Los indultos del sátrapa

Nicolás Maduro
Pedro González
Periodista, experto en Política Internacional. Fue director de Redacción de Euronews y fundador del Canal 24 Horas de TVE.

El presidente de hecho de Venezuela, Nicolás Maduro, ha concedido el indulto a 26 diputados de la Asamblea Nacional (AN), perseguidos, muchos de ellos exiliados y condenados en varios casos por los tribunales bolivarianos, es decir por jueces designados e instruidos directamente por Maduro. El sátrapa (persona que gobierna despótica y arbitrariamente y que hace ostentación de su poder) dice haber concedido su gracia en aras de la concordia nacional y para facilitar las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre. 

El otro presidente del país, el de la AN, Juan Guaidó, y como tal encargado por la mayoría de los diputados de la Presidencia de la nación, califica la maniobra de grosera utilización de rehenes, siguiendo el modelo de puertas giratorias cubano: excarcelar a unos cuantos presos políticos para encarcelar a los mismos o a otros en cuanto se produzca la más mínima protesta que desagrade al régimen.  Este, tanto por boca del propio Maduro como por la de su ministro de Defensa y hombre fuerte del mismo, Vladimir Padrino, no se ha cansado de repetir que la oposición nunca gobernará Venezuela. Para Juan Guaidó y Leopoldo López, este refugiado en la Embajada de España, sobran, pues, los motivos para no concurrir a unas elecciones que juzgan de antemano trucadas y fraudulentas. 

De las advertencias de Maduro y Padrino parecen haber tomado buena nota una parte al menos de la sesentena de países que reconocieron a Guaidó como presidente legítimo. Algunos vecinos latinoamericanos llegaron a considerar incluso la activación del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), o sea una intervención militar, pero hoy, al igual que la diplomacia de la Unión Europea, se inclinan más por preconizar un diálogo entre Gobierno bolivariano y oposición, aunque sepan que eso conduce a la prolongación indefinida del régimen. La persecución policial y judicial de diputados y posibles candidatos no adictos, además de la ilegalización de sus fuerzas políticas, parecen convencer por lo tanto a buena parte de la comunidad internacional de que el régimen chavista es por ahora inamovible. 

Conforme a la definición que diera el pensador italiano Norberto Bobbio, asumida plenamente por políticos como Felipe González, Venezuela ni siquiera es ya una dictadura; es una tiranía: régimen de poder absoluto del que el tirano hace un uso excesivo. Su base es la sumisión completa del pueblo, no al Estado sino al Gobierno, la doctrina sobre el deber, el partido antes que la Constitución, el predominio de los planteamientos emocionales sobre los racionales, el uso del populismo al establecer medidas políticas que no buscan el bienestar o el progreso del país, sino que tratan de conseguir la aceptación de los votantes sin importar las consecuencias.  En busca desesperada de una legitimación democrática

Pero, pese a todo, y acuciado por la drástica escalada de sanciones por parte de Estados Unidos, Nicolás Maduro intenta revestir de alguna apariencia democrática a los próximos comicios, intentando con estas y otras maniobras fracturar a la oposición. Algo ya está consiguiendo porque el liderazgo de Juan Guaidó ya está cuestionado, tanto por los que asumen que no queda otro remedio que pactar, caso del excandidato presidencial Henrique Capriles, como de quienes acusan de equivocada y blanda la estrategia de preconizar un gobierno de emergencia nacional de Guaidó y Leopoldo López, caso de la exdiputada y líder del partido Vente Venezuela, María Corina Machado.

A Capriles el régimen ya le ha otorgado una primera baza, al reconocer que sus gestiones lograron trocar la cárcel por el arresto domiciliario del diputado Juan Requesens, a quién Maduro ha mantenido en las siniestras mazmorras del Helicoide durante más de dos años, por supuesto sin juicio señalado. En cuanto a María Corina Machado, la combativa exdiputada estima que Guaidó ha desaprovechado la oportunidad de construir un marco legal que facilitara la intervención militar internacional, la única manera, según su parecer, de lograr la evicción del “usurpador” Nicolás Maduro. 

La requisitoria lanzada por Machado denuncia que tanto algunos opositores como sus respectivos partidos se hayan dejado infiltrar e incluso comprar por el régimen. Alude con ello a algunos casos de soborno y corrupción que han enturbiado la imagen de una oposición sólida al régimen bolivariano. Esos casos, como es obvio, serán aprovechados por la maquinaria propagandística chavista para quebrar la confianza del electorado que en los anteriores comicios infringieron una abultada derrota al régimen, que este boicoteó por todo tipo de medios y argucias, legales e ilegales.       

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