El Estado no es el gobierno

El Estado no es el Gobierno
Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

Parece mentira que, a estas alturas de la película democrática occidental haya que insistir en algo tan obvio, ya que la mayoría de los ciudadanos han sido confundidos interesadamente para despojarlos de su soberanía nacional reconocida en la Constitución Española de 1978 (art.º 2º.2).

Es más, incluso gran parte del mundo institucional o académico, han caído (ellos sabrán porqué) en la misma confusión: creer que el Estado es el gobierno de turno. Ignoran (o fingen ignorar) que el Estado es mucho más que un simple gobierno coyuntural al que se hace responsable de la eficaz gestión de los servicios públicos, sino que el manejo del presupuesto público sin control real, más allá del puro formalismo, convierte “de facto” al gobierno en el dueño del Estado (tal como ocurre en el mundo corporativo donde la propiedad o titularidad empresarial, queda diluida en los amplios poderes de sus ejecutivos: los “CEOs”).

En el mundo de la política, sus “CEOs” institucionales se han apropiado de formas más o menos torticeras del poder absoluto sobre las materias que administran, velando más por sus intereses particulares o partidarios (salvo honrosas excepciones), que por los intereses generales del Estado.

El Estado que es la organización política y administrativa de una nación, se convierte así en la perfecta coartada para todo tipo de acciones o desmanes institucionales, de los que se desprende la voluntad personal y arbitraria del líder, apoyado por quienes le deben su puesto en las listas parlamentarias o el sueldo y el cargo en la amplia estructura administrativa que hemos construido. Los “tics” autoritarios personales encuentran así el refrendo político de los suyos e incluso de la “oposición” cuando esta es débil, inexperta y sometida o esté solamente al socaire de supuestos resultados electorales.

Si los propios políticos “profesionales” son incapaces de distinguir “Estado” de “gobierno”, su profesionalidad queda en entredicho y su título procede, como en los casos que vamos conociendo, más de la cantera mediática que de su esfuerzo o preparación personal. Este enorme déficit democrático queda al descubierto cuando, además, quienes tienen en sus títulos funcionales “del Estado”, se someten a los gobiernos en vez de ejercer la función institucional del control de sus actos. El resultado de todo es una democracia fallida, donde la soberanía nacional es usurpada por quienes la debían servir, traicionando los principios más elementales de la Constitución y del Estado de Derecho.

Los casos que vamos conociendo así lo acreditan y el sometimiento del poder legislativo (quien establece las normas) al ejecutivo, está en la matemática parlamentaria y en el reglamento de las cámaras. Pero también está en la forma de cortocircuitar cualquier iniciativa parlamentaria que no haya logrado los apoyos oportunos partidarios. El Estado aquí queda sometido a una dinámica de intereses particulares de los partidos representados, que no son otros que mantenerse o ganar el poder (el ejecutivo).

Hay que recordar que el sistema parlamentario representativo no es una foto fiel y permanente de la soberanía nacional, ni siquiera del cuerpo electoral, ya que está pervertido por el sistema D’Hondt discriminatorio en el valor del voto de los ciudadanos según la circunscripción. Que los votos de hoy no tienen vía de ser revocados por quienes otorgan o delegan poderes y soberanía, ante el incumplimiento flagrante de promesas electorales (lo que constituye un fraude o engaño). Que los parlamentarios no deberían estar sujetos a mandato imperativo, pero están sometidos a la disciplina de partido. Caso más reciente: la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo.

En el mundo de las Administraciones Públicas de cuyo gobierno es responsable el ejecutivo, todos los que trabajan en el mismo y se ocupan de diferentes tareas son funcionarios “del Estado” (no del gobierno), que tienen como privilegio el no poder ser removidos de sus puestos logrados por oposición (muy fuerte en muchos casos), lo que les permite no colaborar en actos de los gobiernos que sean manifiestamente ilegales o arbitrarios. Con ello dignifican su función, mientras que la contaminan y la pervierten si son cómplices por acción u omisión de desmanes administrativos o jurídicos. El gobierno de estas administraciones puede disponer cambios formales, pero no cambios o interpretaciones particulares de la Función Pública.

Finalmente, en el mundo jurisdiccional está la garantía del Estado (de la soberanía nacional) frente a los demás poderes. Sería la Fiscalía General el órgano que debería actuar ante cualquier irregularidad contra el Estado fuere cual fuere su origen o procedencia. Los fiscales, al igual que los jueces y demás funcionarios públicos, sólo se atienen a la aplicación de las leyes del Estado (que no del gobierno), surgidas del “legislativo “que no vayan contra el ordenamiento jurídico superior. En otra instancia, los jueces y tribunales son (o deberían ser) ajenos a los cambios coyunturales de gobierno. Menos aún contaminarse ideológicamente y contaminar con ello sus sentencias, por muy grande que sea la presión política y mediática sobre ellas. Menos aún por cuestiones de representación partidaria en los órganos directivos y tribunales especiales.

Como vemos, el Estado no es el gobierno (el ejecutivo) por mucho que lo parezca. El ejecutivo representa coyunturalmente una opción política partidaria y defiende los intereses de su partido o simpatizantes, cuyo voto es más o menos cautivo en función de las mercedes otorgadas desde los presupuestos públicos. Si nos atenemos a las estadísticas sobre la población (nº de habitantes) o el censo electoral, comprobaremos que, al final, el soporte político de los gobiernos no tiene el apoyo mayoritario de la soberanía nacional (al menos de forma permanente y continua) y no es, ni puede ser ni representar el Estado en su totalidad.

Lo más sorprendente es que todavía haya que hacer pedagogía tan básica para recordar lo que es y debe ser una democracia.

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