Ahora las corporaciones

Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.
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En el proceso acelerado de globalización social, política y económica iniciado por la potencia dominante durante décadas, se implementaron unos modelos corporativos financieros y comerciales que han oligarquizado las economías del planeta, imponiendo con ellos una sumisión cuasi totalitaria a sus poderes polifacéticos en los sectores más importantes de desarrollo industrial y tecnológico.

Tales modelos se basan inicialmente en la acumulación y monopolio de sectores y servicios básicos para la población, desde la energía a la alimentación, desde las comunicaciones a la banca, formando unas enormes burbujas que aún perviven gracias a su mantenimiento artificial desde la opacidad de sus actividades. Estas nuevas corporaciones, holdings o como quiera llamárselas, se han ido apropiando no sólo de materias primas y recursos naturales, sino también de los procesos de transformación industrial y distribución de los productos en el mercado.

En España, después de los procesos de desindustrialización y abandono de las economías productivas reales con la privatización de los buques insignia creados por el INI y la incorporación a la UE, existen grandes corporaciones que, unas al amparo de los presupuestos públicos, como gran parte del IBEX 35 y otras por méritos de sus creadores, han producido unas oligarquías financieras y comerciales basadas en la falta de competencia real, en el reparto del negocio y en sus relaciones con el poder político, cuyos privilegios y falta de transparencia son evidentes.

El modelo societario se basa sobre un gran número de accionistas con poco o nulo poder de decisión, frente a los accionistas principales o los directivos que conforman el entramado de la cúspide piramidal y marcan la política de la entidad o la corporación. Su escaso número y la similitud de las estrategias mercantiles o comerciales hacen posible los acuerdos de reparto de negocio y de imposición a los consumidores de sus propias reglas en sistemas de contratos de adhesión, llenos de cláusulas abusivas para el cliente que cae en sus redes. Luz, gas, telefonía, comunicación…. fueron en su momento considerados servicios públicos y así tratados por los gobiernos correspondientes hasta que se procedió a traspasarlos a entidades privadas que los monopolizan.

Sus responsables adoptaron la fórmula de la opacidad y la confusión en sus estructuras organizativas, en su gestión de negocio y en la identidad de sus dirigentes, además de la creación de redes deslocalizadas cuya responsabilidad, competencias y atribuciones escapa a cualquier tipo de control o de mero conocimiento mercantil. Son los hombres de negro de los negocios con retribuciones elefantiásicas y responsabilidad diluida en sus fallos de gestión. Son esas personas que viajan en vehículos blindados de alta gama y se consideran por encima del común de los mortales gracias a sus relaciones y poder.

Ahora que empieza a plantearse la transparencia de las instituciones públicas, no vendría de más dar una vuelta de tuerca en el mismo sentido a todas estas corporaciones -fruto de la globalización-, desde la fuerza de la política, para obligarlas a unas reglas de juego que prevengan y eviten abusos, quiebras fraudulentas, actuaciones opacas y responsabilidades diluidas. Sobre todo en aquéllos casos que dependen de los presupuestos públicos en su mayor volumen de negocio y, por tanto, dependen de las aportaciones de los ciudadanos o que tienen la responsabilidad de servicios generales.

Los nuevos tiempos reclaman más austeridad general y mayor conocimiento de los entresijos económico-administrativos de quienes se han erigido de motu propio en los dueños de servicios esenciales para la comunidad. Servicios que podrían volver a recuperarse desde el Estado en cualquier momento ante cualquier intento de rebelión con la posibilidad de revertir sus beneficios en las arcas públicas en lugar de bolsillos privados incompetentes.

El sistema de monopolios y oligopolios, por muy encubiertos que parezcan, son inaceptables constitucionalmente y constituyen un lastre para las actividades económicas legítimas del resto de los ciudadanos, al mismo tiempo que son un agravio comparativo en sus privilegios injustificados la mayoría de las veces. Transparencia pues para todos u opacidad también para todos.

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