisamente en un foro constitucional, alguien planteaba que esta tarea no debe dejarse en manos de los partidos. Ya se hizo en su momento, todos sabemos cómo se hizo y los resultados del llamado consenso: una nación fragmentada en “nacionalidades” (que sólo es un término administrativo) que, antes o después, se plantearán ser “estados” soberanos. Y lo pueden hacer. Tienen sus propias constituciones (los estatutos), sus propias asamblea legislativas, sus propias instituciones públicas, hasta sus propias fuerzas de seguridad… ¿Qué puede impedirles intentarlo con su gran coste social? La respuesta es: una reforma suficientemente amplia del actual texto constitucional donde sobran complejidades técnicas y faltan certezas y seguridades, donde se sientan cómodos los ciudadanos y los poderes públicos que reciban la delegación de actuar en su nombre, con reglas limpias y directas, igualdad de voto y revocación de mandatos por incumplimiento de los mismos.

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