Vientos de enero traen rumores de intentos de silenciar la voz del PP o de hablar en nombre del PP sin ni siquiera dar la opción de escucharle. ¿Algún interesado gurú ha vaticinado que no hay otra forma de vencerle? ¿Será una falsa percepción? En todo caso, nosotros hablamos y queremos hablar con voz alta y clara, sin sordinas, distorsionadores ni intérpretes.
En materia de justicia, hemos dejado meridianamente claro desde el inicio de legislatura nuestro objetivo: hacer de la dificultad oportunidad y aprovechar la actual configuración del Congreso para que ésta fuera, en palabras del Presidente Rajoy, «la legislatura de la justicia». Aquélla que dé origen e impulso a las grandes medidas y reformas que nuestro sistema necesita. Las que reclama la sociedad y exigen sus principales actores.
Todavía recuerdo lo que me han dicho jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, entre otros, en sus jornadas a lo largo de todo un año y por toda España: Pónganse a trabajar ya y háganlo llegando a consensos.
Desde que se constituyó el Gobierno en la XII legislatura, el Ministro de justicia promovió que fueran los grupos políticos los que marcaran en el Congreso la hoja de ruta y, por ello, impulsamos y constituimos la Subcomisión de estudio y definición de una estrategia nacional de justicia en la que, escuchando a profesionales, usuarios y especialistas, construyéramos por consenso el mapa de una estrategia a implementar por este ejecutivo y con continuidad, mientras sea necesario, por los siguientes, para dotar de instrumentos normativos, tecnológicos y de gestión, perfectamente adaptados a los retos de la sociedad de este siglo, a nuestro sistema de justicia.
La Subcomisión avanzó por unanimidad en todas sus decisiones desde su creación, hasta el punto que a alguno (Podemos) le asustó tanto acuerdo en lo fundamental y decidió seguir su estrategia de la protesta y lo alternativo. Otros prefirieron dedicarse a ensoñaciones independentistas.
Pero PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y Compromís seguimos trabajando en un documento de consenso hasta el 19 de diciembre. Quedaban algunos flecos que rematar y, sobre todo, alguna cuestión que se tornó en dificultad cuando fue señalada por C’s, en el último minuto del partido, como absolutamente determinante para dar el voto a lo que ya se había admitido durante semanas (curioso y sospechoso momento para advertirlo). Meses y horas de trabajo que se ponían en juego a cambio de apoyar un sistema concreto de elección de los vocales de la carrera judicial en el CGPJ, aun conscientes de que puede quedarse en un brindis al sol; que puede provocar la imposibilidad de una estrategia de apoyo plural en aspectos urgentes y capitales para la justicia y de que no pueda aprobarse la ley que deba acogerlo.
Sin embargo, el día 16 se habló de un supuesto bloqueo del PP y del PSOE al cambio en la elección de los vocales jueces y magistrados en el CGPJ en la reunión de la subcomisión del día 15 de enero. Nadie nos preguntó antes si esto era verdad. Y la realidad de los hechos, con testigos cualificados, es que se dejó constancia por esta portavoz y mis compañeros de grupo de nuestra posición: habíamos trabajado por el necesario consenso para buscar entre todos la mejor fórmula y su estabilidad. A ello habíamos dedicado reuniones, conversaciones y propuestas. Ante un posicionamiento sorpresivo de C’s del «todo a una carta» al cierre del dictamen de la subcomisión el GPP, a través mío, dejó claro que nosotros (como desde hace tiempo habíamos defendido) estábamos por la elección directa de los vocales por la carrera judicial, aunque eso no excluye diferentes fórmulas como pretende C’s, advirtiendo que nuestros intentos por el consenso no son una pose, sino la convicción de que el consenso entre el mayor número de fuerzas políticas es el único método que permite, primero, el cambio de la ley y, después, dar estabilidad a una reforma en una materia que no admite más vaivenes.
¿Es esa la medida fetiche para acabar con todos los males de la justicia? NO
¿Es esa la única medida para fortalecer la independencia judicial cuya apariencia tanto ha sufrido en los últimos años? Evidentemente no.
¿Resulta responsable seguir extendiendo densas capas de desconfianza en nuestra justicia? No, porque buscando desgastar a determinados partidos políticos se genera la desconfianza en los profesionales, a lo que nosotros siempre nos hemos opuesto. Hay que distinguir entre las funciones gestoras del Consejo del Poder Judicial y la profesionalidad, imparcialidad e independencia de los jueces en su labor jurisdiccional. Hay que discernir entre percepción y realidad. Hay que diferenciar las propuestas por los grupos políticos (que puede cambiarse) del seguidismo en sus funciones por los nombrados en un órgano de gobierno y gestión del poder judicial.
Interesados en un totum revolutum, sin rigor, para entregarse a la caza de votos, perjudican sin rubor a las instituciones y una imagen que debía ser preservada por encima de todo.
