La comisión de expertos nombrada por el Gobierno de España por acuerdo de 5 de julio de 2013, ha presentado su informe de propuestas relacionadas con la reforma tributaria. En ella se contempla como horizonte de partida: “La reducción de la ratio de ingresos públicos sobre el PIB a causa de la crisis debida la menor peso relativo de la imposición indirecta y directa”.
Evidentemente el informe se desarrolla buscando fórmulas que permitan básicamente dos cuestiones:
a) Aumento de impuestos y por lo tanto de ingresos públicos
b) Unas fórmulas diferentes de distribución de esos impuestos y de sus cuantías
La justificación para ello se basa en que “en el año 2011 la imposición al consumo presentaba el menor peso en relación con el resto de los paises de la UE, lo que se refleja en una menor recaudación del IVA y de impuestos especiales como la imposición medioambiental y sobre la propiedad, todo ello a pesar de caracterizarse España por mantener unos tipos de los principales impuestos (IVA, IRPF y Sociedades) iguales o superiores a la media de la UE, por lo que cabe achacar este desajuste al efecto de las exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, además de la ocultación fiscal, generando todo ello unas mermas de recaudación muy elevadas y fuertes distorsiones”.
En ningún caso se achacan las distorsiones presupuestarias (el déficit) al sistema de gasto público ni a los muchos casos de corrupción conocidos y por conocer en el seno de las AA.PP. o a su estructura organizativa (no en vano el nombramiento del secretario técnico de la comisión de expertos recayó en un funcionario del cuerpo superior de inspectores de Hacienda). Sólo se hace una mención de las CC.AA. que “perturban la unidad de mercado y la unidad jurídica” para recomendar:
1.- “Cuidadosa valoración de sus facultades normativas”
2.- “Control previo sobre sus actos (se supone estatutarios y administrativos)”
3.- “Corrección de la atomización legal existente”
Reconociéndoles mayor capacidad para introducir sistemas de copago sobre sus respectivos servicios públicos, lo que en principio parece una contradicción evidente.
Las recomendaciones de los expertos se fundan en las de organismos internacionales como el FMI y la OCDE principalmente así como la UE que, en síntesis son:
1.- “Consolidación fiscal prioritaria”
2.- “Aumento de la imposición indirecta, ampliando el número de bienes y servicios sometidos al tipo general de IVA y elevando impuestos medioambientales.”
3.- “Reducción de las exenciones, deducciones y regímenes especiales.”
4.- “Aumento de la presión sobre el valor patrimonial de los bienes inmuebles y reducción de la imposición por transmisión”.
5.- “Reducción de las cotizaciones sociales”
6.- “Lucha contra la economía informal y el trabajo no declarado”.
La reforma fiscal de la comisión de expertos se propone “jugar un papel relevante en el proceso de ajuste de la economía y en la mejora del crecimiento a medio plazo con:
a) Mejora de la competitividad
b) Incremento del ahorro
c) Aumento del empleo.
Todo ello en el contexto macroeconómico en que se enmarca, con un proceso de ajuste de los desequilibrios acumulados en la fase anterior de expansión, errores en la política económica y la burbuja inmobiliaria, dado que que progreso alcanzado en su corrección se encuentra todavía lejos del final, sobre todo en el empleo, el desapalancamiento del sector privado y la consolidación fiscal, circunstancias que se mantendrán en los próximos años con una dificultad evidente de mantener los ingresos fiscales en un 37/38% sobre el PIB ya que, aunque mejore la situación, difícilmente supondrá la vuelta a los ingresos elevados impositivos ligados a la construcción”.
De todo ello se desprenden dos conclusiones claras de clara connotación lampedusiana: “Es preciso cambiar algo para que todo siga igual”:
– Mantenimiento de la actual estructura del Estado con sus sistemas de funcionamiento.
– Mantenimiento y aumento del control impositivo sobre los ciudadanos y sus actividades.
No se trata de actuar con decisión y cirugía de hierro sobre unas estructuras institucionales precisas de un nuevo sistema de gestión más acorde con los tiempos, ni tampoco se trata de establecer un modelo ideológico (ya que no existen) más allá de la ocupación del poder. Tampoco se trata de reajustarlas a las condiciones penosas de déficit público acumulado en el gasto público aunque se insinúa que “el esfuerzo de consolidación fiscal parece que se concentrará en el ámbito del gasto público”.
Por esta razón y como complemento a los expuesto por el comité de expertos, nos gustaría contribuir con otras propuestas de mayor calado político como:
1.- Reforma constitucional que contemple (entre otras cosas) la recentralización de la titularidad de los servicios y el gasto públicos y reserve la capacidad normativa al Parlamento nacional, con independencia de la descentralización de la gestión por delegación en las CC.AA. Si es preciso por medio de referéndum nacional.
2.- Reajuste y rediseño de las AA.PP., de sus funciones específicas y de lo que supone el servicio público a los ciudadanos, eliminando organismos autónomos y entidades institucionales de carácter mercantil.
3.- Reajuste normativo clarificador de la “atomización” legal actual que provoca inseguridad jurídica y, por ende, falta de confianza inversora.
4.- Recuperación del control previo e independiente (Intervención y abogacía del Estado) de los actos públicos o administrativos en todas las AA.PP., incluyendo la capacidad normativa de la Admón. Autonómico y Local.
5.- Reajuste presupuestario con mayor incidencia en el capítulo 6 de “Inversiones reales” y eliminación de los sistemas de subvenciones públicas de los capítulos 4 y 7 a todas las organizaciones y personas, dedicando tales cantidades al reforzamiento de los servicios públicos esenciales (sociales y educativos) y al pago de deuda pública.
6.- Sistema tributario proporcional, racional y justo, calculado sobre los ingresos personales reales (percibidos y comprobados) y los sociales no dedicados a recapitalizar, al empleo o a la inversión en deuda pública, servido desde la AEAT en todos los casos para los ciudadanos y entidades privadas.
7.- Incentivación de todo tipo de actividades económicas, priorizando las productivas de bienes y empleo reales (recursos e industria) sobre las de servicios, por medio de un sistema único y simple de constitución y formalización en cada ayuntamiento.
8.- Recuperación de oficios y tareas básicos en cursos de formación profesional desde el INEM para todo tipo de personas (empleados y desempleados).
9.- Eliminación de los sistemas de intermediación en cursos de formación y empleo a través de empresas privadas, sindicatos y organizaciones empresariales.
10.- Mantenimiento de los sistemas de convenio directo entre trabajadores y empresas, dejando a la conciliación y al arbitraje laboral la resolución de conflictos laborales.
