¿Dónde está el Rey?

¿Dónde está el Rey?
Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

Es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos a la vista de la situación de emergencia política y sanitaria que padece España, junto al resto de países del mundo, cada cual con un sistema diferente de estado, pero en cuyas cabezas se ha situado la figura de la Jefatura del Estado, alguien responsable de un pueblo azotado por el huracán de la tragedia del COVID 19. Como es lógico no preguntan por su presencia física, sino por su presencia institucional. 

En nuestra Constitución de 1978, el Título II trata “de la Corona”, no de la Jefatura del Estado, si bien el artº 56.1 adjudica tal función al rey: “El rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español, etc, etc…” Es, por tanto, una figura funcional del Estado con la responsabilidad de evitar la fragmentación del mismo por una parte y de supervisar el funcionamiento “regular” de las instituciones públicas emanadas de la soberanía popular (artº 1.2 de la C.E.) en forma de “poderes”. El resto de los artículos de este título, hasta el 65, ya se refieren en exclusiva al “rey” y no al Jefe del Estado, dando lugar a cierta confusión interpretativa entre la figura del monarca y la de su función institucional.

Debemos deducir que es la función y responsabilidad del Estado la que se retribuye desde los presupuestos públicos y, en consecuencia, la convierte en un agente principal en los asuntos de Estado. No se retribuye el hecho de “reinar” (que es una cuestión puramente dinástica y que se contempla en el artº 65.1: el rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa”), sino el trabajo que realiza para y por el Estado Español. Lo “dinástico” se reconoce en los artículos 57 y siguientes que tratan y previenen la sucesión hereditaria del título real. 

 Es a partir del juramento ante las Cortes Generales de “desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constituciòn y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos…” (artº 61.1), cuando se convierte en el primer funcionario del Estado con las atribuciones establecidas en los artículos 62, 63, 64 y 65 del citado Título II y un sueldo extraído del presupuesto total de la Casa Real, cuya finalidad es: “asegurar que la Jefatura del Estado, disponga de una dotación presupuestaria suficiente para que el Jefe del Estado pueda desarrollar su labor con la independencia inherente a sus funciones constitucionales”, según la web de la misma. 

Entre tales atribuciones están las de: “a) sancionar y promulgar las leyes; b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución; c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución; d) Proponer el candidato a presidente de gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución… etc, etc…). No es por tanto un agente pasivo del Estado útil sólo para el protocolo (como se ha pretendido), sino que tiene unas responsabilidades definidas que puede ejercer en relación con el mundo institucional (recordemos como Carlos Arias Navarro, presidente del primer gobierno, fue apartado de su función por el actual rey emérito el día 1 de julio de 1976, al igual que fue apartado Adolfo Suárez posteriormente. En ambos casos “por haber perdido la confianza del Jefe del Estado” que es una fórmula cortés de cese). 

Bien es cierto que “los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes” (artº 64.1) lo que parece establecer que, los mismos, están sujetos a dicho refrendo o autorización, porque de ellos “serán responsables las personas que los refrenden” (artº 64.2). Con ello se llega a una situación de interdependencia mutua reconocida en el artº 56.3 de la C.E. sobre la inviolabilidad de los mismos: “sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artº 64, careciendo de validez sin dicho refrendo”, salvo en el caso del personal al servicio de la Casa real (artº 65.2 de la C.E.). Un tema al que ya nos hemos referido anteriormente y sobre el que se abre un amplio debate jurídico. 

Estamos pues ante el momento político y sanitario siguiente:

  1. Una pandemia sanitaria provocada por un patógeno desconocido, que está provocando un gran número de muertes y contagios entre la población española, sin que se haya hecho caso a las advertencias de los diversos agentes internacionales y nacionales por parte del actual gobierno, que minimizó sus consecuencias, bien por motivos de ignorancia o por motivos de carácter partidario o electoral. 
  2. Un gobierno formado por una coalición de partidos cuyas disensiones internas ya no se pueden ocultar, donde el presidente parece preso de unos u otros compromisos personales para mantenerse en el cargo, dando lugar a una gestión ineficaz, improvisada, manipulada informativamente y desconcertante la mayoría de las veces.
  3. Un clamor cada vez más extendido sobre la necesidad de designar un gobierno de emergencia nacional (aunque sea con carácter provisional), para hacer frente a la situación actual, con una corresponsabilidad de gestión ajena al interés ideológico o partidista. 
  4. Un Parlamento prácticamente desaparecido al que se hurtan sus funciones de control y seguimiento de las medidas del ejecutivo, al amparo de un estado de alerta con algunos excesos que pueden vulnerar derechos fundamentales y vulneran la separación y equilibrio de poderes. 
  5. Unos servicios públicos colapsados en su capacidad, distribuidos en forma territorial o autonómica, donde cada región está sujeta a sus propias normas y a la gestión que imponga el partido gobernante en cada uno de ellas, con las carencias de personal, de medidas de protección sanitaria, de elementos de control de contagios y de recursos para una crisis de esta envergadura. 
  6. Un asesoría científica y política cuestionables, más pendientes de dejar bien al gobierno, que en aportar y defender soluciones y respuestas basadas en el conocimiento, en el rigor y en la eficacia.
  7. Y, desgraciadamente, miles de muertos amontonándose en palacios de hielo y otros lugares, sin tener siquiera la cercanía de sus familias, a la espera de tener un entierro digno. 

Por todo ello los españoles, cada vez más, se preguntan: ¿Dónde está el Rey?

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