Cúmulo de despropósitos

Juan Laguna
Promotor y fundador de Tiempo Liberal con actividad política desde la Transición. Funcionario jubilado. Empresario. Productor y dramaturgo. Conservador de Bienes Culturales.
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La sentencia del Tribunal Constitucional Español sobre las medidas de suspensión de derechos fundamentales basados en el estado de alarma decretado por el gobierno, deja al descubierto las vergüenzas de un estado de Derecho asentado sobre un ordenamiento manifiestamente mejorable, empezando por la propia Constitución. 

La primera de tales vergüenzas está en el tiempo transcurrido desde la formulación de la demanda por parte de “Vox”, hasta su resolución cuando ya ha desaparecido el mismo. Los derechos fundamentales de las personas no pueden permanecer conculcados en virtud de la agenda jurisdiccional, salvo que existan razones que se nos ocultan y que empiezan a desvelarse en los medios de comunicación que todavía tratan de ser independientes del poder. 

En primer lugar, presuntamente el propio presidente del gobierno intervino ante el presidente del Tribunal Constitucional Sr. González Rivas, para retrasar la sentencia y la Sra. Calvo vicepresidenta primera del ejecutivo, hacía lo mismo con la vicepresidenta del mismo tribunal Sra. Roca Trías. La enorme gravedad de tales hechos, nos recuerdan sistemas políticos totalitarios (que están en la mente de todos), donde el poder se instala de forma absoluta alrededor del supuesto líder. 

Como es lógico, se esperan las reacciones inmediatas de esa UE que se permite discriminar (con ello pierde legitimidad) aleatoriamente sus acciones y sanciones según con qué países, así como la condena de aquellos países erigidos como guardianes de las esencias democráticas y de los medios de comunicación que les sirven de correas de transmisión. En España se está a la espera de la reacción del Jefe del Estado (artº 56.1 de la C.E.), que quedaría concernido al haber sancionado con su firma los decretos correspondientes, así como la reacción del Ministerio Fiscal (artº 124.1 de la C.E.) a los efectos previstos en el artº 102.1 de la C.E. 

De momento lo único que se conoce son las reacciones del propio gobierno, cuya ministra de Defensa, parece haber tachado de “elucubraciones doctrinales” y “poco sentido de Estado” dicha sentencia del Constitucional, algo que desde el punto de vista de opinión personal es perfectamente respetable, pero que no puede admitirse si son la postura oficial del gobierno. Lo publicado por los medios de comunicación afectos al gobierno resulta anecdótico y sólo revelan el sumidero por donde se fueron hace tiempo las esencias de la prensa libre.  

De todo ello resultan cuestiones jurídicas interesantes, como quien va a responder de los daños morales, psicológicos, económicos y sanitarios que puedan derivarse de las medidas declaradas inconstitucionales ahora (a estas alturas) por el Tribunal Constitucional. Nos referimos a esos daños que se contemplan en el artº 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981 reguladora -en este caso- del estado de alarma: “Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados, sufran de forma directa o en su persona derechos o bienes daños y perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”, lo que enlazaría con el artº 106.2 de la C.E. : Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, (como los fundamentales) salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. 

Por su parte, la Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 36 (exigencia de responsabilidad patrimonial) y 37 (exigencia de responsabilidad penal) regula la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las AA.PP. en los perjuicios causados al Estado por sus actos contrarios a la Constitución (que deberían haber sido nulos de inicio o haber sido objeto de medidas cautelares desde el propio TC). Nos encontramos de nuevo con el sustento legal contrario a los indultos de los líderes independentistas de Cataluña en el cúmulo de despropósitos jurídicos y políticos a que nos referíamos. 

Porque, además, en todo ello hay unas responsabilidades políticas que la representación de la soberanía nacional debería dilucidar de inmediato, ya que también fue objeto de cierre y suspensión de sus actividades específicas de control gubernamental, si no fuera por el vicio (inconstitucional también) del sistema electoral proporcional, que discrimina el valor del voto personal según circunscripción, el mandato imperativo de los partidos sobre los diputados de sus listas (prohibido también en la Constitución) y el consiguiente control de los gobiernos sobre el poder legislativo. 

Las consecuencias lógicas de todo ello en un estado como el que se establece en el artº 1 de la C.E., sería la pérdida de confianza institucional desde la soberanía nacional, que sólo se sustancia con la convocatoria inmediata de elecciones generales que tengan como propósito restañar los daños institucionales, recuperar el sentido y la unidad del estado, establecer un nuevo sistema electoral de representación política con igualdad del valor de voto en la circunscripción nacional, eliminar las listas cerradas partidarias y abrirlas a la representación directa de los electores, con revocación de mandato, separar de forma eficiente los poderes “emanados de la soberanía nacional” eliminando la ideología institucional en sus funciones y restableciendo las mismas sin equívocos. 

Pero… no nos hagamos ilusiones democráticas. El poder se ha venido estableciendo en función de los intereses de poderes particulares que dominan la escena mundial y someten a las instituciones nacionales e internacionales a través de sus presiones económicas (deuda e inversiones), de sus presiones acientíficas (salud, clima, contaminación), de sus presiones sociales (medios de comunicación apesebrados) y de sus presiones culturales (deconstrucción cultural). Todos parecen comer de las mismas manos y por eso no existe una oposición política real en los estados democráticos, en esa lucha absurda por ser “progres” y así justificar los desmanes de la supuesta “progresía”.

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