Cuestión de lealtades

Cuestión de lealtades

Resulta evidente que, desde hace bastantes años, existe una grave confusión institucional en cuanto se refiere a las “lealtades” de sus miembros al Estado (a la soberanía nacional del pueblo español del que emanan los poderes del Estado) que, en gran medida, está propiciada por una redacción asimismo confusa del texto constitucional. Unos comentarios recientes de miembros del propio gobierno sobre la lealtad al Estado del Poder Judicial, son la demostración palpable.

La más importante y más grave es confundir “gobierno” o “poder ejecutivo” con el Estado (la organización política y administrativa de la nación”) lo que equivale a una apropiación indebida del conjunto de “poderes” por uno de ellos. El “cesarismo” antidemocrático y anticonstitucional del ejecutivo que ya anunció Oswald Spengler a comienzos del siglo XX en su “Decadencia de Occidente”.

Los gobiernos respectivos aprovechando unos sistemas electorales defectuosos e injustos o unas situaciones de poder (como las mayorías parlamentarias, la distribución del presupuesto, las subvenciones, los nombramientos y retribuciones con sus respectivos privilegios), se han erigido de hecho en una forma de dictaduras ajenas a la concepción democrática del poder y sus necesarios equilibrios y controles, lo que ha provocado —como es lógico— una forma de sometimiento del resto de las instituciones y de los cuerpos del Estado al poder menos importante del Estado: el ejecutivo, el que sólo está para obedecer y ejecutar las leyes, no para imponerlas.

En la Constitución Española “el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”(artº 97) lo que parece contradecirse por “la iniciativa legislativa corresponde al gobierno, al congreso y al senado de acuerdo con la Constitución…” (artº 87.1) donde resulta clara la preeminencia en el orden legislativo. El Parlamento, las Cortes Generales que representan la soberanía nacional, quedan preteridas a un segundo lugar y se limitan a ser “conocedores” de la decisiones gubernamentales.

Esta anomalía democrática se basa en el sistema electoral utilizado para tal representación donde, lejos de ser una representación directa de los ciudadanos, éstos se limitan a elegir entre las listas cerradas de los partidos y sus etéreos programas (que nunca se cumplen), a través de votos de diferente valor electoral según su lugar de emisión, lo que choca de nuevo con los valores proclamados: “libertad, justicia, igualdad y pluralismo político”. También contradice el que“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o circunstancia personal o social” (artº 14).

A pesar de que “los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo” (artº 67.2) en la práctica lo están por la llamada “disciplina de partido”. Como vemos, el cúmulo de despropósitos son caldo de cultivo de la confusión de lealtades.

Los cargos públicos juran lealtad a la Constitución del Estado, a las reglas básicas que lo rigen tanto en el ordenamiento jurídico, como en la organización jerárquica administrativa presidida por el gobierno de turno, cuyo deber —entre otros— es la defensa del Estado en su conjunto, no del gobierno encargado de su administración. Es decir, todos los cuerpos institucionales del Estado han jurado lealtad al mismo (a la soberanía nacional) no a un sector del mismo (minoritario muchas veces en relación con el censo electoral, lo que supone la imposición de una parte sobre la mayoría de la población). Nueva anomalía electoral antidemocrática que da origen a la confusión de lealtades que rizan el esperpento, cuando se admiten juramentos o promesas fuera de lugar.

La necesaria neutralidad institucional se resiente además de las imposiciones ideológicas partidarias en forma de leyes ajenas al reconocimiento de los valores superiores ya señalados en el artº 1.1., dando lugar a un sesgo discriminatorio social que provoca el enfrentamiento, las tensiones, las injusticias y los conflictos, todo ello ajeno a la convivencia pacífica constituyente.

Para solventar estas cuestiones, la Constitución crea la figura de la Jefatura del Estado encargada al Rey: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…” En este encargo radica la funcionalidad constitucional de la monarquía que se viene arrastrando desde el año 1978. El Rey, como Jefe del Estado, es el primer funcionario público con la mayor responsabilidad estatal, encargado de: “sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones,…” entre otras cosas. No es una figura retórica ni ornamental, sino funcional al servicio del Estado (de la soberanía nacional), obligado a actuar en consecuencia, pero… nueva anomalía contradictoria: “los actos del Rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes.” (artº 64.1). De nuevo las “lealtades” parecen confundirse.

Al final, el ciudadano (la soberanía nacional) percibe y recibe en sus vidas las consecuencias de estas confusiones de lealtades que quedaron de manifiesto en la ya célebre frase del residente del gobierno: “¿de quien depende la Fiscalía (del Estado)?… pues eso”. Una dependencia que —al parecer— llega a todo el entramado institucional pervirtiendo al sistema democrático.

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