Nuevo año, nueva temporada de impuestos

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Fernando Martín Corroto
Abogado del despacho Martín Corroto y Asociados. C/ Santa Engracia nº 64, 5ª planta. Madrid 28010 Teléfono: 91 593 89 49 Fax: 91 593 89 55 Email: martincorroto@martincorroto.com Web: www.martincorroto.com

Llega 2015 y, con él, una nueva temporada de impuestos. Este año, los emprendedores españoles se enfrentan a nuevos modelos de impuestos y retenciones, sobre todo los que trabajan en internet, con lo que conviene recordar las novedades que se avecinan para que nadie se equivoque.

1.- El IRPF baja al 19%. Si en 2014 te han venido reteniendo un 21% en todas tus facturas, recuerda que a partir del 1 de enero la retención baja dos puntos, hasta el 19%. En caso de que tu facturación sea inferior a 12.000 euros anuales, tu retención será la misma que la de 2014: un 15%.

2.- Adiós a la rebaja por nuevos empleados. En el último Consejo de Ministros, el Gobierno acordó prorrogar otros tres meses la tarifa plana de 100 euros por la contratación de un trabajador indefinido. Sin embargo, la última reforma fiscal ha acabado con la deducción del 20% de los rendimientos netos por cada nuevo empleado. De esta medida, que entró en vigor en 2009, podían beneficiarse los autónomos y empresas que facturaran menos de cinco millones de euros anuales y tuvieran menos de 25 empleados.

3.- Nuevo IVA digital. Desde este 1 de enero, las ventas de servicios hechas a través de internet se regirán por una nueva ley de IVA. A partir de este año, cada vez que una empresa española venda un producto o servicio digital, el IVA a aplicar no será el 21% de España, sino el que exista en el país en el que resida el comprador del bien o servicio.

Si tienes un portal de comercio electrónico y le vendes algo a un alemán, el precio del producto tendrá que tener el IVA de Alemania; y si le vendes a un francés, el IVA de Francia.

4.- Exit tax. O impuesto de salida es una medida incluida en la última reforma fiscal y que puede ocasionar algún que otro quebradero de cabeza, ya que afecta a todas aquellas personas que tengan acciones de una empresa por valor de cuatro millones de euros o sean dueñas del 25% de una compañía con un valor de más de un millón de euros. Con la nueva reforma fiscal, si estas personas cambian de residencia y se marchan de España, tendrán que incluir esas acciones dentro de su declaración de ingresos, aunque las acciones no hayan sido vendidas y, por tanto, no hayan dado un solo euro a su poseedor.

El pasado 24 de diciembre entró en vigor la la reforma de la Ley de Sociedades de Capital que comenzó a aplicarse el 1 de enero, que endurece la responsabilidad tributaria del consejo de administración de las empresas. La norma concibe el “riesgo fiscal” como un elemento dentro del gobierno corporativo. Establece que los consejos de administración que aprueben operaciones con riesgo tributario deben comunicarlas a través de los informes de gobierno corporativo. De esta forma, Hacienda obligará a los ejecutivos de las grandes compañías a responsabilizarse de los riesgos tributarios frente a los accionistas. También les obliga a hacerlos públicos en el informe anual de gobierno corporativo que se difunde junto a las cuentas anuales.

La norma, obligatoria para todas las empresas que cotizan en Bolsa, supone un cambio en la asunción de la responsabilidad fiscal de las empresas porque hasta ahora los responsables de los contenciosos tributarios eran los departamentos financieros. A partir del 1 de enero se extenderá esa responsabilidad a los miembros del consejo.

La Ley de Sociedades de Capital establece que entre “las materias indelegables del consejo de administración” figura la aprobación de las operaciones o inversiones que por su elevada cuantía tengan carácter estratégico o supongan un especial riesgo fiscal, según señala el artículo 295. A partir de ahora, también es obligatorio que el consejo apruebe la creación o adquisición de participaciones en entidades domiciliadas en paraísos fiscales.

El texto de la norma también refuerza el papel de las comisiones de auditoría de las grandes compañías. Establece entre las obligaciones de estos departamentos de auditoría “el control y la supervisión de los sistemas de gestión de riesgos fiscales”.

Así mismo, la norma establece que estas comisiones que examinan las cuentas y el funcionamiento de la compañía “deberán informar con carácter previo al consejo de administración” sobre las inversiones que impliquen la creación o adquisición de participaciones de entidades en paraísos fiscales.

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Martín Corroto y Asociados

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