Cuestión de soberanías

Cuestión de soberanías
Juan Laguna
Colaborador de Fundación Emprendedores.

El preámbulo de nuestra Carta Magna dice: “La Nación Española, deseando establecer la justicia, la libertad. la seguridad y promover el bien de cuentos la integran, en uso de su soberanía proclama su voluntad de:…”  El artº 1º.2 dice: “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

En aquellos momentos del año 1978, España aún permanecía al margen de la actual UE ya que, hasta el 1 de enero de 1986, no formalizaría su entrada en el  organismo supranacional europeo, con las ventajas e inconvenientes que tal adhesión produciría. El más evidente la subordinación de buena parte de nuestra proclamada soberanía a los intereses, organización y directivas de sus órganos constitutivos. Tanto los institucionales básicos (Parlamento, Comisión y Tribunal), como los no menos importantes (Consejo, Banco Central, etc.). Se trataba de perder facultades nacionales a costa de la pertenencia a la UE.

Como todo lo que ha devenido con posterioridad a nuestra Constitución, queda en una especie de limbo jurídico nacional al no haberse adaptado el texto constitucional a las nuevas circunstancias, limitándose a la transposición de las directivas vinculantes comunitarias al ordenamiento jurídico nacional, sin tener en cuanta posibles contradicciones e incluso aberraciones jurísdiccionales. De esta forma, sobre la legislación española se cierne siempre la prevalencia de lo europeo sin que, a pesar de ello, parezcan existir problemas jurídicos.

Viene todo esto a cuenta de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 19/12/2019 (asunto C-502/19) emitido a petición de decisión prejudicial mediante auto de 1 de julio de 2019, de nuestro Tribunal Supremo en cuanto a la situación de los políticos condenados por el delito de sedición, que han formado parte de los diputados elegidos para el Parlamento Europeo en la última convocatoria (26/5/2019). El caso más claro afecta al líder de ERC Oriol Junqueras, pero afectará también a otros huidos de la justicia española y considerados “refugiados” por la justicia belga. Por un lado la soberanía de los tribunales españoles; por el otro la soberanía de los tribunales belgas. En medio de todo ello, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE como respuesta al Tribunal Supremo Español, que constituye un varapalo a nuestra soberanía judicial y a nuestro ordenamiento.

Según el ordenamiento jurídico español, los candidatos a ser diputados deben jurar acatamiento a la Constitución y recoger su acta de tal, para considerarse formalmente representantes políticos en los órganos parlamentarios. Según el dictamen del TJUE, se adquiere la condición de eurodiputado desde el momento en que se hacen públicos los resultados electorales, lo que supone la inmunidad parlamentaria no sólo para el señor Junqueras, sino para los señores Puigdemont y Comín, elegidos también para el Parlamento Europeo. Tal circunstancia exigía que se hubiera tramitado el correspondiente suplicatorio a dicha institución previamente a la instrucción del procedimiento y, en todo caso, reconocer la inmunidad de los elegidos:

“ 77.- A este respecto, como resulta tanto del artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión, como del título de su capítulo III del que forma parte tal artículo, las inmunidades de que se trata se reconocen a los miembros del Parlamento Europeo y, por tanto, a quienes han adquirido esta condición como consecuencia de la proclamación oficial de los resultados electorales por los estados miembros….

78.- En relación con estas inmunidades garantizadas a los miembros del Parlamento Europeo, el artº 9, párrafo primero del mencionado Protocolo, prevé inmunidades de las que gozan de igual modo durante todo el período de sesiones de una legislatura determinada del Parlamento Europeo, aunque éste no se encuentre de hecho reunido en sesión….

80.- Gozan igualmente de inmunidad los miembros del Parlamento Europeo cuando se dirijan al lugar de reunión de dicho Parlamento o regresen de éste y, por tanto, cuando se dirijan a la primera reunión celebrada tras la proclamación de resultados.

87.- …. por lo tanto, debe considerarse que goza de inmunidad el Sr. Oriol Junqueras al ser proclamado electo en el Parlamento Europeo…”

Por su parte, el artº 71,1 de la C.E. dice: “Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de su funciones” que, en la práctica, podría traducirse por la misma inmunidad a que se refiere la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia.

Hasta ahí llega la respuesta en la que no se plantea (como sería lógico) la revisión del caso, sino que vuelve a crear inseguridad jurídica en cuanto a cómo proceder por parte del Tribunal Supremo Español que debe reconocer tal inmunidad que “implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir las formalidades requeridas”  o, en su caso, si se estima oportuno, solicitar la suspensión de inmunidad al Parlamento Europeo, para mantener la medida de prisión provisional… según el artº 9, párrafo tercero del citado Protocolo nº7.”

En la sentencia parece obviarse que el Sr. Oriol Junqueras tiene ya una condena en firme y su prisión no es “provisional”, por lo que no parece procedente tal levantamiento si no hay una revisión de la sentencia del Tribunal Supremo que confirme (o no) si se quebrantó su inmunidad como europarlamentario o se sustente la doctrina contraria. 

Por nuestra parte solo cabe reflejar el caos jurídico en que nos movemos en cuanto a la falta de reconocimiento de las diferentes soberanías (nacionales o europeas) en nuestro texto constitucional (entre otros muchos fallos) y las leyes que lo desarrollan, si queremos establecer el principio de igualdad ante la ley. donde las inmunidades o inviolabilidades parlamentarias sólo sean efectivas en actos parlamentarios. No es posible la unidad europea, si esta no abarca de una vez por todas la unidad política y legislativa (Parlamento Europeo) y la unidad jurisdiccional (Tribunal de Justicia Europeo) a la que someterse todos los órganos de los estados miembros en las mismas condiciones.

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