Contrataciones públicas

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— P U B L I C I D A D —

Recientemente un informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia cifraba en 48.000 millones de euros el sobrecoste de las contrataciones públicas por prácticas poco eficientes en el control del gasto público. Una cifra que supondría un 25% aproximadamente del total de licitaciones públicas anuales y un 4,5% del PIB y que supondría la resolución de los desequilibrios presupuestarios existentes.

Curiosamente, estos datos procedentes de un órgano oficial supervisor, parecen haber pasado sin pena ni gloria por el mundo de la política o del gobierno. Ni el Parlamento parece haber registrado ninguna iniciativa parlamentaria requiriendo de inmediato una comisión de investigación, ni el gobierno parece estar buscando responsabilidades sobre este abultado déficit con la misma fruición con que se investigan a los ciudadanos, ni por supuesto los medios han insistido demasiado en el tema que provocó un titular como: «La CNMC fija en 48.000 millones la factura de la corrupción en la contratación pública» (“El Confidencial).

Según éste medio “…el CNMC pone el dedo en la llaga de las principales deficiencias que caracterizan la licitación, al tiempo que lanza claras recomendaciones para poner coto a las prácticas entre los oferentes de servicios públicos. Los pactos secretos de no competencia para el mismo servicio, los célebres cárteles económicos, están en el punto de mira…. “ No es ya por tanto una mera cuestión especulativa como demuestra la sanción impuesta al llamado “cártel de la basura” formado por importantes empresas para apropiarse y repartirse la contratación de este servicio en ayuntamientos de toda España que, asimismo, recoge también “El Confidencial”.

Nos encontramos de nuevo ante un panorama desolador en la gestión del dinero público orientado por la recaudación asfixiante impositiva a los ciudadanos “normales” (según el PP), mientras van destapándose las distintas tramas de corrupción, nepotismo, mala gestión, arbitrariedades y demás irregularidades de lo que se dice “estabilidad” y “gobernabilidad”. Es decir, la posibilidad desde las mayorías de ejercer el clientelismo político confundiendo y tratando de confundir a los ciudadanos de cara a las próximas elecciones.

Desgraciadamente tenemos un sistema que se ancló en una sociedad que, como el avestruz, prefería esconder la cabeza y no enterarse mientras las cosas no la afectaran directamente. Ha tenido que ser una crisis como la actual la que ha hecho sonar las campanas de alerta para encontrarse con que, tanto desde los espacios públicos (vía impuestos) como desde determinadas entidades que funcionan en régimen de oligopolios, se ha estado “saqueando” las ya de por sí precarias economías privadas.

Ahora se pronostica un cataclismo político cuando emergen nuevos partidos que pueden hacer peligrar ciertos privilegios de una “casta” política, económica y social que se había adueñado del Estado con los resultados conocidos y, lo que es peor, lo que queda por conocer. La punta de “iceberg” sólo está mostrando una parte (aún pequeña en nuestra opinión) de todo lo que puede haber sumergido. Han sido muchos años de rodillos políticos y caciquiles que se prestaban a éstas malas prácticas que la cosmética Ley19/2013 de “transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” no parece facilitar en cuanto a su conocimiento con un sólo párrafo del Art. 14.1: “El derecho de acceso podrá ser limitado cuando el acceder a la información suponga un perjuicio para: k) la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. Es tanto como decir “cuando no nos parezca oportuno”.

El endeudamiento público se ha hecho a costa de prácticas como las descritas por el CNMC para las contrataciones públicas. Todas ellas tienen unos responsables políticos que basándose en una “legalidad” creada por ellos mismos, les blindaban de responsabilidades posteriores. Los compromisos adquiridos en el espacio de tiempo de una convocatoria electoral a la siguiente han servido para hipotecar a los sucesores y éstos, a su vez, por una especie de acuerdo no explicitado entre ellos, no han empezado su andadura con una auditoría real de la situación encontrada.

Por ello las alarmas mediáticas sobre un verdadero cambio político (sin acuerdos de “omertá” implícitos) que pueda seguir destapando, aclarando y pidiendo responsabilidades (al menos políticas ya que las otras son “legales”), a quienes desde hace muchos años, demasiados, tomaron lo público por lo propio y para ello desmontaron o se deshicieron de controles reales a sus actos y decisiones, al amparo de haber sido “elegidos” por el pueblo para gobernar.

Las “trampas” existentes en el sector de las contrataciones públicas son tan conocidas como las de recalificación de suelos y otras ligadas a la corrupción política y pública. Los “reformados” que multiplican los presupuestos iniciales y que sirven para el verdadero compromiso económico, sirven para demostrar que o bien los técnicos públicos que valoran, supervisan y siguen el proyecto son unos incompetentes o que, por encima de ellos, hay una voluntad superior que decide finalmente (eso sí, sin constancia escrita de tal decisión). Ante eso sólo cabe claudicar para permanecer en el puesto y en la promoción pública o el rechazo a colaborar con tales prácticas ya que, las denuncias formuladas, no suelen ir a ninguna parte puesto que la “legalidad” asiste tales decisiones.

Finalmente, las llamadas “puertas giratorias” permiten que la responsabilidad política (en el caso de producirse) tengan el paliativo del puesto-chollo que sirva de consuelo a la pérdida del cargo. Cientos de empresas y entidades públicas, semipúblicas, mercantiles y privadas tienen suficientes huecos en sus filas de consejeros y directivos que ofrecer. Hay casos suficientes para seguir el hilo de la madeja que nos lleven a aclarar muchos de los casos aún hoy en la sombra de la “legalidad”.

 

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