¿Justicia o gobierno?

¿Justicia o gobierno?
Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

“Cuando el pasado ya no ilumina el futuro, el espíritu camina en la oscuridad”.

Alexis de Tocqueville

En un sistema democrático ambos poderes emanados de la soberanía nacional según establece el artº 2º.2 de la C.E. tienen igual sentido y, junto al legislativo, componen los pilares que equilibran el edificio constitucional. Para ello deben darse las circunstancias siguientes:

  1. El legislativo, como representante directo de la soberanía nacional, establece las normas de convivencia acordadas en sede parlamentaria; para ello es preciso que la representación política de los ciudadanos sea directa y contenga la posibilidad de revocación de mandato.
  2. El ejecutivo o gobierno delegado recibe del legislativo el encargo de administrar o gobernar con arreglo a las leyes aprobadas por el Parlamento; en consecuencia debe ser sometido a un examen previo que establezca su capacidad, experiencia y preparación para la tarea encomendada, estando sometido constantemente a control parlamentario.
  3. El judicial administra la Justicia de acuerdo con las leyes y aplica principios jurídicos objetivos y neutrales a sus resoluciones de obligado respeto para todos.

Ahora bien ¿qué pasa cuando uno de estos poderes intenta someter a los otros a su conveniencia? Que el equilibrio institucional del Estado se pierde y la inseguridad jurídica, política y social acaba con la democracia.

A principios del pasado siglo, el historiador y filósofo alemán Oswald Spengler en su obra La decadencia de Occidente, predijo que, hacia el año 2000, la civilización occidental que ya se encontraba en estado de degeneración, entraría en un estado de pre extinción, lo que propiciaría la aparición del “cesarismo” (omnipotencia extraconstitucional y por tanto antidemocrática) del poder ejecutivo. Mucho más tarde se confirmaba en España la “muerte de Montesquieu” durante el gobierno del primer PSOE y su manipulación política y administrativa del Estado que perdía los controles internos o los llevaba a la práctica ineficacia.

En el siglo anterior Alexis de Tocqueville, que fomentó el amor a la libertad y la resistencia a cualquier despotismo, alertaba sobre la tiranía del “despotismo democrático” que suponía la imposición de las mayorías sobre las minorías, así como de la nueva esclavitud que significaba el socialismo. La democracia no es sólo la aceptación de lo mayoritario, es también la convivencia conjunta del pluralismo social y la protección de las minorías.

En estos días estamos ante el pulso que, desde una institución del Estado, se hace a las demás. Especialmente al sistema judicial y a la Jefatura del Estado, ya que el Parlamento está ocupado por una mayoría un tanto ficticia, sujeta a concesiones del Estado a través del gobierno. El gobierno utiliza al Estado para asegurarse apoyos. No es necesario citar los muchos casos en que estos pulsos se demuestran. El último sería otro Decreto/ley donde se neutraliza la sentencia del TSJM contraria a las imposiciones del gobierno a a Comunidad de Madrid, por vía de simple resolución administrativa. Los músculos se tensan y el pulso institucional empieza a ser “a cara de perro” ante el desconcierto de los ciudadanos, de la soberanía nacional que espera que la Jefatura del Estado intervenga para “arbitrar y moderar el funcionamiento regular (sometido a regla) de las instituciones”. No se puede hacer política partidaria a expensas de la crisis sanitaria y sus consecuencias, porque es miserable y ruin.

Pero resulta que los principales órganos judiciales han sido capturados por esa política partidaria de un ejecutivo nada escrupuloso en sus formas y en sus intenciones. Un ejecutivo “cesarista” donde predomina el mantenimiento del poder (aunque éste le resulte excesivamente complejo) y donde se da la circunstancia de que hay que aceptar lo que se imponga “si se quiere salir en la foto” (según Alfonso Guerra). Es decir, hay un poder despótico enmascarado de carácter unipersonal que ha decidido rebelarse contra la Justicia y contra el estado de Derecho a través de su audacia, de su ambición desmedida y quizás sirviendo de marioneta a otros poderes externos.

Hoy, los agentes de policía eran consultados por unos ciudadanos que ayer conocían una resolución judicial que impedía la coerción administrativa y chapucera del gobierno y hoy se encuentran con que, lejos de respetarse la sentencia judicial, se la combate con otro decreto/ley (que debiera ser excepcional) para imponer su voluntad sobre las competencias de la Comunidad de Madrid. La pregunta es: ¿justicia o gobierno? ¿a quien deben ellos obedecer? Los agentes confesaban desconocer las medidas tanto como los propios ciudadanos y, desde luego, conocen los límites a la obediencia de las órdenes recibidas cuando se conculque la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que deben proteger. Incluso de los malos políticos.

Hoy de nuevo el estado de Derecho queda en manos del ejecutivo que Spengler pronosticaba precisamente para el cambio de siglo. No sólo murió Montesquieu, la democracia está afectada por el virus del despotismo democrático vaticinado por Tocqueville. La democracia es ya esa rosa marchita, colonizada por quienes tenían la obligación de protegerla.

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