Casos mayores y casos menores

Casos mayores y casos menores
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— P U B L I C I D A D —

Cuando se acumulan las amenazas directas o indirectas del Ministerio de Hacienda sobre los supuestos defraudadores fiscales por el daño económico al Estado y se anuncian nuevas imputaciones en el caso de los ERE, la Gürtel o la contratación externa en Melilla de un abogado por casi 1/2 millón de euros, y en el vértigo de noticias que cada día nos sorprende, hemos encontrado en un espacio no excesivamente destacado del diario citado, el titular que recogemos más arriba que supone la pérdida de 500 millones de euros recaudados por la aplicación de tasas judiciales.

En la mente de todos está el tratamiento mediático dado al caso de Monedero de la formación “Podemos” por haber usado (dentro de lo que el sistema establece) la fórmula fiscal menos gravosa, tal como vienen haciendo todos los ciudadanos, empresas y sociedades, orientados por las asesorías fiscales correspondientes. El “escándalo” de la presentación de una declaración complementaria parecía que había puesto en grave riesgo todo el sistema recaudatorio español y al propio Tesoro Público. Era un caso “mayor” al que se debía dar el tratamiento adecuado.

Hace un par de días, en una tertulia televisiva, alguno de los tertulianos que antes habían criticado duramente el caso Monedero, calificaba como “menor” lo ocurrido en Melilla, ya que la cantidad pagada al abogado externo contratado por el Gobierno de la ciudad autónoma no era excesiva. Más o menos la cifra percibida por Monedero por su trabajo. La única diferencia es que la diferencia en uno u otro caso es la personalidad de sus protagonistas.

Mucho se ha hablado sobre el doble rasero con que se miden las actuaciones de las personas aplicando, según convenga, la alarma social que suscitan. Hoy el dato publicado de la extraña desaparición de 500 millones recaudados por tasas judiciales, el Ministerio de Justicia parece no tener una explicación convincente ante la pregunta del parlamentario Joan Baldoví y los argumentos esgrimidos como respuesta se van por las ramas.

Las tasas judiciales, como el resto de los ingresos públicos están (o deben estar) sometidas a un control contable riguroso ya que son parte de los presupuestos públicos. Ahora bien, el sistema de cobro de tales tasas que en su día era directo por los funcionarios habilitados para ello, se ha desplazado a las entidades bancarias y ya resulta habitual el doble paseo en la gestión: pasar a recoger el impreso correspondiente en las dependencias públicas, ir al banco habilitado para su pago y volver a la dependencia con la copia del ingreso realizado. Ingreso que, como es lógico, va a parar a las cuenta de la dependencia correspondiente.

No vamos a entrar a analizar el motivo por el que se realiza este pago de tasas a través de determinadas entidades bancarias que actúan en la práctica como gestores públicos y la obligación para los ciudadanos de desplazarse entre la dependencia institucional y la entidad privada, pero sí deseamos subrayar la enorme gravedad de un hecho de esta naturaleza cuya explicación está todavía pendiente de conocerse.

En la escasa información publicada no se refieren al ejercicio presupuestario al que correspondería ni el origen de la noticia saldado con un “El Ministerio de Justicia asegura que no dispone de información al respecto”, añadiendo que tampoco corresponde a la Agencia Tributaria el control de dichas tasas, lo cual es cierto porque para eso existe la Intervención Gral. del Estado, las oficinas presupuestarias y, en última instancia, el Tribunal de Cuentas que, hasta el momento, no parecen haberse pronunciado al respecto.

No obstante, con la salvedad de que la noticia pueda confirmarse o desmentirse con suficientes pruebas, ha servido como tantas otras para entender lo que en unos casos se subraya como “escandaloso” o de “alarma social” y lo que se califica como “casos menores”.

El sistema de contrataciones externas en el Estado está regulado de forma que no se pidan servicios fuera cuando las AA.PP. los tienen en sus estructuras orgánicas. Los casos más frecuentes son los que se resuelven en los procedimientos contenciosos-administrativos, donde los servicios jurídicos cumplen el papel que tienen asignado orgánicamente. ¿Qué tipo de caso extraordinario se produjo en Melilla para precisar una contratación externa? No es un caso “menor” en las categorías establecidas en la contratación pública y, por ello, no se puede quitar importancia al mismo. Es un gasto que debería haberse justificado previamente ante la Intervención General del Gobierno de Melilla aunque, a estas alturas, parece que los órganos de control interno en las AA.PP. han pasado a un lugar secundario para primar las decisiones “políticas”.

El caso de los ERE de Andalucía donde la cifra se calcula en algunos casos como de unos 2.000 millones de euros, es casi el paradigma de lo que es un caso “mayor”. No obstante, por unas razones u otras, parece que no ha producido suficiente alarma social —como en el caso de Monedero— o, por ir por otra vía política: el caso de los trajes valencianos. Nos recuerda todo ello el cese fulminante de la que fue directora de RTVE por el gasto en indumentaria mientras se utilizaba el avión “Mystere” público para un viaje personal.

Doble rasero según quien sea y el momento mediático en que se produzca. Vivimos tiempos en que la denuncia, tan olvidada en los medios de comunicación durante muchos años, ha tomado cuerpo no sólo en su esencia importante informativa o descriptiva, sino en su calificación jurídica o moral previa (casos mayores y menores) a cualquier acción jurisdiccional. El papel-prensa amarillea muchas veces (no sólo por su composición material) y los medios sustituyen en ocasiones a los jueces en aras de una libertad de expresión no entendida que, al final, sufre en su esencia constitucional.

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