El sueldo Real

El sueldo Real
Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

El titular mediático dice: “El rey se baja el sueldo un 20%: cobrará 234.204.-euros” viene acompañado de la información “…y fija a su padre una asignación de 187.356.-euros”.

En aras de la transparencia y con una cierta dosis demagógica nos enteramos de la retribución que percibirá anualmente el Jefe del Estado Español (esa es su función real), junto a la “jubilación” asignada a quien le precedió en el cargo, mientras, en la misma portada de prensa, un poco más abajo se dice: “España bate su récord con 12,7 millones de pobres”.

Mucho se ha dicho y escrito sobre la institución monárquica en España. En unos casos para cuestionarla directamente, en otros para apoyarla sin reservas pero, sobre todo, hay una gran mayoría de ciudadanos que sigue preguntándose sobre la utilidad en estos tiempos de una “Casa Real”, cuyo coste no es excesivo si lo comparamos con las cifras de las grandes compañías o empresas públicas, pero cuya función específica como tal queda indefinida al lado de la otra más clara de la responsabilidad del Estado.

Mientras queda claro que tal responsabilidad debe ser retribuída, resulta más cuestionable que el simple hecho de pertenecer a una dinastía sea objeto de estipendio a cargo de los presupuestos públicos. A esto se une el hecho de ser consorte, donde las funciones ya quedan diluídas en actividades sociales de representación de fundaciones y otras organizaciones de carácter privado (lo público queda enmarcado en las estructuras orgánicas institucionales) quienes, en buena lógica, serían las que deberían correr a cargo de tales retribuciones.

La presencia de miembros de la Casa Real en actividades de este tipo hemos visto que ha traído consecuencias desagradables por el uso que de esta presencia se hace por los “avisados”, siempre pendientes de rentabilizar su relación con ellos. No hace falta traer a colación lo que ha supuesto en la práctica una corte de amistades, algunas de ellas de alto riesgo, que permitieron mezclar amistad y negocios desde la Transición en España. Estas personas se convierten a veces en “gestores” de intereses nacionales que se traducen en contratos privados de grandes empresas, lo que nos lleva a pensar en las posibles “incompatibilidades” de sus actividades. No es sólo la supuesta marca “España” lo que se vende, sino la marca industrial particular de quien recibe el contrato.

Conviene pues separar el grano (la responsabilidad al frente de la Jefatura del Estado) de la paja (actividades accesorias) y deslindar claramente las atribuciones y competencias que realizan, para no llevar a equívocos molestos. No están lejos los casos publicados donde se confunde el ámbito de lo público con el ámbito de lo privado, y los intereses nacionales con los intereses particulares, como viene ocurriendo con tantos y tantos casos, donde las instituciones acaban por ser afectadas gravemente por las conductas de quienes las representan.

La Casa Real es una institución histórica, pero no tiene funciones específicas relacionadas con el Estado, al igual que el ostentar un título nobiliario, incluso con mayor pedigree aristocrático, no supone una representación institucional que deba correr a cargo de los presupuestos públicos. El enunciado constitucional de que “el rey reina, pero no gobierna” queda demasiado difuso en el siglo XXI y en la era de las tecnologías y la globalización porque ¿qué significa “reinar”? Etimológicamente sólo estar al frente de una dinastía. ¿Existen los “reinos” en la actualidad? Salvo en países muy concretos (y supuestamente atrasados) no se habla del “reino tal o cual” ya que es un anacronismo histórico.

En cambio la Jefatura del Estado o la Presidencia del Estado tiene su sentido cómo árbitro neutral de la organización del mismo y de su funcionamiento, como cabezas visibles y representantes de las naciones y, sobre todo, garantes de que las constituciones que se dan sus pueblos, sean respetadas escrupulosamente por quienes los representan o deben servir. La firma de los actos jurídicos del gobierno de turno en el caso español, supone el VºBº en la forma y en el fondo del mismo. No es un mero acto protocolario, sino una responsabilidad de la que se pueden derivar consecuencias mejores o peores para los ciudadanos. De ahí sale el sueldo de la Jefatura del Estado, de ese velar por la constitucionalidad de toda la actividad pública o institucional.

Por eso resulta un tanto demagógico el publicitar mediáticamente la bajada de sueldo del primer servidor público del Estado. El ciudadano puede comprender la necesidad de retribuir dicha función en mayor o menor medida ( depende de la riqueza nacional y su justa distribución) sin necesidad de titulares en los medios de comunicación, ni programas especiales dedicados a ello. Lo que no se puede entender para muchas personas es todo lo demás accesorio.

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