La Constitución española hoy

La Constitución española hoy
Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

Se cumplen cuarenta y dos años de la aprobación del texto constitucional que serviría para establecer formalmente (en la práctica ya estaba) la convivencia de los españoles, cualquiera que fuesen sus creencias (la política es una), intereses particulares o situación social. Era un cambio de régimen político en España desde la dictadura del general Franco a un sistema pretendidamente democrático donde los partidos políticos (inexistentes hasta entonces) tuvieran la primacía de la acción política. Un sistema partidista más enfocado a resultados electorales que a intereses de la soberanía nacional.

El parto fue difícil. Había posturas enfrentadas en cuanto al modelo constitucional más adecuado. Unos pretendían un texto al estilo americano con una extensión articulada generalista. Otros un texto reglamentista y extenso al estilo de otras constituciones europeas, tal como finalmente se hizo. Y ese fue el primer error, ya que de inmediato se volcaron en el mismo intereses de todo tipo, contrapuestos en unos casos (de ahí sus contradicciones) y consensuados en otros (de ahí su confusión), pero que sirvió para el arranque inicial de una pretendida nueva etapa en la Historia de España.

El sistema electoral se ajustó a tales intereses con una fórmula que, bajo la justitifcación de la proporcionalidad, discriminaba el valor del voto según la circunscripción, premiando así la representación de incipientes nacionalismos de escaso apoyo social en el Parlamento que, no obstante, tendrían una notable influencia política por su excesivo peso parlamentario, actuando como apoyo condicionado siempre de los partidos mayoritarios. Un sistema injusto y contrario al principio de “igualdad” proclamado en el texto constitucional. Esto daría lugar a unas denominadas “preautonomías” que la sociedad española no requería, pero que a los partidos les abría la puerta del clientelismo necesario para nutrir sus filas. Ello llevó a incluir la garantía del derecho de autonomía a las “nacionalidades y regiones que integran la Nación Española”. La carga explosiva latente en este enunciado ya estaba debidamente colocada y los nacionalismos más o menos encubiertos, estaban satisfechos.

La deriva del sistema autonómico era previsible. También en el mismo había posturas inocentes (en las que me incluyo) que todo quedaría reducido a una simple delegación de gestión desde la Administración del Estado a las administraciones periféricas “acercando la gestión pública” a los ciudadanos de cada lugar de España. Para ello sólo era necesario transferir los recursos existentes a unos entes supraprovinciales llamadas comunidades autónomas. Pero esa no era la intención de los nacionalismos llamados “históricos” que, tanto a través de su fuerza parlamentaria influyente, como de fuerzas ajenas al Parlamento de carácter violento, vieron expedita la vía hacia su independencia política y administrativa. Y surgieron los estatutos y la cesión de competencias. La Administración del Estado y sus gobiernos, más atentos a ser apoyados en las Cortes Españolas que a los intereses reales de los ciudadanos, fueron de una u otra forma intercambiando apoyo parlamentario por titularidad competencial, hasta el extremo de aceptarse unas asambleas legislativas al margen del Parlamento Nacional.

Ello ha provocado y sigue provocando unas situaciones claramente contrarias a la igualdad proclamada en el artº 1 de la Constitución, ya que el mundo de los nacionalistas estaba representado simultáneamente en el poder legislativo de carácter nacional y en el poder legislativo de carácter autonómico, provocando la lógica colisión en el ordenamiento jurídico de la Nación y la consiguiente y grave inseguridad jurídica de sus ciudadanos. Esto animaría a otras regiones a sumarse a la fiesta, provocando nacionalismos “full” al amparo de intereses de carácter local de los partidos. La confusión estaba servida y desde luego ha venido propiciando un enfrentamiento territorial e identitario, hábilmente aprovechadp por los partidos para posicionarse a favor de la fragmentación del Estado.

Uno de ellos, el PSOE había aprobado en su renovación de Suresmes (Francia) en el año 1974 “la autodeterminación de los pueblos de España”, sin que tal cuestión haya sufrido ninguna rectificación posterior. Esto suponía que en el ADN político de este partido, ya estaba reconocida la existencia de “nacionalidades” ajenas a la española que parecían sometidas como colonias extrañas a España y por ello tenían el derecho a “autodeterminarse”. Pero no sólo el PSOE reconocía explícitamente esta cuestión, sino que la obsesión del Partido Popular por “centrarse” (sin saber qué es eso), ha hecho defender -como su presidente dijo en su lamentable discurso de la moción de censura al gobierno- lo mismo: “autonomías y multilateralismo”. Sólo eso indica ya la falta de criterio político del otro partido mayoritario, más allá del puro “turnismo”  y el añorado bipartidismo. Hoy por tí, mañana por mí.

Todo ello nos da idea de cómo el “pluralismo político”, otro de los valores o principios constitucionales, ha quedado reducido a una suerte de pensamiento único intercambiable que reconoce la Constitución para el Estado: “social y democrático”. En definitiva la socialdemocracia con ligeros matices, tal como ha demostrado el último gobierno del PP. que se nos impuso a Europa al final de la 2ª Guerra Mundial. Seguimos pues con un texto constitucional respetable por lo conseguido en los primeros años de Transición (una ilusión colectiva), pero con muchas sombras en su contenido y significado, tanto por sus errores y contradicciones, como por las muchas violaciones y modificaciones “de facto” a que ha estado sometido a lo largo de estos años y las vulneraciones flagrantes realizadas desde las propias instituciones que debían velar por su cumplimiento, tanto a nivel nacional como regional. No es ajeno a todo ello la preponderancia del poder ejecutivo sobre los otros poderes: el legislativo que debía establecer las normas y controlar al ejecutivo y el judicial que debía velar por su aplicación de acuerdo con la Constitución. La colonización admjnistrativa y jurídica desde el ejecutivo de los poderes del Estado, más su capacidad clientelar a cargo de los presupuestos, hace posible que estemos en el escenario descrito ya en el siglo XIX por Tocqueville de “despotismo democrático” o de “cesarismo” del ejecutivo  de que habla Spengler en su “decadencia de Occidente” a principios del XX.

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