Inseguridad jurídica en tiempos de virus

Inseguridad jurídica en tiempos de virus
Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.

Parece mentira que, a estas alturas, haya que volver a este tema ya recurrente en nuestro ordenamiento jurídico, para recordar que un Estado de Derecho no es tal, en tanto en cuanto la legislación o la normativa administrativa que lo rige esté formada por textos farragosos, contradictorios, caóticos e incluso mal redactados, que suponen la interpretación arbitraria y personal de quien los debe aplicar, frente a la interpretación que también cada ciudadano, pueda hacer de los mismos. Ejemplos hay a montones. 

Todo ello se agrava, si los ciudadanos y quienes deben interpretar o aplicar las normas, se encuentran con un exceso de ellas, procedentes de cada una de las AA.PP. que conforman el vasto entramado burocrático y formalista de los estados actuales. En España (y en la UE) las directivas europeas de obligado cumplimiento suponen un trabajo añadido: la transposición de las mismas al ordenamiento nacional (al igual que ocurre con acuerdos internacionales o transnacionales), incluyendo en esa obligatoriedad la normativa procedente de los diecisiete sistemas autonómicos regionales y sus asambleas legislativas o las del régimen local (provincial o municipal). Un verdadero caos legislativo que, a su vez, constituye un atentado directo al Estado de Derecho y su sentido de facilitar la convivencia ciudadana y las relaciones con las instituciones. 

En este caos jurídico no podía faltar la inexistencia de jerarquía normativa que, desde la Constitución, debería ir ajustándose a la misma en lugar de modificarla “de facto” en muchas ocasiones. Los Estatutos de Autonomía de las diferentes regiones españolas lo han hecho porque se les ha otorgado el rango cuasi constitucional de estados independientes y, como consecuencia, su normativa regional también se ha apartado del texto constitucional o ha ignorado las directivas europeas a conveniencia de cada cual. Algo parecido sucede en el ámbito local donde se interpretan o simplemente se sustituyen las normas superiores por meras ordenanzas municipales. A todo ello no son ajenos los conflictos de competencias institucionales solapados, replicados y normativizados como a cada administración le parece oportuno.

En medio de todo ello, los agentes institucionales encargados de la aplicación de las normas (desde la policía y fuerzas de seguridad del Estado a los propios tribunales de Justicia pasando por la Fiscalía del Estado), deben asumir la responsabilidad de interpretar de forma individual todo este caos legislativo, lo que lleva en muchos casos a la arbitrariedad de actuaciones basándose en su propio criterio. 

Si a todo esto unimos la existencia de disensiones internas en los gobiernos,  la lucha de protagonismos o de intereses contrapuestos o a la clara intención de favorecer con parcialidad y discriminación partidaria o ideológica a unos (los suyos) en detrimento de los demás, donde cada voz es replicada y corregida de inmediato por el compañero de la supuesta “acción colegiada”, donde lo escrito en la norma es corregido verbalmente en cualquier comparecencia mediática (recordemos los rifirrafes recientes  con insultos incluidos o los desencuentros, cada vez más frecuentes, entre los aliados gubernamentales), tenemos la tormenta perfecta para sacudir el Estado de Derecho hasta sus cimientos y, como consecuencia, cualquier atisbo de seguridad jurídica que permita el ejercicio de las libertades básicas de los ciudadanos para orientar y desarrollar su legítimo proyecto vital, profesional o empresarial. 

La inseguridad jurídica a que aludimos ha ido acompañada a su vez de una total inseguridad sanitaria con respecto a la pandemia del llamado “Covid 19” (esa manía postmoderna de dar nombres a los fenómenos de la Naturaleza en una pretendida preocupación por ella), que ha venido a sumar a la tormenta perfecta un huracán que se ha llevado por delante muchos (demasiados) miles de muertos debido, como vamos reconociendo, en gran parte a la caótica situación administrativa y jurídica existente en España. Un gobierno central sin atribuciones ni competencias (desde el punto de vista constitucional) en materia de Salud, pero con capacidad de actuar sobre las CC.AA. desde el punto de vista de seguridad y presupuestario, que había hecho caso omiso de las muchas advertencias de pandemia que le fueron transmitidas (o que tenía la responsabilidad de conocer), más preocupado por su mantenimiento en el poder  y en su imagen mediática o electoral, es responsable final por acción u omisión de las desastrosas consecuencias del virus en España. 

Ante esta situación, el gobierno ha dejado ver la desnudez de su preparación para poder afrontar crisis de cierta envergadura, legislando sin parar y contradiciéndose en sus propias medidas, más atento a los “twits” y al blanqueo de su deficiente gestión en las redes sociales, vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto a sus libertades básicas, al amparo del estado de alarma y aplicando -como se dice coloquialmente- la “brocha gorda” en lo legislado, sin darse cuenta de la introducción de elementos discriminatorios en una sociedad compleja, aturdida por el exceso de mensajes retóricos y de discursos banales en los que no se le han aclarado ni dado razones para adoptar todas y cada una de las medidas. Así nos encontramos con que el problema está en los contactos físicos o cercanos de las personas, ignorando que gran parte de la población se ha visto obligada a recluirse en espacios domésticos reducidos donde es prácticamente imposible impedir el distanciamiento requerido por el hacinamiento existente en muchos casos, que influirá lógicamente en las condiciones higiénicas de habitabilidad. O han dado prioridad a pasear “mascotas” en lugar de dejar que lo hagan personas (sobre todo niños o ancianos a los que se aconseja pasear) en espacios libres con el control correspondiente, dando preferencia a la inmovilidad física y psíquica obligada desde un sistema de sanciones arbitrarias, basadas en tener bajo sospecha a toda la población. Algo a lo que se ha prestado la teórica oposición parlamentaria (con alguna excepción) sin exigir razones previas al apoyo de lo legislado. 

Finalmente sorprende el estruendoso silencio del mundo académico, de los colegios profesionales, de los propios cuerpos del Estado (que no del gobierno)  y de las instituciones supervisoras o jurisdiccionales (desde la jefatura del Estado a los propios tribunales de Justicia), ante el crecimiento imparable de la inseguridad jurídica y la peligrosa deriva hacia un sistema ajeno por completo a los valores y el espíritu constitucionales, a la democracia real (le sonará al Sr. Iglesias) y a la alienación social en la uniformidad, a través de lo que consideran “control de la verdad”, que nadie sabe cómo ha sido contratado pero no es más que un sistema de control del pluralismo político, mediático y social. Un pensamiento único que tiene antecedentes históricos.

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