Con sardanas y a lo loco

Carles Puigdemont
Carlos Miranda
Carlos Alonso Miranda y Elío, V conde de Casa Miranda, es un diplomático español Licenciado en Derecho, que fue Embajador de España en el Reino Unido desde julio de 2004 hasta 2008 y Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde julio de 2008 hasta su cese en febrero del 2012.

Carles Puigdemont acabó confesando un truco de sus malabarismos: el 10-O el Parlament no votó la independencia de Cataluña. Independencia no declarada, sin duda, pero orden constitucional no restaurado.

Algunos, incluso bienintencionados, ponen en un mismo plano la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución pidiendo que no tengan lugar ninguna de las dos para facilitar un dialogo entre Madrid y Barcelona cuyo contenido no delimitan. Lo que pasa es que la contrapartida de una no aplicación del 155 es en realidad la vuelta al orden constitucional que no solo exige la no declaración unilateral de independencia sino también invalidar las leyes septembrinas de desconexión y el referéndum del 1-O como referencia de una voluntad popular en realidad manipulada.

Mientras no haya una marcha atrás del Govern, la aplicación del artículo 155 es difícil de evitar por parte de Mariano Rajoy aunque sea reticente al vislumbrar, como cualquiera, las dificultades prácticas que ello implica y que los secesionistas lo aprovecharán para seguir alimentando el sueño imposible de su imaginación y la pesadilla que nos ofrecen en la realidad.

No solo intentan los secesionistas seguir con su secuestro de todos los catalanes fuera de la Constitución y del Estatut, tratan, asimismo, de mantener su plan de morir matando, empeorándolo todo tanto que se haga inevitable, piensan, el hundimiento económico de Cataluña y, por contagio, de España y de la Unión Europea, pretendiendo, ni más ni menos, una inestabilidad del euro con la esperanza mentalmente enfermiza de que desde la UE y de la Comunidad Internacional se extraiga con fórceps de Madrid la concesión de la independencia del Principado.

Con su desorden en Cataluña, ofrecen los independentistas a los países, medios de comunicación y centros de reflexión internacionales que no quieren una UE fuerte un asidero para desestabilizarla internamente y poner en evidencia asimismo contradicciones de su política exterior como lo fue, por ejemplo, el reconocimiento de Kósovo (que España y algunos otros países socios no realizaron).

Cataluña vive desde los días 6 y 7 de septiembre, cuando impusieron en su parlamento unas leyes inconstitucionales de desconexión, en una aparente dualidad jurídica con una legalidad legitima a la que se le ha superpuesto otra ilegal produciendo inseguridad en todos los ciudadanos y actores económicos. En esta situación podrían verse obligados a cotizar a la Generalitat una duplicación de los impuestos que han de entregar al Estado.

Sería un verdadero impuesto revolucionario al estilo del que cobraba ETA. Ello bajo amenazas que afectan en diferentes grados al bienestar y a la vida de cada catalán. No habrá pistolas ni explosivos, pero los efectos perniciosos y angustiosos de este chantaje pueden llevarse por delante a más de uno.

En estas circunstancias, sigue Pablo Iglesias aferrado a un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Ada Colau y otros pescadores en ríos revueltos están en la misma tesitura irresponsable a la que suman numerosas y peligrosas ambigüedades por motivos electoralistas.

Hace bien Pedro Sánchez en seguir respaldando activamente al Gobierno de la Nación en la restauración de la legitimidad democrática en Cataluña como lo hace también Albert Rivera rechazando los diversos chantajes a los que personajes como Puigdemont, Junqueras y Mas someten a la sociedad española, incluida la catalana.

Mientras el artículo 155 llega a su aplicación, Puigdemont tiene todavía un margen para dar claramente marcha atrás o convocar, al menos, elecciones regionales en Cataluña. Si, por el contrario, declara formalmente una independencia ilegítima en el Parlament, como amenaza, solo incrementará el caos.

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