Día mundial contra la pena de muerte

Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.
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Es una nueva jornada de reflexión mundial sobre la barbarie que representa todavía la existencia de la pena capital en muchos países y estados, como medida —legalmente bendecida— de sancionar delitos de uno u otro tipo, desde los antisociales hasta los militares, haciendo de la muerte una demostración de poder del fuerte contra el débil, del estado contra el ciudadano.

Hay que remontarse a las primeras sociedades tribales donde tal acto de barbarie servía como acto de venganza o de simple eliminación de rivales en el clan donde —no obstante— se buscaba en muchos casos evitar tal extremo para no debilitar más al pequeño grupo, ya que la muerte por venganza lleva normalmente a una espiral de violencia mayor que aumenta el daño social (como desgraciadamente sigue ocurriendo entre pueblos y sociedades contemporáneas unidas por juramentos y obligaciones que escapan a la aplicación del derecho colectivo para sustituirlo por su propia ley).

La llamada Ley del Talión que permitía la compensación igualitaria de daños (ojo por ojo) dejaba también abierta la puerta a alternativas diferentes a la muerte, pero persiste en el imaginario social como demuestran las manifestaciones ciudadanas a las puertas de muchos juzgados o las condenas mediáticas que fomentan las mismas. Los gritos en el siglo XXI en el sentido de aplicar penas severas o capitales a muchos delincuentes o simplemente imputados, son una realidad que contrasta con posturas más políticamente correctas a la hora de posicionarse públicamente sobre este tema.

Han cambiado muchas cosas desde la creación de las primeras ciudades-estado mesopotámicas con sus primeros códigos legales, en los que se incluía la muerte para los supuestos de homicidio y adulterio, dos cuestiones execrables socialmente todavía como prueban las muchas víctimas de la violencia de género, en las que esta sociedad reconoce aún cierta justificación moral para la venganza personal.

Incluso en los textos sagrados del Antiguo Testamento podemos encontrar un amplio catálogo de supuestos para la aplicación de la pena capital: adulterio, homosexualidad, incesto, blasfemias, idolatría, desobediencia a la figura paterna, secuestro y asesinato entre otros, junto con una variada tipología de muertes por lapidación, estrangulamiento, hoguera, decapitación… todas ellas bendecidas por la religión naturalmente. A todo éste conjunto de actos bárbaros bendecidos y legalizados por la ley o por la religión, los estados y pueblos irían sumando las crucifixiones, empalamientos y enterramientos vivos o ahogamientos, para aplicar en unos casos u otros incluyendo el suicidio voluntario en el colmo de la refinación civilizada.

Los delitos de traición a la patria aplicados durante el Imperio Romano, introdujeron y legalizaron un motivo más para la aplicación de la pena de muerte en los códigos militares que, como en el caso de España, todavía quedan abiertos en el Art. 15 de la C.E. como excepción a la abolición de la pena de muerte. Nuevas formas de ejecución se añadieron a las muchas existentes y la roca Tarpeya se convirtió en el patíbulo de los traidores, al mismo tiempo que se incorporaban el descuartizamiento o las fieras del circo, todo ello para gozo y regocijo del pueblo supuestamente más civilizado del momento.

Desde el Código Justiniano hasta las Siete Partidas de Alfonso X, inspiradas en el mismo, la cuestión herética o religiosa fue la razón legal para generalizar el uso de la hoguera como pena capital, además de su aplicación en una amplia variedad de supuestos. Esto no sólo infundía pavor entre la población, sino que daría lugar a la utilización de la justicia para venganzas o resentimientos personales al mismo tiempo que se eliminaban adversarios y se impedía cuestionar los dogmas sagrados y el poder de la iglesia. Nada pues que envidiar a la aplicación de otras leyes basadas en el fanatismo y en la ignorancia. Los reinos cristianos aplicaron con crueldad una justicia basada en principios inhumanos a diverso tipo de delitos desde la falsificación de moneda, el adulterio, la sodomía, el latrocinio y ¡cómo no! la traición al rey. La Santa Inquisición se convirtió en un brazo ejecutor de justicia en nombre de Dios y sus hogueras fueron el castigo herejes en el que cabían rivales políticos, rebeldes o intelectuales peligrosos por sus ideas, al igual que lo haría la Reforma Protestante ejecutando directamente a los reos en lugar de hacerlo la justicia civil dadas las razones de fe por las que se aplicaban los castigos.

El reinado del terror que siguió a la Revolución Francesa descubrió la guillotina aplicada por igual en los miles de ejecuciones, ya que el concepto de ciudadano equiparaba a todos en las sentencias judiciales (cuando las había) en una interpretación un tanto forzada del concepto de “igualdad”, mientras la Ilustración alumbraba el concepto de Derecho Natural y las primeras instituciones civiles de policía o penitenciarías, como base de un sistema de justicia independiente, racional y más justo. Hay que esperar al siglo XIX para empezar a descubrir las primeras voces cuestionando la pena capital que, como dijo Marx —entre otros intelectuales políticos-, “sólo mostraba la brutalidad de quienes lo aplicaban”.

Los conflictos bélicos del siglo XX consolidaron en sus organizaciones militares y ejércitos la aplicación de códigos estrictos de disciplina y honor, manteniendo la aplicación de la pena de muerte, tanto individual como colectiva (ejecuciones en masa o daños colaterales), lo que supuso la muerte de millones de personas por fusilamiento, bombardeo, cámaras de gas, incineración (hogueras más avanzadas técnicamente), agentes biológicos, armas convencionales, químicas y nucleares con las que se han perpetrado genocidios civiles, muchas veces en nombre de la paz o de la democracia pero que, en el fondo, vienen a demostrar cómo el desarrollo del progreso puede ser paralelo al desarrollo de la destrucción, con la multiplicación de métodos violentos y bárbaros en pueblos que presumen de cultos y civilizados.

Frente a todo ello han surgido movimientos civiles abolicionistas que son conscientes de que la violencia, las guerras, la destrucción y la muerte, nunca son soluciones a los conflictos humanos y, en todo caso, demuestran el fracaso de la política. Estos movimientos han logrado la eliminación de la pena capital de los códigos legales de gran número de estados, aún con una cierta variedad de matices, desde los abolicionistas plenos a los tibios (como el caso de España); desde los abolicionista “de facto” (aunque mantengan la pena en sus códigos), hasta los llamados “retencionistas” que conservan y aplican la pena de muerte en forma más o menos amplia.

Son ya 150 estados miembros de Naciones Unidas los que se han unido a este proceso abolicionista y si bien la abolición total a nivel mundial es el objetivo final de las organizaciones que trabajan para ello, es tarea de todos llegar a las conciencias individuales de los ciudadanos del mundo, sea cual fuere su cultura, religión, política o tradiciones, para hacerles entender que un acto de barbarie o antisocial, no puede ni debe reprimirse ni castigarse aplicando la misma barbarie, aunque esté teóricamente bendecido por religiones, estados y sociedades.

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