Ciscar políticos

CIS
José Luis Heras Celemín
José Luis Heras Celemín es autor del libro “El Caso Bankia y algo más… o menos” y Director de Comunicación de la Fundación Emprendedores.

‘Ciscar’. Verbo transitivo que define ‘ensuciar una cosa, causar molestias a alguien o evacuar el vientre’. Podría especularse con la utilidad de ensuciar políticos, producirles molestias o ver cómo la sociedad evacua, excreta o defeca a los nocivos. Pero lo adecuado es lo contrario. Para que ciscar políticos sea útil, conviene detallar la actividad, ajustarla y usar formas adecuadas.

Métodos demócratas. Ahora. Cuando campean el Covid-19 y sus crisis. Cuando se cuestiona al rey Juan Carlos I. Cuando, sin perspectiva histórica, se habla de Reformar la Constitución para repensar lo pensado y votado. Cuando, con la que está cayendo, aparece como cortina de humo la alternativa monarquía-república que trastoca el sistema y lo emborrona. Ahora.
Afinando el diccionario, señalemos qué es este ‘ciscar’, el método para aplicarlo, y qué propuestas pueden suguerirse.

‘Ciscar’: Ser estudiado por el CIS, organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, cuyo fin es el estudio científico de la sociedad española, a través de la elaboración de encuestas periódicas. Ciscar políticos, pues, es el estudio científico de la parte de la sociedad española que la dirige: Los políticos. Especialmente los de más relevancia: Presidentes de Gobierno y autonómicos, ministros consejeros y la nómina que tasca en el poder.

El CIS, aún subordinado al Gobierno y dirigido por Tezanos, es una institución de capacidad profesional acreditada que usa recursos públicos para hacer prospecciones periódicas sobre la actualidad. Previsiones de voto y aplicaciones matemáticas para tratamientos estadísticos con interés sociológico. El CIS obtiene datos anticipados del futuro. También se ha sugerido que se ocupe de exploraciones sobre algo tan abstruso como cuestionar la Monarquía que acordamos en el pasado, la actual, para sustituirla por una república indefinida. Pero lo que urge, más que las exploraciones, es la seguridad que depende de quienes usan el poder: Atenciones sanitarias y sociales. Incapacidades e improvisaciones peligrosas. Mentiras que producen daño. Y los descalabros conocidos.

Para remediarlo, conviene ciscar políticos, o, lo que es lo mismo, pasarlos por el tamiz científico del Estado. Para hacerlo, a favor de la seguridad nacional y en beneficio de todos, puede arbitrarse un método fácil de hacer dadas las cualidades del CIS: Pasando un tiempo inicial, cien días de gracia prolongados como se decida (trimestre o año), se trataría de ‘ciscar políticos’ para conocer el resultado científico de un análisis basado en opiniones de los ciudadanos. Se obtendrían así unas calificaciones, de ciudadanos a políticos, que definirían la capacidad de estos, la conformidad de los ciudadanos con ellos, y la continuidad o cese de mandatos.

“Del Rey abajo ninguno”, proclamó Rojas Zorrilla. De acuerdo con el título y cuestionadas actuaciones del rey Juan Carlos I, no hay razón para hurtar al pueblo la posibilidad de opinar sobre las actuaciones de los políticos y decidir qué hacer con ellos. Consecuentemente, dado que el poder reside en el pueblo (Constitución, artículo 39), parece adecuado que sea el pueblo quien, sin dilaciones, decida corregir errores y apartar del poder a los no útiles.

¿Hasta qué extremo ha de ‘no gustar’ la actividad de un político para sustituirlo o exigirle responsabilidades por sus errores? Dada la importancia de su misión y lo que significa para la sociedad, parece adecuado decidir como ‘nota ciudadana mínima’ la que, en una valoración de 0 a 10, alcance el 7 (notable). No conseguida la ‘nota ciudadana mínima’, parece conveniente que la sociedad los expulse del poder.

Sí: Expulsión del poder. Pero no solo. Además hay algunas propuestas que pueden sugerirse para compensar a la sociedad del daño hecho por el político incapaz o incompetente. En este sentido, apuntemos: En democracia, el servicio político es un honor al que todo ciudadano tiene derecho. Junto a ese derecho, el que aspire a servir al pueblo ha de asumir la responsabilidad de servirlo bien. Es obvio que aceptar un cargo, como aspirante a una elección (diputados, senadores y demás electos) o como titular de responsabilidades públicas (ministro, consejero, secretario de Estado y demás) lleva aparejada la disponibilidad para el cargo, pero también tener los conocimientos, aptitudes y capacidades necesarios para desempeñarlo. Es, pues, responsable de lo que haga en su cometido quien acepte ir en una lista o acepte un cargo sabiendo su ineptitud.

En la práctica, las listas las hacen los partidos políticos con responsables difíciles de precisar. No ocurre lo mismo en el nombramiento de cargos ‘por designación’. Pero, entendiendo como supremo el bien del pueblo que ya expresara Cicerón (Salux Populi Suprema lex), todo debe supeditarse al interés del pueblo. Por ello, exigencia popular máxima a los partidos políticos, a quienes los gestionen, y a los que designen puestos con responsabilidades públicas. Pero eso no empece (Salux Populi Suprema lex) que los políticos no aprobados (con nota ciudadana inferior a 7 puntos) no deban compensar a la sociedad por los errores cometidos a sabiendas de su incapacidad ¿Con bienes y propiedades? Como sugerencia: El Estado, con sus poderes (Legislativo y Judicial) tiene capacidad para definir cómo hacerlo.

Al ciscar políticos, con las compensaciones apuntadas, aparecerá un beneficio no menor: el desalojo en la esfera pólitica de los aparatich nacidos en los aparatos de los partidos políticos, que se nutren de las ubres del Estado, y que inútiles, incapaces o incompetentes, desaparecerán de las esferas de poder ante la posibilidad de enfrentar responsabilidades frente al pueblo.

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